En Tlaxcala, la justicia parece ser un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven al antojo de intereses políticos, y no de la ley.
El caso de Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, tres mexiquenses que llevan 22 años en prisión por un juicio interminable por secuestro, es un ejemplo lacerante de cómo el sistema judicial puede convertirse en una herramienta de arbitrariedad y abuso.
Hoy, este caso no solo expone la fragilidad de las instituciones, sino también la dudosa designación de personajes avalados por el poder legislativo local, dominado por una descafeinada 4T, que perpetúa un esquema de opacidad e impunidad.
Estos tres hombres, que han pasado más de dos décadas tras las rejas, enfrentan un proceso plagado de irregularidades: torturas, detenciones ilegales, órdenes de aprehensión contra los agentes responsables de su captura y, ahora, el uso de pruebas ilícitas para mantenerlos presos, todo por cortesía del Poder Judicial.
En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una opinión contundente: sus detenciones fueron arbitrarias y el remedio adecuado era su inmediata liberación. Sin embargo, en Tlaxcala, esa resolución parece ser papel mojado, o higiénico.
El pasado 14 de mayo, José Eduardo Morales Sánchez, juez del Sistema Tradicional Penal de Apizaco, les dictó formal prisión, haciendo caso omiso de las resoluciones de tribunales federales que, desde 2017, habían anulado las pruebas clave en su contra por haber sido obtenidas de manera ilegal.
Testimonios de las víctimas, declaraciones de un familiar y un dictamen pericial en fonología fueron desechados por el Cuarto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, al constatar que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) violó el derecho humano de puesta a disposición sin demora, prolongando injustificadamente el traslado de los detenidos y fabricando pruebas en un contexto donde no pudieron defenderse.
Incluso se subrayó que el caso debió ser turnado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México, donde fueron aprehendidos, y no en Tlaxcala, evidenciando un desaseo jurídico que roza lo criminal. No sería la primera vez que sucedía en aquel periodo negro del país.
Pero el juez Morales Sánchez, en un fallo que huele a consigna, decidió resucitar esas pruebas ilícitas para mantener el juicio en pie, ignorando las sentencias federales y el sentido común jurídico. ¿Casualidad? Difícil de creer cuando el poder legislativo de Tlaxcala, que avala la permanencia de jueces como este, está copado por aliados de las familias que hoy han ido colocado a sus huestes en la tómbola que quedó registrada en un video editado.
Esto no es un caso aislado, sino un síntoma de un sistema donde la cercanía al poder político parece pesar más que la rectitud o la competencia. La designación de estos personajes, cuya lealtad al grupo en el poder es su mayor credencial, pone en entredicho la imparcialidad de la justicia en el estado.
Los tres acusados habían visto un rayo de esperanza cuando los tribunales federales ordenaron trasladar el caso al fuero común, confiando en que un juez local resolvería con apego a derecho.
Pero esa esperanza se esfumó en manos de un juez que prefirió alinearse con una narrativa prefabricada antes que honrar la ley. “Si el juez hubiera respetado la exclusión de pruebas ilícitas, habría advertido que no existen pruebas que sustenten nuestra responsabilidad”, señalan los procesados en su amparo. Tienen razón: sin esas pruebas, el caso se derrumba como castillo de naipes.
Este episodio no solo es una afrenta a Hernández Mora, Rodríguez Rosas y Almanza Cerriteño, sino a todos los ciudadanos que aún creen en un sistema judicial que debería ser ciego, no tuerto ni cómplice.
Mientras el legislativo tlaxcalteca siga siendo un coto de poder de las familias de Tlaxcala y de sus más cercanos, la justicia en el estado será un espejismo, y casos como este, un recordatorio de que en nuestra entidad la ley se interpreta según la conveniencia del mandamás. Es hora de cuestionar: ¿quién vigila a los vigilantes? Porque, por lo visto, no es el pueblo ni la justicia misma.