Como ya lo habíamos adelantado en este espacio, en el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, con el objetivo de modificar los requisitos para ocupar la Secretaría de Gobierno, el segundo cargo de mayor importancia después del de gobernadora o gobernador.
Como ha sido costumbre en la actual Legislatura local, para proponer la modificación se utiliza a un diputado que la hace de guiñol.
El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca plantea que ya no sea, necesariamente, un tlaxcalteca de nacimiento, con una residencia mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación, quien pueda ocupar la Secretaría de Gobierno.
Para ello propone eliminar la fracción I del artículo 67 de la Constitución Política, a fin de establecer “una residencia, domicilio o vecindad, de cuando tres años anteriores al día de la designación”.
El argumento que utiliza en su iniciativa es que “diversos tratadistas y constitucionalistas coinciden en afirmar que en el México del siglo XXI, los requisitos de nacimiento que implican ser originario o nativo de un lugar específico para acceder a un cargo en el ejercicio público, limita de manera injustificada y desproporcionada el derecho de otras personas a ocupar ese cargo público, vulnerando el principio de igualdad de derechos ante la ley y generando una franca situación de discriminación y una suerte de estado de excepción al construir artificialmente, desde la norma, una categoría de ciudadanos de primera y de segunda”.
Incluso, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha establecido criterios en los que afirma que el establecer el requisito de originario o nativo para ocupar un cargo público, excede el marco de regulación y la facultad configurativa de las normas estatales que así lo contemplan, al establecer como requisito legal una cualidad inherente de las personas, que no depende de ellas y a la que se le dota del carácter de orden público y cuya falta de satisfacción es involuntaria y genera una incapacidad para ocupar un cargo público”.
En el fondo, sin embargo, existe un conflicto de interés porque la persona que en realidad promueve la reforma es la principal beneficiaria. Efectivamente, la iniciativa tiene dedicatoria: Luis Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente, o “Buen Ambiente”, como le conocen al interior del gabinete cómico, mágico y musical.
No contento ni satisfecho con ser el enlace del Ejecutivo con el Congreso del Estado, Ramírez Hernández pretende erigirse como el segundo de abordo en Tlaxcala, en sustitución de Sergio González Hernández, funcionario que ha carecido de capacidad para resolver diversos conflictos políticos que le han costado imagen a su jefa y al gobierno en el que trabaja.
Su salida ya la prepara desde hace semanas con la intención de buscar un asiento en el Senado de la República, pero falta ver qué dice la gobernadora y el partido a nivel nacional.
Sigo sosteniendo lo que hace prácticamente una semana escribí en este mismo espacio: aquel que no tiene pertenencia, tampoco tendrá empacho en entregar la tierra. Es el caso del secretario de Buen Ambiente, quien desde la comodidad de su oficina utiliza el respaldo que la gobernadora le ha otorgado para buscar espacios de poder.
Cuidado, sobre aviso no hay engaño. Detrás de sus iniciativas se encuentran intereses aviesos que más temprano que tarde podrían dar dolores de cabeza a la actual administración. Así se observa porque el funcionario no actúa solo.
Cuenta con la complacencia de la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Marcela González Castillo, quien –también se ha reiterado en este espacio- no deja de manipular sus homólogos con la presunción de tener cercanía con la titular del Ejecutivo.
