La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública estatal, trabaja en una plataforma digital para identificar y atender “puntos rojos” en escuelas de todos los niveles.
Según Alberto Martín Pérez Marrufo, titular de la SSC, este sistema facilitará el intercambio de información entre autoridades educativas y de seguridad para prevenir incidentes como el reciente homicidio de un profesor en San Pablo del Monte, un caso que, aunque aislado, ha encendido las alarmas en el gremio docente.
La estrategia también busca combatir el consumo de drogas, la violencia de género y fortalecer el entorno psicoeducativo. Sin embargo, un nuevo escándalo sacude el ámbito educativo en Tlaxcala y ahora el involucrado es el alumnado menor de edad que fue usado por una autoridad municipal que dice todo fue mal interpretado.
En Zacatelco, la presidenta de la Segunda Sección, Valeria Lorety, protagonizó un acto reprobable durante un convivio de fin de cursos en la secundaria IMA.
Invitada como madrina, Lorety ofreció 200 pesos a menores para que participaran en dinámicas inapropiadas, como un concurso de besos “de lengua”, según videos que circulan en redes sociales.
Este comportamiento, que indignó a padres y docentes, ha desatado exigencias de renuncia, intervención del DIF municipal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que se atentó contra la integridad de los estudiantes.
La funcionaria, lejos de asumir responsabilidad, alegó en una rueda de prensa ser víctima de una campaña de desprestigio y anunció una denuncia ante la Fiscalía. Ahora los enemigos son los medios simplemente por socializar un acto que probablemente le hubiera gustado mantener en un cajón.
No obstante, las evidencias en video contradicen su narrativa, mostrando un claro abuso de autoridad y una falta de ética que no puede ser ignorada. Los padre de familia, alumnos y reporteros de la región sur han sido enfáticos. No habrá silencio ante esta arbitrariedad que afecta a menores de edad.
Estos incidentes revelan un panorama alarmante en las escuelas de Tlaxcala, donde la inseguridad, la violencia y ahora la corrupción de menores por parte de figuras públicas amenazan el bienestar de los estudiantes.
Las autoridades enfrentan no solo a delincuentes, sino también a funcionarios que, escudándose en argumentos de victimización, deshonran su responsabilidad. La comunidad de Zacatelco exige justicia, y la sociedad tlaxcalteca no tolerará que estos actos queden impunes.
La plataforma de la SSC debe ir más allá de la detección de riesgos: urge una estrategia integral que restaure la confianza en las instituciones educativas y públicas. Lo que enfrentan Martín Perea Marrufo y Homero Meneses Hernández no es sencillo. Hay funcionarios que llegaron con mucha expectativa pero en poco tiempo han demostrado que su prioridad está distraída.
