No es solo desde el Congreso del Estado, de mayoría morenista, donde se magulla y a veces se maltrata al gobierno estatal. También lo hacen los propios funcionarios a pesar de haber sido nombrados por la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Actitudes, acciones o declaraciones contribuyen a eso.
La última en hacerlo fue la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, quien este martes, después de enumerar logros sobre el número de sentencias condenatorias obtenidas en lo que va de este año en delitos de alto impacto, minimizó la transición que esa dependencia debería tener, que ya debió haber tenido, para ser convertida en Fiscalía.
La funcionaria lo hizo en una entrevista banquetera después de ofrecer una conferencia de prensa que prácticamente se convirtió en un monólogo, pues limitó a los medios de comunicación a solo seis preguntas. No podía ser de otra manera porque con su poco acercamiento a la prensa, los medios seguramente querían entrevistarla sobre otros temas de interés público.
No fue la mejor respuesta de Carro Roldán minimizar la transición de la Procuraduría a Fiscalía, más aún cuando prácticamente todas las entidades de la República han dado ese paso. Es posible que con sus palabras defendiera su trabajo y, con ello, su alto salario percibido dentro de la administración pública, sin embargo, no debió haberlo hecho de esa forma.
No era lo mejor cuando desde finales de 2018 se concretó una reforma constitucional federal, a través de la cual se instituyó la Fiscalía General de la República y se mandató a las entidades federativas a crear esa figura.
Tlaxcala, sin embargo, ha sido omisa a ese mandamiento. Lo es desde hace dos años en que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros se encuentra en funciones y a pesar de que en el Congreso del Estado existen varias iniciativas sobre el tema. Esa es la ventaja de tener una mayoría aliada en la Cámara de Diputados y alguien que desde la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política sigue instrucciones sobre qué dictamen pasa y qué no pasa al Pleno para ser aprobado.
¿Cuál es el riesgo de que la Procuraduría General de Justicia se convierta en Fiscalía? No se ve otro que ser un órgano público autónomo, acaso porque no quiere repetir situaciones difíciles similares a las que atraviesa el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con su incómodo fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, quien hasta ahora las resoluciones judiciales han estado a su favor.
Pareciera que la Fiscalía General de Justicia deberá esperar un mejor momento para ser realidad en Tlaxcala. Y es posible que otras iniciativas encuentren un mejor eco en el Poder Legislativo a pesar de tener un menor tiempo de presentadas, como fue el caso de la reforma constitucional local para modificar los requisitos en la designación de la nueva persona titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Y puede ser el caso, también, de la iniciativa presentada por el diputado morenista Miguel Ángel Caballero Yonca para quitar candados a los requisitos para ser titular de la Secretaría de Gobierno.
Hay preferencias cuando las iniciativas no son incómodas, está más que claro. La ventaja del gobierno actual es tener mayoría legislativa que haga realidad esas preferencias.
Sin embargo, lo que con ello demuestra es lo mismo que se vivió en los tiempos del priismo y del panismo. No hay ningún cambio significativo en la forma de ejercer el poder en los tiempos de la Cuarta Transformación, acaso porque es verdad que, efectivamente, ese priismo y panismo añejos no ha dejado de gobernar.
