Nadie sabe que sucederá en el cambio que se avecina en el Organo de Fiscalización Superior (OFS), pero la renovación será un hecho a partir del 1 de noviembre de este año.
Sabemos que la designación será política, ¿quién podría decir lo contrario?, pero al otorgar su voto de confianza los legisladores tendrán que hacerlo entendiendo que, de su dedo indice surgirá la persona que revise el actuar de los órganos fiscalizables. No es tarea secundaria.
¿Que si es importante para todos?, sí, sin duda, pues del próximo titular del OFS dependerá la sanción a las cuentas públicas de 106 entes fiscalizables. Su trabajo es mucho y debe ser puntual, sin sesgos, ni corazonadas.
Si la administración saliente ha sido eficaz y eficiente solo podrá saberse con el tiempo, pero mientras eso suceda Maldonado Textle podrá salir presumiendo la consolidación del laboratorio que se encarga de la supervisión de la obra pública. Modelo que instauró para enojo de sus detractores.
Me explico: el pasado mes de enero de este año, el OFS creó un Laboratorio de Obra Pública (LOP) para disponer de una herramienta adicional para la fiscalización de recursos públicos.
De este modo el OFS pasará a la historia por ser la primera institución en institucionalizar un Laboratorio de Obra Pública, acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.
Así Tlaxcala se convirtió en la tercera entidad de Fiscalización Superior del país con un instrumento similar por lo que, si el sistema se mantiene ratificaría la labor de Maldonado por encima de sus antecesores.
Que los alcaldes -como el de Contla- celebrarán la conclusión de su período, no tengo duda, como tampoco dudo que el mismo presidente siga SOS tendiendo desencuentros con la persona que suceda en el cargo a Maldonado Textle.
Por eso es tan importante la Reforma a la Constitución Local, impulsada por el diputado morenista Rubén Terán Águila, que propuso a la Comisión Permanente modificar el artículo 106, que establece los requisitos para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Y es que la constitución actual contempla una serie de restricciones o “candados” -para quienes aspiran al cargo- lo que alcanza al titular del ejecutivo, Senador, Procurador General de Justicia, Secretario, Contralor, Oficial Mayor, Director o Gerente de unidad estatal, Diputado federal o local, Presidente Municipal, Tesorero y hasta al Síndico
Todos los interesados en ese puesto estaban obligados a renunciar a su cargo con 24 meses de su nombramiento, por lo que los funcionarios en activo quedaban prácticamente descontados de la lista.
Con la reforma de Terán Águila el tiempo se reduciría pasando de 24 meses a uno solo, es decir, 30 días para presentar su renuncia al cargo previo a su designación.
El otro candado que limitaba la participación de algunos profesionales para aspirar al órgano fiscalizador es el establecido en la constitución local, que limita el perfil de los aspirantes, quedando reducida a los egresados del área económica administrativa.
Ya con la reforma aquellos estudiosos de las Ciencias Sociales, Jurídicas, Administrativas y afines quedan reconocidos como aspirantes legales y legítimos para buscar su participación.
Ojo, aunque la reforma podría ser absorbida por la comisión correspondiente, siendo la de fiscalización y finanzas de esta legislatura la más idónea para analizar la reforma, al interior del congreso estatal tanto la fracción morenista como de otros colores, han acordado que sea la Comisión de Puntos Constitucionales la que dictamine esta reforma. Algo se cocina.
Las tres de ley… 1- Cómo pueden, o entre quiénes podrían, elegir los diputados a la o al sucesor del OFS, es tan sencillo como observar a los aspirantes que han dado resultados en sus diversos espacios, incluso revisando los antecedentes que existen en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
2- Como ejemplo -si me lo permite- pondría el resultado final de la auditoría número 1890 con título “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados” realizada al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax).
Apenas el día 18 de julio, en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Icatlax fue declarado sin daño patrimonial, con un promedio general de 85 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente de Control Interno.
Esto ubica al Icatlax en un nivel sin precedentes en las administraciones anteriores, pues ningún titular había dado estos números positivos.
En la revisión a esta misma oficina por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), correspondiente al ejercicio fiscal 2022, se obtuvo una resolución positiva.
3- El organismo descentralizado a cargo del Contador Público y Auditor, Juan Manuel Lemus Pérez, tiene como prioridad la modernización y actualización del equipamiento de laboratorios, talleres y áreas administrativas de sus unidades de capacitación distribuidas en territorio estatal con una inversión que supera los 10 millones de pesos.
Ahí están los hechos, datos duros que, si los aderezamos con la labor y confianza que ha demostrado para con la titular del ejecutivo resultaría sumamente llamativo para los integrantes de la LXIV legislatura, falta ver qué deciden los levanta dedos locales.
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