El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal y el Centro Cultural Helénico, impulsa en septiembre una cartelera teatral incluyente y gratuita que busca acercar el arte escénico a públicos diversos.

Las funciones llegarán a escuelas, comunidades, espacios culturales y al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, garantizando que más sectores tengan acceso a experiencias artísticas de calidad.

La primera puesta en escena será “Los ovnis que se roban las calcetas”, un montaje lúdico de la compañía “Fábrica de Arte Tlaxcalteca” que reflexiona sobre la pérdida, la imaginación y el misterio de crecer. Se presentará del 4 al 11 de septiembre en el Cereso varonil, así como en los municipios de Hueyotlipan, Huamantla, Apetatitlán y el Centro de las Artes de Tlaxcala.

Posteriormente, del 19 al 30 de septiembre, la compañía “Aliados Teatro” llevará a escena “Una TEMPESTAD en un vaso de agua que contiene el inmenso océano de papel”, obra que, a través de música en vivo, palabras y títeres, narra la historia de Próspero, un duque que en una isla misteriosa busca recuperar lo perdido con ayuda del espíritu del viento. Se presentará en el Centro Cultural Tlaxco, en la primaria “Francisco Vélez” de Papalotla, en el auditorio de San Pablo del Monte, en el Recinto Ferial y el Centro de las Artes.

Con esta iniciativa, la administración estatal reafirma que el acceso a la cultura es un derecho humano, fundamental para garantizar que sectores vulnerables, como la población privada de la libertad en los centros de reinserción, puedan disfrutar del arte como medio de transformación social e inclusión.

Con estas actividades, Tlaxcala consolida una política cultural humanizada y participativa que coloca a la ciudadanía en el centro de la vida artística, y reconoce a la cultura como un derecho humano y un motor de transformación social.

La cartelera completa, con horarios y sedes, puede consultarse en las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura del Estado y del Centro Cultural Helénico: https://goo.su/5ekHfsw.

El cargo EN SEPTIEMBRE, HABRÁ CARTELERA TEATRAL INCLUYENTE Y GRATUITA EN TLAXCALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la conferencia “Diálogo Circular”, Martínez Velázquez minimizó las críticas de Celaya Gamboa, afirmando que “a veces el cinismo es muy grande y no vale la pena contestarle”, y descartó que sus comentarios representen una afrenta para los tlaxcaltecas.

En la misma conferencia, Martínez Velázquez informó que el exdirector del CERESO de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, obtuvo un amparo federal en el Juzgado Primero de Distrito para evitar su detención por presuntos delitos de corrupción en el penal.

Aseguró que el exfuncionario está localizable y no ha huido. Sobre el caso de las cabezas halladas, señaló que cinco familias ya acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para pruebas de ADN, y que dos de las víctimas fueron identificadas como hombres originarios de Puebla, a la espera de resultados concluyentes para los demás.

El vocero reconoció el aumento en la percepción de inseguridad en Tlaxcala, un desafío para las autoridades, aunque defendió que las estadísticas federales posicionan al estado como el de menor incidencia delictiva en el país.

El cargo Vocero llama cínico a exsecretario de Seguridad y Confirma amparo del ex titular del Cereso apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los recientes escándalos en Contla, Apizaco y el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala exponen un sistema donde las autoridades, lejos de proteger a la ciudadanía, perpetúan el desorden y el abuso.

Las cifras son claras, los nombres están sobre la mesa, y la indignación crece entre los tlaxcaltecas que merecen algo mejor, pero que al momento de votar vuelven a tropezar con la misma piedra o con los mismos apellidos.

Ejemplo de esto es Contla donde los hermanos Eddy y Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, parece que se turnaron la presidencia municipal en periodos consecutivos para dejar un rastro de irregularidades que suman un probable daño patrimonial de 8 millones 372 mil 929.92 pesos durante el segundo semestre de 2024.

La LXV Legislatura local, sin embargo, mostró una alarmante selectividad al reprobar únicamente la cuenta pública de Ana Ivonne, quien en el inicio de su gestión, entre agosto y diciembre de 2024, generó una afectación de 4 millones 865 mil 112.53 pesos.

Entre los hallazgos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se encuentran pagos indebidos por 2 millones 375 mil 059.41 pesos por conceptos que no cumplen especificaciones técnicas, 704 mil 426.97 pesos en obras no fiscalizadas, 564 mil 481 pesos en gastos improcedentes, y una serie de irregularidades que van desde procesos constructivos deficientes hasta bienes y servicios sin comprobación.

Por su parte, Eddy Roldán, quien cerró su administración entre julio y agosto de 2024, logró que el Congreso local aprobara sus cuentas públicas a pesar de un probable daño patrimonial de 3 millones 507 mil 817.39 pesos.

En este periodo, el OFS detectó pagos injustificados por 633 mil 864.97 pesos, erogaciones por obras no ejecutadas por 533 mil 048.42 pesos, y una larga lista de irregularidades que incluyen bienes no recibidos, gastos sin comprobantes y obras pagadas a sobreprecio.

¿Cómo es posible que estas cifras no hayan encendido las alarmas de los legisladores? La aparente continuidad en las prácticas de los hermanos Roldán Xolocotzi sugiere no solo una falta de rendición de cuentas, sino una estrategia calculada para beneficiarse del erario, mientras se preparan, según rumores, para buscar un escaño en la próxima legislatura.

Mientras tanto, en Apizaco, la inseguridad sigue siendo una herida abierta. El reciente asalto a mano armada a cuatro hombres de Tlaxco, quienes tras retirar 600 mil pesos de una sucursal BBVA fueron interceptados en un negocio de comida, es solo un capítulo más en la ola de violencia que azota la ciudad.

Este incidente, sumado a otros asaltos recientes, ha generado un clima de temor entre vecinos y comerciantes, quienes exigen respuestas concretas de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en resultados tangibles.

Por si fuera poco, el escándalo en el CERESO de Tlaxcala ha puesto a la entidad en medios nacionales, producto de la incredulidad que despiertan los señalamientos.

La detención del exdirector del penal, Juan Antonio N., junto con dos colaboradores, tras las denuncias de un interno, Ventura N., revela un sistema penitenciario podrido desde su núcleo.

Las acusaciones de extorsión, cuotas obligatorias a reclusos y la autorización de salidas clandestinas para cometer delitos, con la complacencia de las autoridades, son un golpe directo a la confianza ciudadana.

La red de corrupción, que apenas comienza a desmantelarse, podría implicar a más funcionarios en los próximos días. Este caso, que ha trascendido a nivel nacional, no solo expone la crisis en el CERESO, sino que plantea una pregunta ineludible: ¿quién vigila a los vigilantes?

Tlaxcala no puede seguir siendo rehén de la corrupción y la impunidad. Los casos de Contla, Apizaco y el CERESO son síntomas de un problema mayor: la falta de voluntad política para castigar a los responsables y garantizar justicia. Es cierto cayó un presunto delincuente, el del Cereso, pero tras los daños a las arcas municipales faltarían 60 por rendir cuentas tras las rejas.

El cargo Cayó un presunto delincuente; faltarían 60 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente del CEE del  PRD Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón, señaló que para que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía autónoma, pueda convencernos de que llevarán a cabo una investigación seria, imparcial, transparente y con credibilidad ante la ciudadanía, el titular de la SSC debe hacerse a un lado.

“No hay duda de que si el Gobierno del Estado y la fiscalía quieren darle verdadera credibilidad a la investigación de los hechos denunciados por el PPL, el titular de la SCC debe de ser suspendido del cargo. Escuchaba las declaraciones de Perea Marrufo en las que afirma que su puesto no está en riesgo… si tan seguro está, si tiene las manos limpias, que se haga a un lado mientras se desarrollan las indagatorias ”, expresó Cambrón.

El dirigente perredista recordó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la instancia responsable directa de la operación, supervisión y administración de los Centros de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala. A través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, dicha dependencia tiene bajo su control la seguridad, custodia y disciplina de los reclusos, así como la integridad del sistema penitenciario.

En este sentido, Cambrón evocó la máxima popularizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Nada se mueve sin que el titular no lo sepa”. Bajo esa lógica, afirmó, resulta inverosímil pensar que hechos tan graves como los denunciados —donde un interno acusa que custodios y autoridades penitenciarias sacaban a reos para cometer asaltos, secuestros e incluso asesinatos— hayan ocurrido sin el conocimiento o la omisión deliberada de la cabeza del sector.

El PRD Tlaxcala subrayó que la magnitud de las denuncias exige no solo una investigación a fondo por parte de la Fiscalía, sino también decisiones políticas inmediatas que garanticen la independencia y limpieza del proceso. Mantener al Secretario de Seguridad en el cargo durante las pesquisas, añadió, mina la confianza ciudadana y abre la puerta a sospechas de encubrimiento.

“Si el Gobierno del Estado realmente quiere mandar un mensaje de cero impunidad, que no proteja a nadie. Separar al titular de la SSC es el mejor paso para demostrar que esta vez la justicia no se negociará ni se maquillará”, concluyó Cambrón.

El cargo “PRD Tlaxcala exige la separación inmediata del Secretario de Seguridad Ciudadana por escándalo en CERESOS” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El director del penal, Juan Antonio Martínez Guerrero, ha sido señalado como figura central en estas acusaciones, lo que ha generado un debate público sobre la corrupción en los Ceresos y la respuesta del gobierno de la 4T que ha separado del cargo -que no despedido- al todavía funcionario.

Como columnista, no puedo evitar una mirada crítica a este episodio. ¿Cómo es posible que en un estado que presume avances en seguridad –con supervisiones respaldadas por la SEDENA y mesas de coordinación– se filtren denuncias tan alarmantes? La presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho, pero la lentitud en las investigaciones genera desconfianza.

¿Por qué no se actuó de manera más drástica desde el principio? La Fiscalía General del Estado lleva las riendas, pero el público exige resultados inmediatos, no solo protocolos y promesas.

Esta situación expone fallas estructurales: si los Ceresos son vulnerables a la corrupción, ¿qué dice eso de la “reestructuración” anunciada por el secretario de Gobierno, Luis Ramírez Hernández?. Es legítimo cuestionar si estas irregularidades son aisladas o síntoma de un problema sistémico que el gobierno ha subestimado.

Sin embargo también es justo reconocer la postura oficial del gobierno, articulada por el propio Ramírez Hernández en su reciente entrevista de  ayer. El secretario enfatizó un enfoque de “cero tolerancia” a la corrupción, con investigaciones que llegarán “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Falta ver que así sea.

En cuanto al director del penal, no se optó por un despido fulminante, sino por una separación temporal de su cargo mientras avanzan las indagatorias. Esta decisión, según fuentes cercanas al gobierno, obedece a una estrategia prudente: mantener al funcionario bajo vigilancia estrecha para evitar cualquier riesgo de fuga o destrucción de evidencia.

En palabras del propio secretario, las acciones se guían por el apego a derecho y la prioridad en la seguridad ciudadana, evitando juicios precipitados que podrían comprometer el proceso legal. De esta forma, se busca no solo sancionar, sino garantizar que los responsables rindan cuentas sin escapatorias.

Esta línea gubernamental, aunque criticable por su aparente cautela, tiene sentido en un contexto donde la precipitación podría sabotear la justicia. Ramírez Hernández insistió en el respeto a los derechos humanos de los internos y en mecanismos de atención a sus familias, lo que añade un matiz humanitario a la respuesta.

Pero la crítica persiste: ¿es suficiente una suspensión para restaurar la confianza? Tlaxcala exige más que palabras; requiere transparencia absoluta en los resultados de la Fiscalía y reformas profundas en los penales para erradicar estas sombras, ademas de transparencia en la resolución de las hojas de vida de todos los involucrados. Un jalón de orejas no basta.

Al final, este caso es un recordatorio de que la seguridad no se construye solo con protocolos, sino con acciones contundentes. El gobierno de Tlaxcala tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso es real, convirtiendo este escándalo en un catalizador para cambio. Los ciudadanos de Tlaxcala quieren, queremos, un sistema penitenciario íntegro, no uno plagado de dudas. Dudas muy razonables.

El cargo Cereso: Entre Suspensión y Vigilancia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Como en la serie mexicana “El Recluso”, donde un infiltrado desmantela una mafia carcelaria desde adentro, la realidad en Tlaxcala supera con creces la pantalla: aquí, los internos no solo son víctimas de corrupción, sino herramientas vivas para delitos externos, como asaltos y robos orquestados desde las celdas. Y lo peor: las autoridades parecen ser parte del engranaje, según la lectura del propio reo.

Imaginemos la escena: Ventura, privado de su libertad desde 2023, denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que ha sido extorsionado por mandos como los comandantes Aristóteles O. y Elionaid P. con pagos mensuales de 2,500 a 3,500 pesos para mantener su humilde empleo en el taller de pinzas, o enfrentar castigos, como falsos aislamiento o cosas peores.

“Si no le daba dinero, me decía que me iba a pasar lo mismo que a ‘la yegua’, un compañero que apareció colgado en el área de aislamiento del penal de Apizaco”, relata en su denuncia formal del 12 de junio. Pruebas en mano: transferencias bancarias SPEI, una fechada el 30 de mayo de 2023, directamente a cuentas ligadas a los acusados.

Pero el horror no se detiene en las extorsiones. Un video grabado el 31 de julio desde el interior del penal –difundido en redes y ahora bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)– expone la crudeza: golpizas sistemáticas, amenazas de muerte, robos fuera del recinto y, lo más alarmante, el uso de reos como “mano de obra” para acciones delictivas.

Según los denunciantes, ciertos internos son “liberados” temporalmente para cometer asaltos, robos o intimidaciones en el exterior, a cambio de privilegios o protección. Otros, que se niegan o dejan de pagar, “aparecen colgados” o son eliminados bajo el manto de “disciplina interna”. Es un ecosistema de terror donde el poder carcelario opera como una mafia organizada, con lujos para los cómplices y muerte para los rebeldes.

La esposa de Ventura, en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), detalla las represalias tras alzar la voz: traslado arbitrario al penal de Apizaco sin notificación, retiro de pertenencias, sanciones sin debido proceso y amenazas directas. “Sufriría un accidente”, le advirtieron, “y ya sabían cómo hacer que pareciera algo natural”.

Incluso, durante visitas, le exigen dinero para devolver objetos personales como un ventilador o una pantalla. Estas denuncias no solo apuntan a comandantes, sino a altos funcionarios como Arturo N., director general del sistema penitenciario, y Juan A., director del Cereso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) responde con investigaciones internas y “vigilancia especial” para Ventura, citando conflictos con otros reos, mientras colabora con la Fiscalía. La CEDHT, por su parte, ha emitido medidas cautelares, entrevistas y acompañamiento, enfatizando la protección contra represalias. O al menos eso dice garantizar.

Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión, asegura -a través de un boletín- que vigilan el cumplimiento, pero ¿es suficiente? En un estado donde las violaciones a derechos humanos –vida, integridad, debido proceso– parecen normalizadas, estas respuestas suenan a protocolo más que a acción decisiva.

Aquí es donde la realidad eclipsa la ficción de “El Recluso”. En la serie, el protagonista Dante Pardo infiltra el penal La Rotunda para exponer corrupción, extorsiones y asesinatos disfrazados de suicidios, con reos usados como peones en crímenes externos. Suena familiar, ¿no? Pero en Tlaxcala, no hay héroe ficticio: es Ventura, un hombre real en peligro inminente, quien grita desde su celda.

La comunidad tlaxcalteca, aterrorizada por estas revelaciones, se pregunta: ¿cuántos “accidentes” más se han encubierto? ¿Cuántos reos son forzados a delinquir para sobrevivir?. Esta denuncia no es un caso aislado; es el síntoma de un sistema penitenciario fallido, donde la reinserción social es un eufemismo para explotación. Ventura Holguín no merece morir por hablar; merece justicia. Y Tlaxcala, una sociedad que ya no puede ignorar el abismo en sus prisiones.

El cargo El Eco del Reo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La mañana del jueves 27 de junio, autoridades de Estados Unidos entregaron a Orlando N., alias “El Leches”, a sus homólogos mexicanos en el cruce fronterizo entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, como parte de un proceso de deportación. Horas más tarde, aproximadamente a las 23:30 horas, el detenido ingresó a Tlaxcala, donde enfrentará una orden de aprehensión por homicidio calificado en agravio de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El traslado se realizó por la ruta Tampico–Tlaxco, atravesando los estados de Tamaulipas, Veracruz y Puebla, en un recorrido de más de 11 horas, durante el cual se implementó un fuerte dispositivo de seguridad. Participaron elementos del Ejército Mexicano (Sedena), la Guardia Nacional, agentes especializados de inteligencia federal, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala y un sistema de monitoreo virtual del C5i, que acompañó el trayecto a su llegada a territorio tlaxcalteca.

La entrega inicial fue realizada por autoridades migratorias estadounidenses, y posteriormente el imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Tamaulipas, que notificó a su homóloga en Tlaxcala para coordinar el operativo y ejecutar el mandato judicial emitido por un juez local.

Orlando N., fue detenido en Connecticut, Estados Unidos, como resultado de un operativo internacional encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Su captura fue llevada a cabo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que se confirmara su implicación como presunto autor intelectual del linchamiento de dos policías estatales el pasado 8 de abril de 2024, en la comunidad de Xitototla, municipio de Zacatelco, Tlaxcala.

Las víctimas, Antonio Hernández Portillo y Rubén Bernabé Rocha, fueron asesinadas por un grupo de pobladores que, según la investigación de la FGJE, habrían sido incitados y agredidos por “El Leches”, presunto integrante del grupo delictivo “Los Pochos”, vinculado al Cártel de Sinaloa.

Aunque había sido deportado en dos ocasiones durante 2024, Orlando N. logró reingresar ilegalmente a territorio estadounidense, hasta ser ubicado nuevamente por las autoridades federales. La detención fue reconocida públicamente por altos funcionarios del DHS.

“Gracias a nuestra valiente policía de ICE y a sus socios federales, este criminal y fugitivo extranjero, buscado por asesinar a oficiales de la ley en México, ya no está en las calles de Estados Unidos”, declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS.

Además de los cargos por homicidio calificado, fuentes de la Fiscalía de Tlaxcala confirmaron que Orlando N., también es investigado por otros delitos graves, entre ellos secuestro, homicidio y robo a transporte de carga, lo que lo posiciona como uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen.

Tras su arribo a Tlaxcala, se le practicó su exámen médico y posteriormente fue remitido mediante operativo de seguridad, al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, desde donde enfrentará el proceso por el homicidio de dos policías estatales.

Con información de: Rene ARELLANO JR / David DAN /

El cargo “EL LECHES” YA ESTÁ EN EL CERESO DE TLAXCALA: FUE ENTREGADO BAJO FUERTE OPERATIVO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Abrir espacios de reflexión y reeducación dirigidos a hombres que permitan cuestionar las prácticas patriarcales y violencias normalizadas en sus entornos, es el objetivo principal del Modelo de Masculinidades que puso en marcha la Secretaría de las Mujeres de Tlaxcala (SMET).

Nydia Cano Rodríguez, titular de la SMET, explicó que, actualmente, el modelo ya opera en dos grupos piloto, integrados por elementos de la Academia de Policía y por personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO), con el propósito de fomentar una masculinidad más saludable, igualitaria y libre de conductas agresivas.

La iniciativa tiene sus raíces en el proyecto desarrollado en 2023, cuando se implementó un programa de reeducación para hombres agresores de mujeres, en el que participaron integrantes de anexos de Alcohólicos Anónimos, personal masculino de ayuntamientos y estudiantes de nivel medio superior.

A través de estos espacios se construyó un módulo de formación en masculinidades positiva que se integró a la estrategia de prevención de la violencia de género.

“Es fundamental que los hombres puedan reflexionar críticamente sobre cómo han aprendido a ejercer el poder y el control en sus relaciones, y avanzar hacia una convivencia basada en el respeto y el buen trato”, señaló.

Cano Rodríguez destacó la importancia de abrir espacios para aquellos hombres que desean transformar su manera de ejercer la masculinidad, desde una perspectiva libre de violencia y con mayor corresponsabilidad afectiva y social.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno del Estado, a través de la SMET, con la prevención de las violencias hacia las mujeres y el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

El cargo IMPLEMENTA SMET MODELO DE MASCULINIDADES PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ayer ese tribunal de alzada notificó a las partes involucradas la sentencia de fecha 15 de abril de 2025, “mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en contra de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que determinó absolver por unanimidad de votos a Pedro Francisco del delito de homicidio calificado”.

A través de redes sociales el despacho jurídico Rocha & Saldaña Abogados dio a conocer esta noticia y lo que dijo la Sala Penal después del estudio de los agravios del Ministerio Público, con lo cual se comprueba que a ese hombre le “fabricaron” un delito que no cometió.

En su resolución los magistrados consideraron que la “pericial en grafoscopía e incorporación de bitácoras del Hospital Covid de León, Guanajuato, demostraron que el 8 de noviembre de 2021, Pedro estuvo en dicho hospital atendiendo un servicio funerario y NO en Huamantla, Tlaxcala como acusó la Fiscalía”.

También tomaron en cuenta que la “pericial en audio y video demostró el ingreso de dos masculinos a un inmueble en Huamantla, Tlaxcala (el día del homicidio), pero NO fue posible identificar plenamente a ninguno de ellos y, por supuesto, menos a Pedro”.

Además, valoraron que “testimonios de diversas personas dieron cuenta de que Pedro, el día de los hechos, se encontraba trabajando en Guanajuato, pues lo tuvieron a la vista en el lapso comprendido entre las 14:00 y las 18:00 horas, lapso de tiempo (sic) en qué sucedieron los hechos en Huamantla, Tlaxcala”.

Otro punto considerado fue que “el Ministerio Público no podía dolerse de que el Tribunal (de Enjuiciamiento) no haya tomado en cuenta el testimonio del supuesto testigo que señalaba a Pedro, pues fue este órgano acusador quien se desistió de dicha probanza, y además pretendió incorporarlo a través de uno de sus policías de investigación, por lo que, en todo caso, era un testigo de oídas”.

UN PROCESO VICIADO

A mediados de octubre de 2024, a través de un documento mal redactado e incongruente en varios de sus párrafos, la FGJE apeló la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que absolvió y ordenó que quedara en inmediata libertad Pedro Francisco N.

Por su probable responsabilidad en la comisión de ese delito, el llamado “Inocente de Guanajuato”, estuvo poco más de dos años en prisión preventiva, pese a que desde el momento de su detención se comprobó que el día del crimen de Gonzalo N., él se encontraba laborando en su estado natal y era imposible que estuviera en el lugar del homicidio.

Después de un proceso en extremo viciado, el 12 de junio de 2024 se declaró nulo el juicio inicial y el 3 de julio -según datos de la SSPC- se informó la conformación de un nuevo tribunal de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral de Pedro Francisco.

El 19 de agosto del año pasado, sin que hasta ahora se sepan los motivos, la FGJE “se desistió del testigo Juan Farith, dado que durante todo el procedimiento no fue localizado; no obstante, presentó a dos policías como testigos de referencia, y ambos declararon lo mismo que Farith: que Pedro era el jefe y dio la orden de matar a la víctima”.

Este último dato, sin embargo, contradice la versión difundida por la entonces PGJE en su boletín fechado el 7 de septiembre de 2022, en el que informó que la detención de Pedro Francisco fue porque “se encontraron elementos de prueba suficientes de que el ahora imputado le habría disparado a la víctima al encontrarse a solas con él”.

El miércoles 11 de septiembre de 2024, tras la audiencia respectiva, las tres mujeres que integraron el Tribunal de Enjuiciamiento desestimaron las “pruebas” presentadas por el Ministerio Público y determinaron que Pedro Francisco era inocente, por lo que ordenaron su inmediata liberación.

A mediados de octubre de ese año, la FGJE -encabezada por Ernestina Carro Roldán- presentó el recurso de apelación correspondiente en contra de la determinación de dejar libre a ese hombre oriundo de San Francisco, Guanajuato.

“Efectivamente el día y la hora de los hechos el acusado realizó los actos para que la víctima fuera privada de la vida y por la tanto la participación, la responsabilidad y la comisión quedó plenamente corroborada, acreditada y justificada por parte del agente del Ministerio Público, circunstancia por la cual debe se deberá revocar la sentencia absolutoria y emitir fallo de condena” en contra de Pedro Francisco, se lee en el recurso promovido por la Fiscalía.

En ese documento el MP pidió también a los magistrados de la Sala Penal que, una vez autorizada la revocación de la resolución correspondiente “se revoque la medida cautelar de libertad que le fue concedida a la aquí enjuiciada y en su momento se señale día y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de la revisión de la medida cautelar y sea ingresado nuevamente al centro de readaptación social femenil (sic) a efecto de que la medida cautelar sea la de prisión preventiva oficiosa por tratarse de los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los de prisión preventiva oficiosa por tratarse del delito de homicidio calificado”.

Sin embargo, en su recurso la FGJ erró al referirse a la libertad de Pedro Francisco como una medida cautelar, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció su absolución del delito imputado y su libertad sin condicionamiento alguno.

Además, la Fiscalía evidenció su torpeza al referir que ese hombre “sea ingresado nuevamente al centro de readaptación social femenil”, ya que en Tlaxcala no hay ningún penal con ese nombre, pues lo único que existe es un anexo femenil en el Cereso de Apizaco y Pedro Francisco nunca estuvo recluido en esa área, sino en la destinada exclusivamente para hombres.

“Se advierte que el Tribunal de Enjuiciamiento considera dejar acéfala lo correspondiente a la probable participación del enjuiciado; sin embargo, manifiesta que opera en el presente caso la prueba insuficiente, sin embargo no especifica por qué motivo resultó insuficiente las probanzas aportadas tanto por el agente del ministerio público”, se lee en otra parte del recurso de apelación.

“Cómo se acotó en líneas anteriores se aportaron pruebas suficientes pertinentes e idóneas para sostener la acusación en contra del aquí enjuiciado por lo que resulta insuficiente que el tribunal de enjuiciamiento cite que las imputaciones hechas son insuficientes para emitir una sentencia condenatoria sin embargo de lo expuesto por todos y cada uno de los órganos de prueba aportados dentro de la presente carpeta de investigación sí se justificó más allá de toda duda razonable la participación plena del enjuiciado”, se insiste.

Al final, en su resolutivo la Sala Penal desechó todos los argumentos de la FGJE, con lo que tácitamente evidenció que a Pedro Francisco le “fabricaron” un delito.

Con información de Fabián Robles, Faro Tlax

El cargo Confirma TSJ absolución de “el inocente de Guanajuato”; se ratifica que la FGJE “fabricó” un homicidio a Pedro Francisco apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El gobierno de Tlaxcala, a través del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), entregó nueve certificados de primaria y secundaria a internas del Centro de Reinserción Social de Apizaco (Cereso). Esta acción de la administración local garantiza la enseñanza para todos los ciudadanos mayores de 15 años que por alguna circunstancia no terminaron su educación básica.

La titular del ITEA, Michaelle Brito Vázquez indicó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha pedido brindar herramientas para que los tlaxcaltecas con rezago educativo terminen la primaria o secundaria, dependiendo el caso, incluso que sean alfabetizados.

“La indicación es que nos acerquemos a toda la gente para otorgar los servicios del ITEA, porque la educación es el camino y guía para el cambio de vida de las personas que así lo desean. Los convocó a dar continuidad a su educación en los siguientes niveles”, solicitó.

Brito Vázquez felicitó a las egresadas, familiares y a los asesores del instituto que acompañaron a las internas en su proceso para terminar sus estudios, ya que, con su dedicación y compromiso con este sector de la sociedad, se tuvieron resultados favorables.

Al hacer uso de la palabra, y en representación de las graduadas, Sandra N reconoció la ayuda del ITEA, porque fue esencial para lograr terminar su primaria, por lo que con su responsabilidad de educar lo motivaron a continuar con los diferentes niveles educativos porque quiere tener una mejor calidad de vida.

“Al ingresar al anexo descubrí que la palabra clave es ayuda, por ello, agradezco al Gobierno del Estado, que, por medio del ITEA, a mi maestra y compañeros, tuve la oportunidad de superarme como persona con la culminación de mis estudios. Ahora tengo un propósito más en la vida”, señaló.

Con estas acciones, el ITEA reafirma su compromiso de cambiar la vida, por medio de la educación a los tlaxcaltecas, lo que permite que tengan bienestar al estar preparados ante las demandas que exige el mundo actual.

En el evento estuvieron, María Isabel Ramírez Flores, jueza del Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del estado de Tlaxcala; la presidenta de la comisión Estatal de Derechos Humanos, Jackqueline Ordoñez Brasdefer y Mayra Vázquez Velázquez titular del archivo general e histórico del estado de Tlaxcala.

El cargo ENTREGA ITEA CERTIFICADOS EDUCACIÓN BÁSICA A INTERNAS DEL CERESO DE APIZACO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.