El dia de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó sobre el operativo interinstitucional “Mujeres Libres de Violencia” en la carretera Vía Corta, a la altura de municipios como Chiautempan, Acuamanala, Papalotla, Apizaco y Calpulalpan.
Personal especializado entrevistó a 28 mujeres, se verificaron posibles situaciones de vulnerabilidad y, en coordinación con COEPRIST, se suspendieron nueve moteles por irregularidades sanitarias y administrativas.
En el comunicado se presume que Participaron la Guardia Nacional, Ejército, SEMAR, SSC, CEDHT y CEAVO y de esta forma la Fiscalia General de Justicia del Estado (FGJE) dice reafirmar su compromiso de prevenir y combatir la trata de personas respetando los derechos humanos.
Todas estas son acciones visibles y necesarias. Sin embargo, ante la historia profunda y dolorosa de Tlaxcala con este flagelo, resulta insuficiente. La entidad, particularmente el sur del estado con Tenancingo como epicentro emblemático, arrastra décadas de un sistema proxeneta enquistado que no se resuelve solo con retenes y clausuras temporales.
Desde finales de los años 1930 y con mayor fuerza en las décadas de 1950-1970, la migración de jóvenes tlaxcaltecas a fábricas en Puebla y la Ciudad de México plantó la semilla de lo que se convirtió en un “negocio familiar”.
Hombres que regresaban con el modelo del padrote lo replicaron en sus comunidades, aprovechando estructuras familiares, religiosas y comunitarias. Hoy, redes originarias de municipios como Tenancingo, Papalotla, San Pablo del Monte, Zacatelco y otros operan no solo localmente, sino en decenas de estados del país y en ciudades estadounidenses como Nueva York.
El reclutamiento clásico —seducción, promesas de amor o empleo, coerción emocional y, en casos, familiar— se ha transmitido generacionalmente. Organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés han documentado cientos de casos en poco más de una década, con detenciones tanto en México como en EE.UU.
A pesar de ello, persiste el subregistro oficial, la dificultad para denunciar y, en periodos recientes, una notable discrepancia entre las cifras públicas y los reportes independientes.
El operativo en la Vía Corta atiende síntomas —posibles víctimas en tránsito y establecimientos irregulares—, pero el corazón del problema late en las comunidades de origen, en las redes familiares consolidadas y en las condiciones socioeconómicas que hacen del proxenetismo una “salida” percibida como viable.
Primero, desarrollo económico real en las zonas críticas. Mientras la pobreza y la falta de oportunidades persistan, será difícil competir con los ingresos que genera la explotación. Programas productivos, empleo formal y reconversión económica deben ser prioritarios, no complementarios.
Segundo, prevención cultural profunda. Se necesita educación sistemática desde la escuela, trabajo con líderes comunitarios y religiosos, y campañas que desmonten la normalización del machismo y la visión del padrote como figura de éxito. El cambio debe ser intergeneracional: romper la herencia cultural que enseña a algunos jóvenes que vivir del trabajo de las mujeres es un destino.
Tercero, persecución penal inteligente y sostenida. Operativos son útiles, pero se requieren investigaciones proactivas de redes completas, protección efectiva a víctimas y testigos, refugios especializados (aún deficitarios) y cooperación internacional. La impunidad histórica acaba con la confianza; sentencias firmes y visibles son indispensables.
Cuarto, atención integral a víctimas y transparencia. Diagnósticos actualizados con participación de la sociedad civil, cumplimiento real del Programa Estatal contra la Trata 2022-2027 (cuyos avances han sido cuestionados por organizaciones), y cifras confiables que permitan medir resultados más allá de comunicados.
La FGJE y las instituciones involucradas tienen instrumentos legales y voluntad expresada. El desafío es pasar de la respuesta reactiva y mediática a una estrategia estructural de largo plazo que combine represión, prevención, desarrollo social y justicia restaurativa.
Tlaxcala no puede seguir cargando el estigma de ser sinónimo de trata mientras simula avances. Las mujeres y niñas de la entidad —y las que son traídas de otros lugares— merecen mucho más que retenes en la carretera: exigen un estado que ataque las raíces del problema con determinación, honestidad y recursos reales.
Es momento de que “Mujeres Libres de Violencia” no sea solo el nombre de un operativo, sino el compromiso permanente de toda la sociedad tlaxcalteca. La historia ya escribió demasiados capítulos oscuros. El siguiente debe ser de transformación y de una real.
