Se destacaron cifras impresionantes: más de 17,600 acciones realizadas en beneficio de más de 45,000 personas, con énfasis en la resolución de conflictos mediante diálogo y conciliación, la atención a quejas (405 nuevas, 630 expedientes atendidos, 408 concluidos), y la priorización de la prevención sobre la sanción.

En ese besamanos se enfatizó el respaldo del gobierno estatal, la transversalización de la agenda de derechos humanos y la autonomía respetada del organismo.

El evento incluyó la entrega de la Presea en Derechos Humanos 2025 a Constantina Bautista Nava, una hablante de náhuatl que defiende la identidad y derechos de pueblos originarios, lo que se presentó como símbolo de inclusión e interculturalidad.

Sin embargo usted dígame tres nombres de mujeres u hombres que actualmente ocupen una cartera o espacio en la CEDH o en el propio Gobierno estatal. Salvo que los nuevos apellidos del pueblo sean Marroquín, Vivanco o de los Montero, no veo mucha congruencia en esta entrega.

La titular del ejecutivo estatal no podía faltar y reforzó este discurso, calificando a la CEDH como pilar de la justicia social y destacando políticas de su administración en favor de mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas e igualdad sustantiva.

El acto tuvo presencia de los tres poderes, autoridades municipales y -dicen- que hasta de la sociedad civil, proyectando una imagen de unidad, corresponsabilidad y avances institucionales. ¿entonces no fueron acarreados?

Sin embargo, este relato oficial contrastó drásticamente con lo ocurrido apenas dos días después, el 27 de febrero de 2026, en el foro: “Proteger a quienes informan y defienden derechos: diálogo, apoyo y acción”, organizado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT).

El acto se celebró con la participación de representantes de la Quinta Visitaduría General de la CNDH (Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos): Uriel Flores Zamudio y Fernando Corona García, director y visitador adjunto, de manera respectiva.

En este espacio, periodistas, comunicadores y activistas expusieron una realidad mucho más cruda y crítica hacia la propia CEDH Tlaxcala y las autoridades estatales en general: Carpetas de investigación “encapsuladas” o sin avance (entre 14 y 19 mencionadas); omisiones, dilaciones y señalamientos de corrupción dentro de la CEDH; negativa o sesgo en acompañamiento; filtración de información sensible, represalias graves (tortura, quema de domicilios, desaparición forzada, persecución, hackeos).

@martin_rodriguez.com

La #UPET y el #Comecot convocaron a los #activistas de #Tlaxcala y lo que pretendía ser un #foro acabó por convertirse en una valvula de escape donde se dio una versión distinta del informe que horas antes había presentado la CEDH

♬ sonido original – Martín Rodríguez

Por si fuera poco se habló de la ausencia de recomendaciones, pues en su lugar se han hecho uso de exhortos u observaciones. Aun cuando esas figuras son inexistentes y solo buscan mejorar la estética de la CEDH.

Los representantes de la CNDH, con evidente sorpresa en el rostro, tomaron nota de expedientes específicos, como casos de Juan Manuel N. y Erika N.), se comprometieron a seguimiento personalizado y reconocieron la gravedad de las denuncias, aunque aclararon limitaciones competenciales.

Sin embargo se plantearon visitas recurrentes y mesas permanentes, pero varios participantes mostraron escepticismo por experiencias previas de impunidad y falta de respuestas concretas.

Así que mientras el informe de la CEDH se percibe como un ejercicio de autocomplacencia institucional y alineación política con el gobierno estatal, que prioriza cifras agregadas y narrativa positiva sobre prevención y diálogo, el otro informe cumplió su cometido.

Mientras el acto oficial proyectaba Tlaxcala como un estado que “escucha, repara y protege”, el foro evidenció una crisis profunda de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con señalamientos directos a la CEDH por omisión, dilación y hasta corrupción.

El contraste tan cercano en el tiempo resalta una disonancia entre el discurso oficial y la experiencia vivida por quienes enfrentan vulneraciones cotidianas.

La presencia de la CNDH permitió visibilizar este diagnóstico duro y demandar mayor intervención federal, lo que pone presión sobre la CEDH local para demostrar resultados más allá de reportes anuales que nadie cree y que solo son aplaudidos por las familias y los burocratas.

En resumen, el informe oficial parece más un acto de legitimación política que un ejercicio de rendición de cuentas crítica y autocrítica.

El foro, por el contrario, funcionó como contrapeso ciudadano y periodístico, exponiendo que las cifras “en papel” no se traducen necesariamente en cambios sustantivos en la realidad de la protección de derechos en Tlaxcala.

El cargo El otro informe en Derechos Humanos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La UPET y el COMECOT en conjunto con la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llevaron a cabo este viernes el foro denominado “Proteger a quienes informan, defienden derechos: diálogo, apoyo y acción” en el que participaron periodistas y activistas de Tlaxcala.

En el Auditorio Interactivo “Manuel Lardizábal y Uribe” de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), periodistas y activistas se dieron cita para conocer el quehacer de la Quinta Visitaduría General “Agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos”.

Ahí, los representantes gremiales Edgardo Cabrera Morales y Martín Rodríguez Hernández, dieron la bienvenida a Uriel Flores Zamudio y Fernando Andrés Corona García integrantes de la CNDH, quienes brindaron el foro y se comprometieron a realizar el seguimiento correspondiente a las quejas ingresadas desde Tlaxcala.

En su exposición, los miembros de la visitaduria general en mención detalló las consecuencias de los agravios en contra de la prensa y los defensores de derechos humanos, así como de quienes no se auto perciben como periodistas pero que ejercen funciones como tal, como la auto inhibición y auto censura.

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quienes ejercen el periodismo o la defensa de derechos humanos suelen ser víctimas de amenazas, ataques físicos, desprestigio, hostigamiento digital, daño moral, atentados y/o allanamiento a espacios de trabajo o domicilios.

Derivado de ello, los representantes de la CNDH, aseguraron que reciben y dan seguimiento a las quejas de las víctimas, no obstante, señalaron que es necesario que estas se presenten primeramente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT).

En caso de que las víctimas estén inconformes con la determinación de la CEDHT, pueden recurrir al recurso de impugnación con el que cuenta la Comisión Nacional, al tiempo que esta les puede brindar medidas de protección por 30 días que incluyen rondines bitacorados, cámaras de videovigilancia y escoltas.

No obstante, los integrantes de la Quinta Visitaduría puntualizaron que es preciso que quienes se consideran víctimas asistan al Mecanismo Nacional de Protección para que dichas medidas sean ampliadas, toda vez que, se llevaron una retroalimentación sobre la situación de violencia en contra de periodistas y activistas en el estado.

El cargo UPET y COMECOT realizan foro con la CNDH para prevenir ataques a la prensa y contra activistas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), en coordinación con el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT) y la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convocan al foro titulado “Proteger a quienes informan y defienden derechos: diálogo, apoyo y acción”.

Este evento busca generar un espacio de diálogo abierto, intercambio de experiencias y reflexión colectiva sobre la protección de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en México, particularmente en Tlaxcala. 

La iniciativa pretende fortalecer la labor periodística, socializar las acciones de apoyo de la CNDH y sentar las bases para un mecanismo permanente de encuentros periódicos que promuevan la unidad, la protección y el desarrollo profesional del gremio.

Los especialistas invitados por la UPET y el COMECOT, son Uriel Flores Zamudio, director de área del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, y Fernando Andrés Corona García, visitador adjunto. 

Ambos participarán en representación de María del Pilar Laura Nava Arontes, directora general del programa e integrante de la Quinta Visitaduría General de la CNDH.

El foro está dirigido a periodistas, comunicadores digitales, activistas y defensores de derechos humanos de Tlaxcala y el país. 

Los organizadores enfatizan la importancia de incluir todas las voces y perfiles para enriquecer el debate y generar propuestas conjuntas.

Detalles del evento:

• Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
• Horario: De 12:00 a 14:00 horas
• Lugar: Auditorio Interactivo Manuel de Lardizábal y Uribe, Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)

Martín Rodríguez Hernández, presidente de la UPET, y Edgardo Cabrera Morales, presidente del COMECOT, respectivamente, coincidieron en la urgencia de facilitar información y atención por parte de los especialistas de la CNDH al gremio periodístico y que un espacio neutral como es la Universidad Autónoma de Tlaxcala resultaba idóneo por su carácter educativo, formativo y de análisis crítico.

Este foro se enmarca en los esfuerzos continuos por visibilizar y atender las agresiones y riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en el país, donde el Programa de Agravios de la CNDH ofrece atención especializada, prevención y acompañamiento desde hace décadas.

Se invita a todos los interesados a participar activamente para contribuir a la construcción de entornos más seguros y libres para la información y la defensa de derechos en Tlaxcala y México.

El cargo Convocan periodistas al foro: “Proteger a quienes informan y defienden derechos: diálogo, apoyo y acción”. apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) fortalecieron su vínculo institucional, esto durante la reunión de trabajo sostenida en la sede de la agrupación periodística, ubicada en la capital del estado, hasta donde los representantes del organismo nacional acudieron para iniciar una serie de acciones en beneficio del gremio.

En el encuentro promovido por la Mesa Directiva de la UPET, Laura Nava Arontes, Directora General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, acompañada por la visitadores adjuntos Carla Aurora Adame Bravo y Sergio Martínez Bañuelos, presentó una serie de apoyos y servicios dirigidos a proteger y acompañar a los comunicadores tlaxcaltecas.

“Este acercamiento representa un paso significativo en la colaboración entre ambas instancias, con el objetivo de prevenir agresiones, garantizar canales ágiles de denuncia y promover una cultura de respeto a la libertad de expresión en Tlaxcala”, dijo Martín Rodríguez Hernández, presidente de la UPET.

Entre los compromisos signados se encuentra la realización de un foro regional de trabajo conjunto, mismo que se proyecta para el mes de marzo en una universidad. La propuesta es organizar y promover encuentros periódicos, a fin de intercambiar información y socializar la labor de la CNDH a favor del gremio periodístico.

Estos foros incluirían a periodistas, comunicadores de redes sociales y defensores de derechos humanos, partiendo de un diagnóstico previo, sobre topicos específicas como la cobertura del 8-M, violencia digital, criminalización, nota roja y agresiones por género, a fin de generar protocolos de actuación.

Además se dio a conocer la existencia de una línea directa de atención que permite el acompañamiento las 24 horas, durante los 365 días del año, pues a través de una guardia telefónica especializada puede atender de manera inmediata temas como agresiones y amenazas a comunicadores de la entidad

En este contexto los funcionarios de la CNDH ofrecieron acompañamiento en quejas por violaciones a derechos humanos, lo que se traducirá en orientación para presentar denuncias ante la CNDH, incluso ante rezagos o falta de respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Los visitadores y la titular del programa definieron plazos claros con los que se cuentan, como los 30 días para impugnar resoluciones notificadas, o 6 meses en casos de omisión, para impulsar recursos de revisión contra autoridades locales.

Durante la mesa de trabajo entre los periodistas tlaxcaltecas y la CNDH se abordó la vinculación con el Mecanismo Federal de Protección, que incluye el acompañamiento técnico para preparar solicitudes de incorporación al mecanismo, así como el seguimiento a las evaluaciones de riesgo, a cargo de la Junta de Gobierno (integrada por dependencias federales y sociedad civil).

Esto privilegia la seguridad del comunicador pues brindará la gestión de medidas urgentes como botones de asistencia, escoltas, cerco perimetral, o incluso la extracción de la persona en riesgo, todo con la finalidad de preservar su integridad física

Nava Arontes compartió también la posibilidad de ofrecer capacitación gratuita en línea que incluirá cursos, diplomados y materiales educativos sobre derechos humanos, perspectiva de género, riesgo y violencia contra periodistas.

Duarte el encuentro la CNDH realizó la entrega de material informativo como pósteres, trípticos y banners digitales que la UPET distribuirá entre sus agremiados a fin de garantizar la socialización de la información

En su oportunidad los visitadores Carla Adame y Sergio Martínez ofrecieron interlocución directa y seguimiento permanente para los comunicadores tlaxcaltecas sin distingo de la agrupación a la que se pertenezca

Esta mesa de trabajo encabezada por la Mesa Directiva de la UPET y la CNDH fortalece la red de protección para el ejercicio periodístico en la entidad y abre una vía permanente de colaboración que busca reducir la vulnerabilidad de quienes informan y defienden derechos humanos en la entidad.

El cargo Acuerdan UPET y CNDH colaboración, acompañamiento y capacitación continua apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Todo esto, basado en un tuit que Ruiz no escribió —como ya admitió su verdadero autor, Héctor Llorame—, pero que Armenta se niega a reconocer como un error.

Este episodio no es solo un desliz de un mandatario mal informado; es una advertencia inquietante sobre cómo el poder puede torcerse para silenciar a la prensa y socavar las instituciones que deberían ser autónomas.

La torpeza de quien debiera ser enlace y facilitador con los medios, como lo es el vocero oficial, acabará siendo una pulmonía para Armenta y en este espejo deben verse otras gobernadoras y gobernadores. Por dejarse llevar, por hacer caso de chismes, por influenciarse de quienes tienen rencor, odio y basura mental pueden manchar su trabajo y trayectoria política, tal como sucedió en Tlaxcala en los primeros años de esta administracion.

La preocupación central radica en el descaro con el que el ejecutivo poblano ha involucrado a la Fiscalía General del Estado. Al instruir directamente a la titular en una conferencia pública; el gobernador no solo exhibe una aparente falta de respeto por la separación de poderes, sino que deja entrever que la autonomía de ese organismo es una fachada más frágil que la piel del ex priista.

En un sistema donde la fiscalía debería actuar con independencia, basada en hechos y no en caprichos políticos, este tipo de intervencionismo huele a autoritarismo.

Si un gobernador puede señalar a un periodista crítico y exigir acción legal sin pruebas sólidas, ¿qué garantías quedan para que la justicia no se convierta en un instrumento de venganza personal o política contra cualquier miembro de la sociedad que mañana incomode al todo poderoso gobernante?

La libertad de expresión, pilar de cualquier sociedad que aspire a ser democrática, está en el ojo del huracán. Ruiz Rodríguez, con tres décadas de trayectoria y un historial de enfrentarse a gobiernos de todos los colores, es un blanco evidente.

Su medio, E-Consulta, ha destapado casos de nepotismo y abuso de poder que incomodan a la administración de Armenta, quien apenas lleva meses en el cargo. Llamarlo “líder de una red de delincuencia cibernética” y pedir su castigo no es solo un exceso retórico; es un intento de estigmatizarlo y, de paso, enviar un mensaje al resto de la prensa: cuestionar al poder tiene consecuencias.

El gremio periodístico ha cerrado filas en torno a Ruiz, y con razón, la respuesta de figuras respetadas como Julio Astillero dan fe de esto. En un país donde ser periodista es jugarse la vida —México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, con agresiones cada 14 horas según Artículo 19—, las palabras y acciones de Armenta no son un incidente aislado. No debemos minimizarlo.

Rememoran los días oscuros de Rafael Moreno Valle, cuando la persecución a medios críticos era norma, o los enfrentamientos de Miguel Barbosa con quienes se atrevían a disentir. La diferencia ahora es la crudeza con la que se exhibe la intención: no hay sutileza en usar el aparato estatal para acallar, tal como sucedía  en el viejo régimen priista.

La negativa del gobernador a rectificar, incluso tras saber que el tuit no era de Ruiz, agrava el panorama. Su coordinador de Comunicación Social, José Tomé, ha intentado justificar el embate exigiendo disculpas del periodista, como si la verdad fuera negociable. Rodolfo lo dejó muy claro ayer con Ciro Gómez Leyva, pero no acaban de entender su “error”.

Este doble rasero —atacar sin pruebas y luego exigir sumisión— es el sello de quien no tolera el escrutinio. Y mientras Armenta insiste en que “en Puebla se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión” (como reza el comunicado oficial AA 190/2025), sus actos dicen lo contrario.

¿Qué sigue? Si la fiscalía cede a la presión y abre una investigación sin sustento, sentará un precedente nefasto: el periodismo crítico podría ser criminalizado bajo pretextos vagos como “violencia de género” o “difamación”, términos que, mal usados, se convierten en garrotes contra la disidencia. Podrán intentarlo, pero ya están siendo vigilados y juzgados.

La sociedad poblana, y en especial su prensa, no puede permitir que este agravio se normalice. La autonomía de la fiscalía y la libertad de expresión no son negociables, son la última línea de defensa contra el abuso de poder. En Tlaxcala esto debe ser observado con lupa, atención y una acción proactiva.

Armenta tiene una opción: retractarse, reconocer su error y demostrar que su gobierno no repetirá los vicios del pasado. De lo contrario, este episodio quedará como una mancha temprana en su gestión y una advertencia de lo que está dispuesto a hacer para consolidar su control.

En un estado con heridas abiertas por la intolerancia política, la prensa libre no merece otro cerco, Puebla no merece más silencio y ningún periodista debe quedar al margen de esta acción. Hoy es Rodolfo Ruíz, pero mañana podría ser cualquiera, de cualquier entidad y de cualquier otro medio. No dejemos que el precedente quede impune.

El cargo Débil o desinformado; la decisión de Armenta apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El caso de Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, tres mexiquenses que llevan 22 años en prisión por un juicio interminable por secuestro, es un ejemplo lacerante de cómo el sistema judicial puede convertirse en una herramienta de arbitrariedad y abuso.

Hoy, este caso no solo expone la fragilidad de las instituciones, sino también la dudosa designación de personajes avalados por el poder legislativo local, dominado por una descafeinada 4T, que perpetúa un esquema de opacidad e impunidad.

Estos tres hombres, que han pasado más de dos décadas tras las rejas, enfrentan un proceso plagado de irregularidades: torturas, detenciones ilegales, órdenes de aprehensión contra los agentes responsables de su captura y, ahora, el uso de pruebas ilícitas para mantenerlos presos, todo por cortesía del Poder Judicial.

En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión contundente: sus detenciones fueron arbitrarias y el remedio adecuado era su inmediata liberación. Sin embargo, en Tlaxcala, esa resolución parece ser papel mojado, o higiénico.

El pasado 14 de mayo, José Eduardo Morales Sánchez, juez del Sistema Tradicional Penal de Apizaco, les dictó formal prisión, haciendo caso omiso de las resoluciones de tribunales federales que, desde 2017, habían anulado las pruebas clave en su contra por haber sido obtenidas de manera ilegal.

Testimonios de las víctimas, declaraciones de un familiar y un dictamen pericial en fonología fueron desechados por el Cuarto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, al constatar que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) violó el derecho humano de puesta a disposición sin demora, prolongando injustificadamente el traslado de los detenidos y fabricando pruebas en un contexto donde no pudieron defenderse.

Incluso se subrayó que el caso debió ser turnado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México, donde fueron aprehendidos, y no en Tlaxcala, evidenciando un desaseo jurídico que roza lo criminal. No sería la primera vez que sucedía en aquel periodo negro del país.

Pero el juez Morales Sánchez, en un fallo que huele a consigna, decidió resucitar esas pruebas ilícitas para mantener el juicio en pie, ignorando las sentencias federales y el sentido común jurídico. ¿Casualidad? Difícil de creer cuando el poder legislativo de Tlaxcala, que avala la permanencia de jueces como este, está copado por aliados de las familias que hoy han ido colocado a sus huestes en la tómbola que quedó registrada en un video editado.

Esto no es un caso aislado, sino un síntoma de un sistema donde la cercanía al poder político parece pesar más que la rectitud o la competencia. La designación de estos personajes, cuya lealtad al grupo en el poder es su mayor credencial, pone en entredicho la imparcialidad de la justicia en el estado.

Los tres acusados habían visto un rayo de esperanza cuando los tribunales federales ordenaron trasladar el caso al fuero común, confiando en que un juez local resolvería con apego a derecho.

Pero esa esperanza se esfumó en manos de un juez que prefirió alinearse con una narrativa prefabricada antes que honrar la ley. “Si el juez hubiera respetado la exclusión de pruebas ilícitas, habría advertido que no existen pruebas que sustenten nuestra responsabilidad”, señalan los procesados en su amparo. Tienen razón: sin esas pruebas, el caso se derrumba como castillo de naipes.

Este episodio no solo es una afrenta a Hernández Mora, Rodríguez Rosas y Almanza Cerriteño, sino a todos los ciudadanos que aún creen en un sistema judicial que debería ser ciego, no tuerto ni cómplice.

Mientras el legislativo tlaxcalteca siga siendo un coto de poder de las familias de Tlaxcala y de sus más cercanos, la justicia en el estado será un espejismo, y casos como este, un recordatorio de que en nuestra entidad la ley se interpreta según la conveniencia del mandamás. Es hora de cuestionar: ¿quién vigila a los vigilantes? Porque, por lo visto, no es el pueblo ni la justicia misma.

El cargo La ley como papel higiénico apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Migrantes alojados en el albergue Ágape de Tijuana se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de esa ciudad para protestar por los tratos que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) dan a extranjeros, como fue el caso de una familia colombiana, a cuyos integrantes despojaron de sus pasaportes y cédulas de identificación, y los enviaron a Tabasco sin darles oportunidad de llamar a un asesor legal o a parientes.

El director del refugio, Albert Rivera, se refirió al caso ocurrido en el aeropuerto de Tijuana, donde agentes migratorios interceptaron a dicho núcleo familiar –en el que figuraban una mujer embarazada y dos niños– que intentaba viajar a Canadá, sin respetar además que los sudamericanos tenían aún 15 días para permanecer en el país como turistas.

El cargo Extranjeros denuncian en la CNDH de Tijuana violaciones de agentes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Carece de credibilidad. Yo tengo otros datos. Tiene una serie de imprecisiones”, dijo.

Ante los cuestionamientos de colectivos por su reelección al frente de esa institución, la hija de la finada activista Rosario Ibarra de Piedra respondió que el pueblo de México la apoya, entre ellos colectivos como los de la familia Cabañas.

Adelantó que, a petición de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión está por concluir una nueva recomendación. No reveló fecha ni si se señala a mandos del Ejército.

La ombudsperson llegó el viernes al Zócalo de Atoyac a las 7 de la noche. Fue invitada por la directora de la oficina de la CNDH en Guerrero, Micaela Cabañas Ayala, a las jornadas por el 50 aniversario de la muerte de su padre, Lucio Cabañas.

Consultada acerca del rechazo de colectivos a su reelección al frente de la CNDH, Rosario Ibarra respondió:

“Yo vengo con los colectivos que me apoyan y que es el pueblo de México. Estoy aquí con los compañeros de la familia de Cabañas, las familias de muchos compañeros de este país, no sólo de Guerrero”.

A un costado, la hija de Lucio Cabañas y delegada de la CNDH, Micaela Cabañas, expresó que Rosario Ibarra de Piedra, mamá de la presidenta de la CNDH, “es la madre de las luchas sociales” para los colectivos y que eso significa mucho.

Piedra Ibarra agregó que su lucha no empezó en la Comisión, sino hace casi 50 años, a raíz de la desaparición de su hermano Jesús Piedra Ibarra en 1975.

–Presidenta, está en el lugar donde se han denunciado más de 500 desapariciones forzadas por parte del Ejército, ¿cuál es el mensaje a las familias de las víctimas y a la población que vivió esa represión?, se le planteó.

–“Que seguimos en esta lucha, que se hizo la recomendación, precisamente la que le acabo de entregar a la presidenta municipal como un regalo y en esa se han intentado rescatar el mayor número de víctimas.

Más tarde, en un mensaje al público que asistió a la jornada conmemorativa, informó que en esa recomendación se registraron 814 víctimas de desaparición forzada en ese periodo, tras la muerte de Lucio Cabañas el 2 de diciembre de 1974.

Acerca de las “listas de los vuelos de la muerte”, donde hay unas 240 víctimas, la presidenta de la CNDH respondió:

“Los vuelos de la muerte está reseñado en la recomendación, pero es algo que no se ha comprobado porque lo que se ha estado diciendo es que a todos se los llevaron en los vuelos de la muerte, cosa que no es así.

“Quien filtró esa noticia en ese entonces fue un militar y entonces carecen de credibilidad muchas de las cosas que por ahí están, por eso, para hacer una recomendación debemos tener información verídica, capaz de demostrar, para poderle exigir al Estado mexicano esa verdad”.

–Algunos familiares le han dado validez a esas listas porque los nombres de sus familiares y las fechas de su desaparición coinciden con el documento, se le insistió.

“Yo tengo otra experiencia. Yo tengo otros datos. Tienen una serie de imprecisiones. Por ejemplo, gente que la apresaron después, dice que la tiraron al mar en un vuelo de la muerte antes.

Por ejemplo, alguien que lo apresaron, en un caso hipotético, un 5 de septiembre y ahí dice que lo tiraron en agosto. ¡Por favor! Es al contrario, es diferente a la información que nosotros tenemos. Entonces por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos”.

Reveló que está a punto de concluirse una recomendación sobre el caso Ayotzinapa, pero no quiso revelar la fecha. “No le puede decir ahora, pero tiene que ser ya”.

Del 50 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas dijo que el guerrillero es un baluarte.

“Es la memoria histórica de este país, de ese pueblo oprimido de Guerrero, olvidado que estaba y siempre en un estado muy precario de condiciones.

“Es un ejemplo de muchos jóvenes y de muchos eruditos que quisiéramos que hubiera muchos Lucios Cabañas”, dijo.

Por la mañana, Rosario Ibarra, recibió el doctorado Honoris Causa de manos del cuestionado tres veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.

Con información de: Proceso

El cargo Rosario Piedra Ibarra descalifica lista de los vuelos de la muerte; “yo tengo otros datos” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Nadie niega que su labor es extremadamente entregada, como muestra está su labor como Presidenta de la Comisión en materia de  Desarrollo Económico; esa tarea la ha hecho suya suya suya, la ha abrazado y se nota que disfruta la posición en la que ella y el titular de la Secretaría en la entidad, Javier Marroquín Calderón, se encuentran todos los días, a todas horas… pero eso no es legislar y solo exhibe la prioridad del congreso y los funcionarios: Las hormonas los gobiernan

Y aunque la ley es muy clara y la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos lo señala en los artículos 30 y 33, la diputada no binaria, confundida, o quizá simplemente aprovechada de las acciones afirmativas -que en éste momento goza de los afectos de un caballero heterosexual con oficina contigua al Congreso Estatal- planea convocar a una extranjera en un asunto que tiene implicaciones en el ámbito local. Le sale lo derechista a la empresaria.

Las involucradas son Aurora Villeda Temoltzin y la colombiana Marcela Villegas Narváez, ésta última que se hiciera visible luego de acusar y encarcelar a una familia tlaxcalteca sin mayores elementos que su palabra y el apoyo de su consulado. O al menos eso dice la familia de los afectados. Lo que hace Temoltzín es algo que se le da con facilidad: aprovecharse del momento y sacar dividendos de ello.

“No es posible que una extranjera indeseable participe en política en asuntos nacionales y del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala” confirmó a este espacio informativo uno de los involucrados, en entrevista telefónica.

“Marcela Villegas Narváez sigue siendo extranjera. No es naturalizada mexicana. En consecuencia, como extranjera no debe inmiscuirse  de ninguna manera en asuntos políticos del País y ni de Tlaxcala”, ataja categórico. No se tiene que ser un erudito de las leyes para entender eso.

Y es que para la familia de quienes hoy se encuentran durmiendo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) por culpa de una extranjera, la invitación de la ciudadana colombiana tiene tintes políticos, que no sociales. Todo con tal de hacer más mediático el trabajo de la legisladora local que es más conocida por la pasarela que dio el pasado viernes de la mano del secretario que fue acusado de agredir a un comensal en Puebla, que por su labor legislativa.

De acuerdo con uno de los agraviados la acusada de origen colombiano ha aprovechado la labor de su embajada y consulado para que haya anomalías, por lo que las autoridades han influido en el debido proceso penal, con la permisibilidad de autoridades estatales, incluida la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Juez Séptimo Penal de Control y Juicio Oral, Alfonso González Martínez.

El artículo 33 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo, establece claramente que los extranjeros no podrán de ninguna manera involucrarse en los asuntos políticos del País, por lo que Marcela Villegas Narváez estaría imposibilitada de opinar sobre la legislación vicaría, tema que será abordado por la legisladora y para lo que deseaba una figura que generara la atención, o estridencia, que no ha logrado desde la máxima tribuna del estado.

Es posible que la ciudadana extranjera no contemple que al no ser naturalizada mexicana, es una extranjera más que puede ser sometida al menos al procedimiento administrativo por violar la Constitución. La deportación sería lo deseable, sostiene el afectado

Y es que para el ojo crítico la presentación de argumentos, elementos o señalamientos deberían ser en un espacio legal, que no en un foro donde se prioriza lo político y mediático sobre las leyes. La violación del debido proceso en contra de los señalados por la dama extranjera es un asunto por demás preocupante.

Con el acto encabezado por la legisladora emergida de las Redes Sociales Progresistas (RSP) ¿se pretende influir en el proceso penal y familiar a su favor, apelando a las emociones de los tlaxcaltecas y legisladores que asistan a este acto o solo es uno más de los actos insensatos de la persona que se aprovecho de las acciones afirmativas para ingresar al poder legislativo?,  nadie lo podría saber.

El hecho es que la aparición de una extranjera sigue siendo perjudicial para los locales y nacionales que por simple señalamiento y sin haber concluido el proceso legal, puedan resultar afectados, tal como sucede en el proceso que revisa con lupa el juez séptimo penal de control y juicio oral en la causa penal 170/2024. Ojalá no haya mala fe al momento de sentenciar.

Si las cosas son como todo parece indicar, es probable que la muy estrecha relación de la legisladora con los miembros del poder ejecutivo intercedan a favor de una mujer que lo único que ha hecho ha sido un video y en donde las pruebas para la defensa han sido nulas, pues no se les permite un procedimiento equitativo. Fusílenlos, después averiguamos, es la consigna, o al menos eso parece.

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El cargo Ignorancia legislativa e injerencista apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Respeto a Rosario (Piedra) la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se fortalezca la Comisión para la defensa de los derechos humanos”, resaltó.

Durante su conferencia ‘mañanera’, la mandataria descartó que la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera una decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora resulta que desde Palenque, López Obrador, están dictándole a los senadores y senadoras quien va ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación”, expuso.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a Rosario Piedra, quien está seguirá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que es de la generación que luchó contra las desapariciones forzadas del Estado.

Con información de El Universal

El cargo Sheinbaum niega que AMLO esté detrás de la reelección de Rosario Piedra en la CNDH; pide respeto para la funcionaria apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.