El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez, afirmó que su partido presentó inicialmente una denuncia relacionada con el caso de Casa de Gobierno ante la autoridad electoral, pero posteriormente recurrió a la vía penal al considerar que el asunto correspondía a esa materia.

Padilla Sánchez sostuvo que ahora corresponde a las autoridades determinar, con base en las pruebas y procedimientos correspondientes, qué procede en el caso. Su exigencia, dijo, es que exista una explicación clara sobre los hechos denunciados y que las instituciones actúen conforme a sus atribuciones.

Pero el dirigente priista llevó el debate más allá de la coyuntura electoral y cuestionó la manera en que se ha planteado el desarrollo de Tlaxcala. A su juicio, uno de los principales problemas es que los proyectos estatales suelen estar vinculados a los periodos de gobierno, en lugar de formar parte de una estrategia de largo plazo que trascienda administraciones.

Como ejemplo de las demandas ciudadanas que, aseguró, recoge el PRI en territorio, mencionó las condiciones de las calles, además de problemas relacionados con seguridad, salud, educación y medio ambiente. Para Padilla, un proyecto de desarrollo debe construirse con planeación, comunicación y participación de las comunidades.

El dirigente priista también se refirió al polémico proyecto del Polo de Economía Circular para el Bienestar, cuya realización fue descartada por el Gobierno estatal tras una nueva valoración técnica. Padilla consideró que cualquier proyecto de desarrollo debe contemplar desde el principio el diálogo con las comunidades, acuerdos claros y una ruta de trabajo conocida por la población.

En materia educativa, cuestionó los resultados que México ha obtenido en evaluaciones internacionales como PISA, particularmente en matemáticas y comprensión lectora, y sostuvo que el desarrollo estatal también depende de fortalecer la ciencia, la tecnología y la formación de nuevas generaciones.

Sin embargo, el mensaje político más directo apareció al abordar el proceso electoral de 2027. Padilla hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a evitar cualquier condicionamiento del voto y pidió que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera libre, directa y democrática.

“Somos tlaxcaltecas y nos vamos a quedar acá”, planteó el dirigente priista al pedir a las autoridades generar condiciones de tranquilidad política y evitar amenazas o condicionamientos relacionados con programas o servicios públicos.

El PRI pretende así colocarse como una fuerza opositora que no solamente dispute candidaturas, sino que construya una agenda propia sobre desarrollo, servicios públicos, seguridad, educación y libertades democráticas. La apuesta será convertir esas demandas en discurso electoral y, posteriormente, en propuestas de gobierno.

A meses de que 2027 comience a dominar formalmente la agenda política estatal, el mensaje de Enrique Padilla marca una ruta: oposición, reconstrucción territorial y vigilancia del ejercicio del poder. La disputa por Tlaxcala empieza también en el terreno del discurso, y el PRI busca recuperar ahí un espacio que durante años perdió.

El cargo PRI exige cuentas por Casa de Gobierno y reclama un nuevo rumbo para Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ana Lilia Rivera ha extendido la mano a los distintos grupos y aspirantes. Ha llamado a la unidad, ha convocado a sumar esfuerzos y ha dejado claro que las puertas están abiertas para quienes quieran incorporarse al proyecto. Incluso ha llamado a quienes participaron en la contienda interna a caminar juntos, entendiendo que el objetivo no puede reducirse a una aspiración personal.

Y ahí aparece la verdadera dimensión de su liderazgo.

Porque ganar una definición política no solamente implica obtener una posición; también implica tener la capacidad de convertir una victoria interna en una convocatoria amplia. Ana Lilia está haciendo su parte al buscar diálogo, unidad y construcción política. La pregunta es qué harán quienes todavía no terminan de reconocer el resultado.

Es comprensible que algunos aspirantes tengan aspiraciones, inconformidades o incluso reservas. Lo que resulta difícil de justificar políticamente es que los intereses personales terminen colocándose por encima de una decisión que ya fue tomada por el pueblo. Porque si la democracia solamente se acepta cuando el resultado favorece a determinado grupo, entonces no estamos hablando de democracia: estamos hablando de conveniencia.

Y aquí aparece una paradoja que Morena Tlaxcala debería revisar con seriedad: mientras la nueva coordinadora llama a la unidad y ofrece puentes de comunicación, algunos sectores parecen empeñados en conservar trincheras. Mientras una parte busca sumar, otra parece seguir calculando qué puede obtener.

La torpeza política sería no entender que el momento exige otra actitud. La Cuarta Transformación no puede construirse desde pequeñas parcelas de poder, ni desde grupos que consideran que el proyecto político les pertenece. Mucho menos desde la resistencia silenciosa a reconocer que el pueblo ya decidió.

Porque si los propios actores políticos no son capaces de resolver sus diferencias con madurez, existe el riesgo de que tenga que intervenir la dirigencia nacional para poner orden en Tlaxcala. Y entonces la pregunta será inevitable: ¿para qué esperar una intervención de arriba si todavía existe la posibilidad de construir un acuerdo desde abajo?

Ana Lilia Rivera ha hecho un llamado público a la unidad. Ha dicho que todos caben y que el proyecto requiere sumar, no dividir. Ahora corresponde a los demás demostrar si están a la altura de las circunstancias.

Por el bien de Tlaxcala, por el bien de Morena y por respeto a la participación democrática, lo más responsable sería reconocer el resultado, dejar atrás los intereses personales y asumir que el liderazgo no se construye bloqueando al adversario, sino convocándolo a caminar juntos.

Porque al final, la política también revela quién entiende el momento histórico y quién sigue atrapado en su propia ambición.

Ana Lilia ya tendió la mano. El dilema ahora es sencillo: ¿los demás la tomarán para construir unidad o preferirán aferrarse a sus intereses personales hasta provocar que desde la dirigencia nacional tengan que venir a poner orden?

Tlaxcala merece algo mejor que una disputa de grupos. Merece madurez política, respeto a los resultados y capacidad para construir acuerdos.

La puerta está abierta. Ahora habrá que ver quién decide entrar y quién prefiere quedarse afuera, defendiendo una derrota como si todavía pudiera convertirse en victoria.

El cargo Ana Lilia tiende puentes; ¿quién insiste en levantar muros? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En plena antesala de lo que será un escenario político cada vez más intenso rumbo a 2027, el encargado de la política interna del estado colocó sobre la mesa una idea que no debería pasar inadvertida: Tlaxcala puede cambiar de gobiernos, de actores y de colores políticos, pero no debería empezar de cero cada vez que cambia el poder.

El planteamiento parece sencillo, pero políticamente tiene fondo. Las obras, los servicios, la infraestructura, los avances en seguridad, educación, salud y bienestar —dijo— no pertenecen a una administración en particular. Pertenecen a Tlaxcala.

Y ahí está el verdadero debate.

Porque en política suele existir la tentación de presentar cada sexenio como un nuevo comienzo, de descalificar lo anterior para justificar lo propio y de convertir la administración pública en una disputa permanente por la autoría de los resultados.

Ramírez Hernández propone otra lógica: lo construido con recursos públicos debe permanecer como patrimonio de los ciudadanos, independientemente de quién gobierne.

Eso implica algo más difícil que inaugurar una obra: aceptar que quien venga después también tendrá la responsabilidad de conservarla, mejorarla y llevarla más lejos.

Pero el mensaje también tiene una segunda dimensión, política.

El secretario anticipó que los próximos meses traerán mayor intensidad a la conversación pública: proyectos, críticas, opiniones y propuestas diferentes. Y estableció una premisa que adquiere especial relevancia conforme se acerca el proceso electoral: las diferencias no deben convertirse en rupturas.

No se trata de pedir una oposición silenciosa ni una sociedad políticamente uniforme. Al contrario. Una democracia necesita contraste, crítica, competencia y alternativas.

El punto está en los límites.

Se puede competir sin destruir. Se puede criticar sin descalificar las instituciones. Se puede defender un proyecto sin convertir al adversario en enemigo.

La referencia histórica a la Independencia no fue gratuita. México no construyó su destino mediante una sola voluntad ni siguiendo una línea recta. Hubo diferencias, confrontaciones, derrotas y cambios de liderazgo. La consumación de 1821 también implicó encontrar coincidencias entre actores que habían recorrido caminos distintos.

La enseñanza para Tlaxcala es evidente: las diferencias forman parte de la democracia; lo que no puede normalizarse es que esas diferencias terminen poniendo en riesgo la gobernabilidad o aquello que pertenece a todos.

Y aquí aparece uno de los mensajes más importantes de la intervención: la soberanía procede del pueblo.

No de los gobiernos.

No de los partidos.

No de los grupos políticos.

No de quienes aspiran a gobernar.

Del pueblo.

Por eso, cuando llegue el momento electoral, serán las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan. Las instituciones deberán garantizar las reglas y los actores políticos tendrán que asumir su responsabilidad.

Mientras tanto, hay algo que debería estar por encima de la disputa electoral: Tlaxcala.

La infraestructura no vota. Los hospitales no tienen partido. Las escuelas no pertenecen a una corriente política. La seguridad pública no debería tener color. La economía tampoco.

Los resultados de una administración pueden y deben ser evaluados, cuestionados y contrastados. Pero una cosa es revisar críticamente lo realizado y otra muy distinta es asumir que todo debe desaparecer porque cambió el grupo político que gobierna.

La continuidad, entendida así, no significa continuidad de personas ni de partidos.

Significa continuidad de aquello que funciona para la sociedad.

Y quizá ése sea uno de los debates que marcarán los próximos meses: no solamente quién quiere gobernar Tlaxcala, sino qué está dispuesto a conservar, qué pretende corregir y qué propone construir de manera diferente.

Habrá tiempo para competir. Habrá tiempo para confrontar ideas. Habrá tiempo para defender proyectos y para que los ciudadanos evalúen trayectorias.

Pero como advirtió el secretario de Gobierno, no debería llegar el momento en que la competencia política termine poniendo en riesgo la paz, las instituciones o los avances que son patrimonio de los tlaxcaltecas.

Porque la democracia no exige que pensemos igual.

Exige que sepamos convivir pensando diferente.

Y rumbo a 2027, ésa podría ser una de las pruebas de madurez política más importantes para Tlaxcala: entender que ganar una elección no significa quedarse con el estado, así como perderla tampoco significa dejar de pertenecer a él.

El poder pasa. Los gobiernos cambian. Los partidos compiten. Pero Tlaxcala permanece.

Y si algo dejó claro el mensaje del 16 de septiembre es que, por encima de las diferencias políticas que inevitablemente vendrán, la continuidad de lo que sirve, el respeto a las instituciones y la libertad de los ciudadanos para decidir deberían seguir siendo el punto de encuentro.

El cargo La continuidad no debe dividir a Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Patricia Hernández Lima, presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, acusó al alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde, de incurrir en actos que, afirma, vulneran sus derechos político-electorales y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.

En conferencia de prensa, Hernández Lima sostuvo que fue electa mediante el voto ciudadano para ejercer el cargo durante el periodo constitucional 2024-2027 y afirmó que ninguna autoridad municipal puede sustituir, por decisión propia, la voluntad expresada en las urnas.

La representante comunitaria señaló que el viernes 11 de septiembre, previo a una sesión extraordinaria de Cabildo a la que aseguró no haber sido convocada, el presidente municipal tomó protesta a su suplente, Noemí “N”, mientras ella se encontraba en el salón de Cabildos.

De acuerdo con su versión, al solicitar al alcalde que explicara el fundamento legal de dicha determinación, éste habría argumentado que existía un procedimiento administrativo de investigación en su contra.

Hernández Lima cuestionó que dicho procedimiento fuera utilizado para separarla de manera inmediata del cargo y señaló que se le informó que la investigación tenía carácter reservado y confidencial.

La presidenta de comunidad denunció además que posteriormente personal del Ayuntamiento, acompañado por elementos de la fuerza pública municipal, acudió a las instalaciones de la presidencia de comunidad para entregar el inmueble a la suplente y aseguró que fueron cortados candados y vulneradas cerraduras para concretar la entrega de las instalaciones.

Hernández Lima sostuvo que la separación de una autoridad electa no puede derivarse automáticamente de una investigación administrativa y cuestionó las atribuciones del presidente municipal y del Cabildo para ejecutar una medida de esa naturaleza.

El argumento central de la denunciante es que la separación de un representante electo debe sujetarse estrictamente al debido proceso y a las competencias establecidas por la Constitución y las leyes. Por ello, pidió que las autoridades competentes determinen si quienes participaron en los hechos del 11 de septiembre contaban con facultades legales para impedirle ejercer el cargo.

La también integrante de una comunidad indígena pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género e interculturalidad, al considerar que su condición de mujer indígena representa un elemento que debe ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas de resolver la controversia.

Recordó que desde el 31 de agosto presentó una queja por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continuar con las actuaciones correspondientes. También pidió al Tribunal Electoral de Tlaxcala atender los medios de defensa promovidos para proteger sus derechos político-electorales.

Entre sus exigencias se encuentran garantizar su derecho de audiencia y defensa, preservar las grabaciones de Cabildo, convocatorias, órdenes, documentos del Órgano Interno de Control y demás evidencias relacionadas con los hechos, así como evitar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalia contra ella, su familia o quienes aporten pruebas.

“Defender este cargo es defender el mandato popular”, sostuvo Hernández Lima, quien afirmó que continuará defendiendo por las vías institucionales su derecho a ejercer la representación que, según dijo, le otorgaron los ciudadanos de su comunidad.

La presidenta de comunidad también hizo un llamado a que el conflicto no sea reducido a una disputa personal, al advertir que permitir que una autoridad municipal pueda separar unilateralmente a un funcionario electo abriría un precedente que podría afectar posteriormente a presidentes y presidentas de comunidad, regidores, síndicos y demás autoridades surgidas del voto popular.

Finalmente, Hernández Lima afirmó que confía en que los tribunales analizarán el caso con independencia y concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres de Totolac: “No nos vamos a dejar; si tocan a una, nos tocan a todas”.

El cargo Presidenta de Tlamahuco denuncia violencia política en razón de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El proceso electoral 2027 ya comenzó formalmente y en Tlaxcala el INE prepara la instalación de su Consejo Local para el próximo 30 de septiembre, informó Mirna Eugenia Garduño Ruiz, encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE Tlaxcala. Posteriormente serán instalados los consejos distritales con cabecera en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco.

Ante la intensa actividad política que ya se registra en la entidad, la funcionaria señaló que espectaculares, bardas, lonas y propaganda personalizada podrían constituir infracciones electorales, dependiendo de las circunstancias y de las personas involucradas. Aclaró que las medidas cautelares emitidas por el ITE no significan automáticamente que ya se haya acreditado un acto anticipado de campaña.

Garduño Ruiz enfatizó que los servidores públicos tienen prohibido utilizar recursos públicos con fines político-electorales. Quienes actualmente ocupen un cargo y aspiren a una candidatura deberán sujetarse a los tiempos y disposiciones establecidos en la legislación electoral.

Sobre las denuncias de posibles presiones a trabajadores para participar en actividades proselitistas, explicó que deben existir denuncias y elementos de prueba para que las autoridades puedan intervenir. En estos casos, el ITE y posteriormente los tribunales electorales serán las instancias encargadas de determinar responsabilidades.

La encargada de la Vocalía Ejecutiva precisó además que el INE no actúa de oficio ante posibles actos anticipados de campaña, propaganda irregular o utilización indebida de recursos públicos, por lo que es necesario presentar una denuncia acompañada de los elementos que permitan iniciar una investigación.

Respecto al mecanismo para evitar que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a las boletas, informó que el INE ya cuenta con una comisión para realizar estas verificaciones. En Tlaxcala, el procedimiento se realizará a petición de los partidos políticos, quienes podrán solicitar la revisión de la integridad de sus posibles candidaturas.

En materia de fiscalización, señaló que el INE revisará de manera minuciosa el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos y candidaturas, no solamente durante precampañas y campañas, sino también respecto del gasto ordinario de los partidos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para tramitar o actualizar su credencial para votar antes del 25 de enero, fecha en que cerrará el padrón electoral. Advirtió que esperar hasta los últimos días podría generar saturación en los módulos, por lo que recomendó realizar el trámite con anticipación.

El cargo INE pone bajo la lupa a aspirantes rumbo a 2027 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el marco de la fijación de los Bandos Solemnes de las Fiestas Patrias 2026, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, llamó a fortalecer la unidad nacional y defender la soberanía de México, al tiempo que subrayó que la relación entre los distintos órdenes de gobierno debe mantenerse bajo un principio: “coordinación sí, subordinación no”.

Durante su mensaje, el funcionario sostuvo que Tlaxcala respalda la defensa de la soberanía nacional y el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que proteger la unidad del país también significa defender sus instituciones y la capacidad de México para tomar sus propias decisiones.

Ramírez Hernández afirmó que la soberanía y la unidad no deben entenderse únicamente como conceptos asociados a las celebraciones patrias, sino como principios que deben defenderse cotidianamente desde las instituciones y la sociedad.

En este contexto, destacó que las diferencias políticas forman parte de la vida democrática y deben resolverse mediante el diálogo, sin perder de vista que una democracia requiere de distintas voces y de la existencia de contrapesos institucionales.

“Coordinación sí, subordinación no”, enfatizó el secretario de Gobierno, al referirse a la relación entre las instituciones y los diferentes niveles de gobierno, en un mensaje que colocó la soberanía como uno de los ejes centrales de la ceremonia.

En el ámbito estatal, Ramírez Hernández afirmó que la Cuarta Transformación se ha consolidado en Tlaxcala de la mano de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, atribuyendo este proceso al trabajo realizado y a los resultados de la administración estatal.

El funcionario vinculó la consolidación del proyecto político con las acciones desarrolladas durante el actual gobierno, en un momento en que Tlaxcala se encamina hacia el último tramo de la administración estatal y el escenario político rumbo a 2027 comienza a cobrar mayor relevancia.

A la fijación de los Bandos Solemnes asistieron magistrados, presidentes municipales, diputadas y diputados locales, integrantes del gabinete estatal, así como representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.

El cargo “Coordinación sí, subordinación no”: Luis Antonio Ramírez apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La disputa por la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Tlaxcala no puede convertirse en una competencia desigual donde, desde las estructuras del Gobierno del Estado, se pretenda inclinar la balanza en favor de un solo perfil. Los señalamientos y la evidencia sobre el uso de trabajadores y estructuras públicas para posicionar a Alfonso Sánchez García han encendido una alerta que ya no corresponde únicamente a sus adversarios políticos: corresponde a todos los aspirantes de Morena, PT y Partido Verde.

Hombres y mujeres que buscan encabezar la Cuarta Transformación en Tlaxcala tienen frente a sí una oportunidad histórica: unirse y exigir, juntos, un alto a cualquier intervención gubernamental en el proceso interno. No se trata de cerrar la puerta a Alfonso Sánchez García ni de cuestionar su derecho a participar; se trata de exigir que todos compitan bajo las mismas reglas, sin trabajadores presionados, sin estructuras públicas movilizadas y sin recursos o dependencias gubernamentales convertidas en operadores políticos.

Si los aspirantes permanecen separados, cada uno denunciando por su cuenta, el poder institucional tendrá mayores posibilidades de imponerse. Pero si Morena, PT y Partido Verde construyen un frente común —con mujeres y hombres, con todos los perfiles y todas las corrientes— pueden enviar un mensaje contundente: la candidatura de 2027 no puede definirse desde las oficinas del Gobierno del Estado, sino desde la voluntad de la ciudadanía y los mecanismos democráticos de los partidos.

Lo verdaderamente preocupante no es solamente quién resulte favorecido en una contienda interna. Lo preocupante es que se normalice la utilización de una estructura gubernamental para construir una candidatura. Porque si hoy se permite intervenir en una elección partidista, mañana puede ponerse en riesgo la competencia electoral de 2027.

Por eso, el llamado debe ser directo a todos los aspirantes: es momento de dejar a un lado las diferencias personales y formar un frente democrático. Que hombres y mujeres de Morena, PT y Verde exijan piso parejo, reglas claras y una separación absoluta entre gobierno y partido.

La democracia tlaxcalteca necesita que quienes aspiran a gobernarla sean los primeros en defenderla. Y defenderla hoy significa decirle al poder político que ningún gobierno debe utilizar su estructura para decidir quién será el candidato, quién tendrá ventaja o quién llegará fortalecido a la elección de 2027.

La pregunta ya no es solamente quién ganará la contienda interna. La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿permitirán los aspirantes que una estructura gubernamental marque el rumbo de la próxima elección, o serán capaces de unirse para defender la democracia?

El momento de construir ese frente es ahora, es momento de que quienes aspiran a gobernar levanten la voz para defender la democracia del pueblo.

El cargo Un frente por la democracia para frenar la injerencia del estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Gobierno de Tlaxcala justificó la intervención de cuerpos de seguridad durante los hechos registrados en la comunidad de Ixcotla, donde comenzaron las obras de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al sostener que el proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de la población expresado mediante consultas ciudadanas.

En los diálogos circulares, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la actuación de las autoridades respondió a la necesidad de garantizar el inicio de una obra federal que, afirmó, tiene sustento legal y el aval de la mayoría de la comunidad.

El vocero informó que durante la jornada algunos pobladores agredieron a funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal que acompañaban el arranque de los trabajos, entre ellos al servidor público Manuel N., quien, dijo, ya presentó las denuncias correspondientes por las agresiones.

Asimismo, señaló que dos personas fueron detenidas por estos hechos y que las investigaciones continuarán conforme al proceso legal.

Martínez Velázquez sostuvo que el terreno donde se edificará el complejo médico pertenece al IMSS desde 1984 y afirmó que el proyecto fue sometido a dos consultas ciudadanas, realizadas del 12 al 14 de junio con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación.

En una de las consultas se registraron 180 votos a favor y 20 en contra, mientras que en la segunda consulta se obtuvieron alrededor de 300 votos favorables, resultados que, aseguró, legitiman el inicio de la obra.

“En democracia ganan las mayorías; a veces se gana y a veces se pierde”, expresó el vocero, al argumentar que el Gobierno del Estado tiene la obligación de acompañar al Gobierno de México para garantizar la ejecución de un proyecto que, dijo, fue aprobado mediante mecanismos de participación ciudadana.

El funcionario también afirmó que la oposición representa a un grupo minoritario que no aceptó el resultado de las consultas y consideró que las inconformidades deben manifestarse por las vías legales y no mediante actos de violencia.

Martínez Velázquez agregó que el proyecto contempla una inversión cercana a los mil millones de pesos para la construcción de un CECI y una Unidad de Medicina Familiar del IMSS Ordinario. Indicó además que, tras las mesas de diálogo con habitantes, el diseño fue modificado para conservar las áreas deportivas de la comunidad, una de las principales demandas planteadas durante el proceso.

Finalmente, el vocero condenó las agresiones contra los funcionarios federales y reiteró que el Gobierno del Estado respaldará la continuidad de las obras, al sostener que cuentan con sustento jurídico y con el respaldo de la mayoría de la población que participó en las consultas.

El cargo Gobierno dice defender elección del pueblo, “en democracia ganan las mayorías” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sería injusto afirmar que nada ha cambiado. En los últimos años se han observado avances importantes. Hoy existe una mayor apertura institucional para el cuestionamiento público. Las conferencias de prensa matutinas y los espacios de diálogo entre funcionarios y periodistas han permitido un intercambio más constante de información y han reducido, en cierta medida, la opacidad que durante décadas caracterizó a muchos gobiernos.

También es cierto que la relación entre el gobierno estatal y los medios parece transitar hacia un modelo menos condicionado por la publicidad oficial y más centrado en la difusión de información pública. Es un cambio que, de consolidarse, fortalecería tanto al periodismo como a las instituciones.

Sin embargo, la realidad también obliga a mirar las asignaturas pendientes.

La independencia del periodismo no depende únicamente de que exista acceso a la información. También requiere condiciones laborales dignas, seguridad para ejercer la profesión y reglas claras en la contratación de publicidad oficial. Mientras existan medios que dependan casi exclusivamente del presupuesto gubernamental para sobrevivir, seguirá presente el riesgo de que la línea editorial se vea influenciada por intereses políticos o económicos.

El desafío tampoco es exclusivo de los gobiernos. La clase política, sin importar el partido, continúa mostrando una relación ambivalente con la prensa. Celebra las publicaciones cuando le favorecen y descalifica a los periodistas cuando las preguntas resultan incómodas. La crítica sigue siendo, para muchos actores públicos, un agravio personal en lugar de un componente indispensable de la democracia.

Pero el periodismo también enfrenta sus propios retos. La velocidad de las redes sociales ha impuesto una competencia feroz por publicar primero, a veces sacrificando la verificación de los hechos. La desinformación, las noticias falsas y el sensacionalismo representan hoy amenazas tan serias como cualquier intento de censura.

En tiempos donde cualquiera puede generar contenido, el valor del periodista profesional radica precisamente en hacer lo que otros no hacen: contrastar fuentes, contextualizar los hechos y asumir la responsabilidad ética de informar con rigor.

El proceso electoral que se avecina pondrá nuevamente a prueba esa responsabilidad. Llegarán campañas de desprestigio, información manipulada, rumores disfrazados de noticias y estrategias digitales diseñadas para influir en la opinión pública. En ese escenario, la sociedad necesitará menos propaganda y más periodismo.

Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar condiciones para el libre ejercicio de la prensa. Los periodistas, por su parte, deben defender su independencia incluso frente a quienes pretenden convertir la información en un instrumento de confrontación política.

El mejor homenaje para el periodismo tlaxcalteca no está en los discursos oficiales ni en los reconocimientos públicos. Está en construir una relación madura entre prensa y poder, donde las preguntas no incomoden por sí mismas, donde las respuestas sean oportunas y transparentes, donde la crítica no sea motivo de represalias y donde la información tenga siempre mayor valor que la propaganda.

Porque una democracia sólida no necesita periodistas complacientes ni gobiernos intocables. Necesita instituciones abiertas, medios libres y ciudadanos bien informados.

Ese sigue siendo el mayor reto que tenemos en Tlaxcala.

¡Desde mi humilde labor quiero expresar mi felicitación a todas y todos mis compañeros periodistas que con su labor engrandecen y defienden la libertad de expresión y libertad de prensa! 

El cargo Día del Periodista: entre los avances y las deudas pendientes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la mandataria afirmó que el periodismo en Tlaxcala se distingue por ser cercano a la ciudadanía y por documentar de primera mano la realidad de las comunidades.

“Es un periodismo de territorio, activo, que camina al lado de la gente, conoce sus historias y entiende las necesidades de la población”, expresó.

Cuéllar Cisneros reconoció la responsabilidad que implica ejercer el periodismo en una época donde la información se difunde de manera inmediata y advirtió sobre los riesgos que representa la desinformación.

Señaló que publicar información sin verificar, exagerar acontecimientos o privilegiar el sensacionalismo puede generar incertidumbre social, afectar la confianza de las familias, inhibir inversiones y poner en riesgo la estabilidad que, dijo, Tlaxcala ha construido durante los últimos años.

“Una mentira puede difundirse en minutos y convertirse en una aparente realidad. El periodismo no puede ceder ante el sensacionalismo ni ante la prisa; debe privilegiar siempre la verdad y la responsabilidad”, enfatizó.

La titular del Ejecutivo estatal destacó que el Gobierno de Tlaxcala ha impulsado una relación abierta con los medios de comunicación mediante los llamados “Diálogos Circulares”, un ejercicio que, afirmó, permite responder cuestionamientos, rendir cuentas y fortalecer la transparencia.

Agradeció a las y los comunicadores por cuestionar el actuar gubernamental, al considerar que las preguntas de la prensa representan una legítima preocupación por el bienestar de la sociedad y contribuyen a mejorar el desempeño de las instituciones.

En su mensaje, Lorena Cuéllar también hizo un balance de los resultados de su administración al asegurar que Tlaxcala se ha consolidado como referente nacional en seguridad, bienestar social, educación, infraestructura, turismo y programas sociales.

Destacó que actualmente el estado cuenta con 108 programas sociales, cifra que, aseguró, coloca a Tlaxcala en el primer lugar nacional en este rubro, además de posicionarlo como un destino turístico cada vez más visible a nivel nacional.

La gobernadora sostuvo que estos avances también han sido posibles gracias a la difusión realizada por los medios de comunicación, al considerar que el trabajo periodístico ha contribuido a proyectar una nueva imagen del estado.

Finalmente, al recordar que restan alrededor de 400 días para concluir su administración, Lorena Cuéllar reiteró que continuará trabajando “hasta el último día” de su mandato, sin distinción de colores partidistas, y refrendó su reconocimiento a la labor periodística.

“Siempre llevaré conmigo un profundo reconocimiento a cada uno de ustedes. Gracias por acompañar a Tlaxcala y por contribuir a que nuestro estado hoy sea reconocido dentro y fuera del país”, concluyó.

El cargo Lorena Cuéllar reconoce labor del periodismo y reivindica la libertad de expresión en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.