Valentín Meléndez Tecuapacho, alcalde petista de San Luis Teolocholco, no solo se benefició —junto con su hermano— de concesiones de transporte público obtenidas presuntamente con documentos apócrifos, detrás de sus trámites para evitar su detención hay otras joyas que irán saliendo.
Cuando la justicia estatal se acercó a su puerta el 12 de mayo con una orden de detención administrativa, corrió a esconderse bajo las faldas de la Justicia Federal. Y le funcionó: el amparo provisional 731/2026-P le frena cualquier orden de captura o ejecución mientras se resuelve el fondo. Clásico.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sigue abriendo carpetas. El presunto delito: uso de papeles falsos para acaparar rutas. Pena probable: de 1 a 5 años de prisión.
Pero tranquilos, el señor alcalde ya tiene su escudo temporal. Y encima sale a decir que es “mala fe”, un “tema político” y que el amparo ni siquiera va por las concesiones, sino por un viejo conflicto del mercado heredado. Claro, y las policías que llegaron a su casa en distintos horarios ese día eran solo turistas despistados.
Pero lo más indignante no es solo la disputa del edil, la vergonzosa complicidad —o cobardía— de quien debería poner orden en el transporte:
Y es que justo ayer que acudí a los Diálogos Circulares me tocó la suerte de encontrar al secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin. Quien aparentemente saliendo de ahí acudiría a alguna corrida, o a vigilar su ganado.
El hermano de Linda Marina, una de las consentidas de este gobierno fue cuestionado en este ejercicio de comunicación circular, sobre este escándalo. El funcionario tuvo el descaro de responder que se trata de “problemas privados”, “asuntos privados”.
¿Privados? Permítame la analogía: si dos tipos se agarran a golpes dentro de las oficinas de la SMyT y uno termina muerto, ¿el secretario también diría “es un asunto entre privados, no nos metemos”? Porque eso es exactamente lo que está haciendo con el transporte público.
Las concesiones -más allá de que aún no exista una carpeta contra el alcalde y su hermano, lo que es indudable que sucederá- no son un negocio entre cuates. Son autorizaciones del Estado.
Implican rutas, tarifas, seguridad de usuarios, competencia leal y, sobre todo, el derecho a la movilidad de miles de tlaxcalenses que pagan boleto diario.
Cuando un alcalde usa grúas municipales y policías para favorecer a su propia ruta (“Teolocholquenses A.C.”, según denuncias que se han hecho a funcionarios de la SMyT) mientras acosa a competidores, no es un “problema privado”. Es abuso de autoridad, conflicto de interés y probable corrupción.
Ahí y en todo lo que tenga que ver con el ramo del transporte, la SMyT tiene la obligación legal de intervenir, auditar y sancionar. No de lavarse las manos con semántica barata.
Este doble estándar apesta. El mismo gobierno que presume “combate a la corrupción” y “cuarta transformación” ahora protege —con amparo y con silencio— a un edil que presuntamente falsificó documentos para quedarse con el pastel del transporte.
Mientras los usuarios viajan en unidades viejas e inseguras, los de siempre se reparten las rutas como botín político.
El amparo es provisional, sí. Pero el mensaje que manda es definitivo: en Tlaxcala, si eres alcalde del bloque correcto, puedes saltarte la ley local, refugiarte en la federal y seguir en funciones como si nada. Sin importar cual sea la irregularidad.
Y el secretario de Movilidad, en lugar de exigir transparencia y revisar todas las concesiones de Teolocholco, prefiere mirar para otro lado y clasificar el desastre como “asunto privado”.
La ciudadanía de Teolocholco y de las rutas afectadas no es tonta. Ya ve el patrón: favores, documentos chuecos, policías selectivos y autoridades estatales que se hacen las desentendidas.
Mientras el expediente 731/2026-P avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el transporte público seguirá siendo el feudo particular de alcaldes y sus familias, con la complaciente bendición de secretarios que prefieren no “meterse en problemas ajenos”?
Porque esto no es un problema privado. Es un problema público. Y muy podrido.
