Por estos días, Puebla se ha convertido en un escenario que desnuda las frágiles costuras de la democracia mexicana. El gobernador Alejandro Armenta ha desatado una tormenta al señalar públicamente al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de E-Consulta Puebla, como “canalla” y “cobarde”, y al ordenar sin el mínimo pudor a la fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, que lo investigue por supuesta violencia de género y difamación.
Todo esto, basado en un tuit que Ruiz no escribió —como ya admitió su verdadero autor, Héctor Llorame—, pero que Armenta se niega a reconocer como un error.
Este episodio no es solo un desliz de un mandatario mal informado; es una advertencia inquietante sobre cómo el poder puede torcerse para silenciar a la prensa y socavar las instituciones que deberían ser autónomas.
La torpeza de quien debiera ser enlace y facilitador con los medios, como lo es el vocero oficial, acabará siendo una pulmonía para Armenta y en este espejo deben verse otras gobernadoras y gobernadores. Por dejarse llevar, por hacer caso de chismes, por influenciarse de quienes tienen rencor, odio y basura mental pueden manchar su trabajo y trayectoria política, tal como sucedió en Tlaxcala en los primeros años de esta administracion.
La preocupación central radica en el descaro con el que el ejecutivo poblano ha involucrado a la Fiscalía General del Estado. Al instruir directamente a la titular en una conferencia pública; el gobernador no solo exhibe una aparente falta de respeto por la separación de poderes, sino que deja entrever que la autonomía de ese organismo es una fachada más frágil que la piel del ex priista.
En un sistema donde la fiscalía debería actuar con independencia, basada en hechos y no en caprichos políticos, este tipo de intervencionismo huele a autoritarismo.
Si un gobernador puede señalar a un periodista crítico y exigir acción legal sin pruebas sólidas, ¿qué garantías quedan para que la justicia no se convierta en un instrumento de venganza personal o política contra cualquier miembro de la sociedad que mañana incomode al todo poderoso gobernante?
La libertad de expresión, pilar de cualquier sociedad que aspire a ser democrática, está en el ojo del huracán. Ruiz Rodríguez, con tres décadas de trayectoria y un historial de enfrentarse a gobiernos de todos los colores, es un blanco evidente.
Su medio, E-Consulta, ha destapado casos de nepotismo y abuso de poder que incomodan a la administración de Armenta, quien apenas lleva meses en el cargo. Llamarlo “líder de una red de delincuencia cibernética” y pedir su castigo no es solo un exceso retórico; es un intento de estigmatizarlo y, de paso, enviar un mensaje al resto de la prensa: cuestionar al poder tiene consecuencias.
El gremio periodístico ha cerrado filas en torno a Ruiz, y con razón, la respuesta de figuras respetadas como Julio Astillero dan fe de esto. En un país donde ser periodista es jugarse la vida —México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, con agresiones cada 14 horas según Artículo 19—, las palabras y acciones de Armenta no son un incidente aislado. No debemos minimizarlo.
Rememoran los días oscuros de Rafael Moreno Valle, cuando la persecución a medios críticos era norma, o los enfrentamientos de Miguel Barbosa con quienes se atrevían a disentir. La diferencia ahora es la crudeza con la que se exhibe la intención: no hay sutileza en usar el aparato estatal para acallar, tal como sucedía en el viejo régimen priista.
La negativa del gobernador a rectificar, incluso tras saber que el tuit no era de Ruiz, agrava el panorama. Su coordinador de Comunicación Social, José Tomé, ha intentado justificar el embate exigiendo disculpas del periodista, como si la verdad fuera negociable. Rodolfo lo dejó muy claro ayer con Ciro Gómez Leyva, pero no acaban de entender su “error”.
Este doble rasero —atacar sin pruebas y luego exigir sumisión— es el sello de quien no tolera el escrutinio. Y mientras Armenta insiste en que “en Puebla se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión” (como reza el comunicado oficial AA 190/2025), sus actos dicen lo contrario.
¿Qué sigue? Si la fiscalía cede a la presión y abre una investigación sin sustento, sentará un precedente nefasto: el periodismo crítico podría ser criminalizado bajo pretextos vagos como “violencia de género” o “difamación”, términos que, mal usados, se convierten en garrotes contra la disidencia. Podrán intentarlo, pero ya están siendo vigilados y juzgados.
La sociedad poblana, y en especial su prensa, no puede permitir que este agravio se normalice. La autonomía de la fiscalía y la libertad de expresión no son negociables, son la última línea de defensa contra el abuso de poder. En Tlaxcala esto debe ser observado con lupa, atención y una acción proactiva.
Armenta tiene una opción: retractarse, reconocer su error y demostrar que su gobierno no repetirá los vicios del pasado. De lo contrario, este episodio quedará como una mancha temprana en su gestión y una advertencia de lo que está dispuesto a hacer para consolidar su control.
En un estado con heridas abiertas por la intolerancia política, la prensa libre no merece otro cerco, Puebla no merece más silencio y ningún periodista debe quedar al margen de esta acción. Hoy es Rodolfo Ruíz, pero mañana podría ser cualquiera, de cualquier entidad y de cualquier otro medio. No dejemos que el precedente quede impune.
