Hay discursos que se pronuncian para conmemorar una fecha histórica y hay otros que, entre líneas, hablan del presente y anticipan lo que viene. El mensaje del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, durante la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, tuvo precisamente esa segunda lectura.
En plena antesala de lo que será un escenario político cada vez más intenso rumbo a 2027, el encargado de la política interna del estado colocó sobre la mesa una idea que no debería pasar inadvertida: Tlaxcala puede cambiar de gobiernos, de actores y de colores políticos, pero no debería empezar de cero cada vez que cambia el poder.
El planteamiento parece sencillo, pero políticamente tiene fondo. Las obras, los servicios, la infraestructura, los avances en seguridad, educación, salud y bienestar —dijo— no pertenecen a una administración en particular. Pertenecen a Tlaxcala.
Y ahí está el verdadero debate.
Porque en política suele existir la tentación de presentar cada sexenio como un nuevo comienzo, de descalificar lo anterior para justificar lo propio y de convertir la administración pública en una disputa permanente por la autoría de los resultados.
Ramírez Hernández propone otra lógica: lo construido con recursos públicos debe permanecer como patrimonio de los ciudadanos, independientemente de quién gobierne.
Eso implica algo más difícil que inaugurar una obra: aceptar que quien venga después también tendrá la responsabilidad de conservarla, mejorarla y llevarla más lejos.
Pero el mensaje también tiene una segunda dimensión, política.
El secretario anticipó que los próximos meses traerán mayor intensidad a la conversación pública: proyectos, críticas, opiniones y propuestas diferentes. Y estableció una premisa que adquiere especial relevancia conforme se acerca el proceso electoral: las diferencias no deben convertirse en rupturas.
No se trata de pedir una oposición silenciosa ni una sociedad políticamente uniforme. Al contrario. Una democracia necesita contraste, crítica, competencia y alternativas.
El punto está en los límites.
Se puede competir sin destruir. Se puede criticar sin descalificar las instituciones. Se puede defender un proyecto sin convertir al adversario en enemigo.
La referencia histórica a la Independencia no fue gratuita. México no construyó su destino mediante una sola voluntad ni siguiendo una línea recta. Hubo diferencias, confrontaciones, derrotas y cambios de liderazgo. La consumación de 1821 también implicó encontrar coincidencias entre actores que habían recorrido caminos distintos.
La enseñanza para Tlaxcala es evidente: las diferencias forman parte de la democracia; lo que no puede normalizarse es que esas diferencias terminen poniendo en riesgo la gobernabilidad o aquello que pertenece a todos.
Y aquí aparece uno de los mensajes más importantes de la intervención: la soberanía procede del pueblo.
No de los gobiernos.
No de los partidos.
No de los grupos políticos.
No de quienes aspiran a gobernar.
Del pueblo.
Por eso, cuando llegue el momento electoral, serán las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan. Las instituciones deberán garantizar las reglas y los actores políticos tendrán que asumir su responsabilidad.
Mientras tanto, hay algo que debería estar por encima de la disputa electoral: Tlaxcala.
La infraestructura no vota. Los hospitales no tienen partido. Las escuelas no pertenecen a una corriente política. La seguridad pública no debería tener color. La economía tampoco.
Los resultados de una administración pueden y deben ser evaluados, cuestionados y contrastados. Pero una cosa es revisar críticamente lo realizado y otra muy distinta es asumir que todo debe desaparecer porque cambió el grupo político que gobierna.
La continuidad, entendida así, no significa continuidad de personas ni de partidos.
Significa continuidad de aquello que funciona para la sociedad.
Y quizá ése sea uno de los debates que marcarán los próximos meses: no solamente quién quiere gobernar Tlaxcala, sino qué está dispuesto a conservar, qué pretende corregir y qué propone construir de manera diferente.
Habrá tiempo para competir. Habrá tiempo para confrontar ideas. Habrá tiempo para defender proyectos y para que los ciudadanos evalúen trayectorias.
Pero como advirtió el secretario de Gobierno, no debería llegar el momento en que la competencia política termine poniendo en riesgo la paz, las instituciones o los avances que son patrimonio de los tlaxcaltecas.
Porque la democracia no exige que pensemos igual.
Exige que sepamos convivir pensando diferente.
Y rumbo a 2027, ésa podría ser una de las pruebas de madurez política más importantes para Tlaxcala: entender que ganar una elección no significa quedarse con el estado, así como perderla tampoco significa dejar de pertenecer a él.
El poder pasa. Los gobiernos cambian. Los partidos compiten. Pero Tlaxcala permanece.
Y si algo dejó claro el mensaje del 16 de septiembre es que, por encima de las diferencias políticas que inevitablemente vendrán, la continuidad de lo que sirve, el respeto a las instituciones y la libertad de los ciudadanos para decidir deberían seguir siendo el punto de encuentro.
