Educación: Sin negocio, ni reubicación

MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
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En febrero pasado advertía aquí mismo que la reubicación de la Escuela Primaria Emiliano Zapata carecía de respaldo social y legal sólido.

Las autoridades de la SEPE-USET insistían en que el traslado a la colonia La Loma Xicohténcatl era irreversible, una “decisión tomada” para priorizar la seguridad y salud de los menores, mientras avalaban el cierre del plantel histórico junto al Mercado Emilio Sánchez Piedras.

Padres y comerciantes eran vistos como resistentes al “progreso”, pero el tiempo –y ahora la justicia– les está dando la razón.

Hoy, los padres de familia de las primarias Emiliano Zapata (turno matutino) e Ignacio Manuel Altamirano (turno vespertino) anunciaron en asamblea realizada precisamente en el Mercado Municipal un logro concreto: un amparo judicial concedido que impide, por ahora, cualquier reubicación, desalojo o demolición del inmueble.

Acudieron a la Ciudad Judicial de Tlaxcala, promovieron el recurso y obtuvieron una resolución que representa el primer triunfo real en esta batalla que lleva meses.

No es la primera vez que la gestión de Homero Meneses Hernández, titular de la SEPE, enfrenta cuestionamientos judiciales por parte de padres de familia.

Como adelanté en este mismo espacio en diciembre pasado, padres de una escuela bilingüe (náhuatl-español) en San Francisco Tetlanohcan ya habían denunciado irregularidades en procesos de preinscripción y priorización, interponiendo un juicio de amparo que alegaba violaciones al debido proceso educativo.

Media docena de familias recurrieron a instancias federales, y el juez falló a su favor, evidenciando patrones de opacidad y desacato que se repiten.

Ese antecedente no es menor: muestra que las decisiones unilaterales de la dependencia no siempre resisten el escrutinio legal cuando la comunidad se organiza.

Hoy, esta victoria en el caso Emiliano Zapata refuerza esa tendencia. No es solo una cuestión legal; es un freno a una imposición que desde el inicio mostró fisuras.

Como señalé en columnas anteriores, el proyecto oficial nunca contó con el consenso de la comunidad.

Las familias afectadas argumentaron –y el juez les dio la razón– que el traslado vulnera el derecho a la educación de sus hijos, al alterar rutinas arraigadas, accesos peatonales y la cercanía que hace funcional la vida escolar en el corazón de la capital tlaxcalteca.

Pero el impacto va más allá del aula. Los padres lo dijeron claro en la asamblea: la escuela no es solo un plantel educativo, es parte de la historia y la vida comunitaria del centro.

Su permanencia sostiene la dinámica del mercado, donde decenas de comerciantes dependen del flujo diario de alumnos, maestros y familias.

Moverla a La Loma Xicohténcatl –por más “indestructible y segura” que se pinte la nueva construcción con sus 57 millones de pesos invertidos– equivale a desmantelar un ecosistema económico y social que ha funcionado por décadas.

La SEPE y el gobierno estatal han repetido que las instalaciones actuales representan riesgos y no cumplen normas. Sin embargo, el amparo obliga a respetar el statu quo mientras se resuelve el fondo.

El propio Homero Meneses Hernández indicó que las autoridades aún no han sido notificadas formalmente, pero ya declaró y ha anticipado que acatarán la resolución.

Eso está por verse. Lo que sí es evidente es que la resistencia organizada –bloqueos, asambleas, movilizaciones– sumada al recurso judicial ha logrado lo que el diálogo oficial no pudo: poner en pausa un plan que parecía línea dura desde febrero.

Para las familias, esta escuela es más que ladrillos. Es memoria colectiva, es el lugar donde generaciones han aprendido a leer y escribir a pasos del tianguis, es el motor que mantiene vivo el pulso del centro.

Pretender borrarlo de un plumazo, sin alternativas reales que convenzan a la comunidad y con antecedentes de denuncias similares ignoradas, no solo atenta contra el derecho a la educación; atenta contra la identidad de un barrio.

Seguiremos y estaremos atentos. Porque si algo ha demostrado este caso –y el de la escuela bilingüe– es que cuando la ciudadanía se organiza y recurre a las herramientas legales, las decisiones “irreversibles” se vuelven reversibles.

La primaria Emiliano Zapata se queda –por ahora– donde debe estar: con su gente, en su lugar y al menos por ahora el negocio de la educación (como la ve el secretario de educación actual) tendrá que esperar y quizá se perderá de otro ingreso extraordinario, como su congreso NUMET