En los primeros cuatro meses de sus administraciones, 16 presidentes municipales de Tlaxcala han demostrado que la familia va primero, al menos en la nómina pública. Contrataron a familiares cercanos —primos, tíos, sobrinos, cuñados e incluso una nuera— para ocupar cargos que van desde secretarios y directores hasta auxiliares, choferes y ayudantes.
En total, 32 parientes fueron incorporados a los ayuntamientos, con un costo conjunto que supera el millón 261 mil 655 pesos, según los informes de las cuentas públicas 2024 entregados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Congreso estatal.
Este panorama no es solo un escándalo administrativo; es un insulto a la inteligencia colectiva de los tlaxcaltecas. Municipios como Teolocholco, con cuatro casos detectados, y Hueyotlipan, Quilehtla y Xiloxoxtla, con tres cada uno, encabezan esta lista de la vergüenza.
No se quedan atrás Tzompantepec, Mazatecochco, Nanacamilpa, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Contla de Juan Cuamatzi, Atltzayanca, Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Nopalucan y Santa Cruz Tlaxcala, donde los alcaldes han convertido el erario en un fondo familiar.
Tomemos ejemplos concretos para ilustrar el descaro: en Teolocholco, el alcalde Valentín Meléndez Tecuapacho nombró a cuatro primos en puestos que incluyen subdirector de ecología y hasta barrendero, con sueldos que oscilan entre 26 mil y más de 53 mil pesos.
En Xiloxoxtla, la alcaldesa Yazmín Jiménez Rugerio colocó a su primo como secretario del ayuntamiento, con un salario que rebasa los 124 mil pesos. Y en Tzompantepec, Marcelino Ramos Montiel instaló a su cuñado como director de contraloría, percibiendo más de 134 mil pesos. Primos y sobrinos ocupan roles clave en otros lugares, como directores de seguridad, jefes de movilidad o auxiliares en el DIF. ¿Coincidencia? Por supuesto que no.
Estos actos violan flagrantemente la fracción V del artículo 34 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que prohíbe otorgar empleos a familiares consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad.
Es nepotismo puro y duro, un abuso de poder que desvía recursos públicos hacia bolsillos privados. El OFS lo ha señalado con claridad, urgiendo transparencia y sanciones para preservar la integridad de la administración pública.
Pero esto es solo la punta del iceberg, lo visible y descarado. Detrás se esconde un entramado más siniestro: el intercambio de familiares entre presidentes o autoridades, una maniobra astuta para evadir el nepotismo directo y caer en el tráfico de influencias. Es corrupción disfrazada de astucia, un tufo que impregna los pasillos del poder local y que no es menos vulgar ni repudiable.
Hoy, este tema domina las conversaciones en las mesas familiares, las cafeterías y las sobremesas de Tlaxcala. Genera indignación, sí, pero ¿sorprende? Lamentablemente, no.
Es un patrón recurrente en un estado donde la impunidad reina. Mientras la Fiscalía del Estado mire para otro lado y los diputados negocien las cuentas públicas en beneficio personal —en lugar de fiscalizar con rigor—, esta historia será un cuento de nunca acabar.
Es momento de exigir cuentas reales, nos merecemos gobiernos que prioricen el bien común, no el linaje familiar. Que el OFS y el Congreso actúen con firmeza; que la sociedad civil presione sin tregua. Solo así romperemos el ciclo vicioso de la corrupción que nos avergüenza y empobrece, no a todos, eso está claro.
