La senadora Ana Lilia Rivera Riveras se equivocó al calificar de “estúpidos” a quienes la cuestionan en los medios. Más allá de la etimología de la palabra —que remite a estupor o aturdimiento—, en el uso cotidiano y en el contexto político mexicano actual, “estúpido” funciona como un adjetivo descalificador, cargado de despre,cio y que busca deslegitimar al interlocutor en lugar de responder con argumentos.
Cuando una figura pública con fuero y tribuna recurre a ese lenguaje, envía un mensaje problemático: Ese tipo de expresiones, aunque no sean nuevas en la arena política, erosionan el diálogo democrático y contribuyen a un ambiente de hostilidad hacia la prensa.
Sin embargo, se equivocan también quienes exigen que la Unión de Periodistas (o cualquier agrupación similar) emita de inmediato un posicionamiento condenatorio contra la senadora y voy a explicar por qué.
Pedir una declaración gremial cada vez que un político descalifica a “los medios”, “la prensa” o a los cuestionadores en general, equivale a convertir a las organizaciones periodísticas en una especie de policía de la fauna política.
Eso no solo distraería de nuestra labor principal —informar, investigar, contextualizar—, sino que, paradójicamente, terminaría limitando la libertad de expresión que decimos defender.
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege tanto el derecho a informar como el derecho a opinar, criticar e incluso a expresarse de manera áspera o descalificadora.
El mismo artículo establece que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo cuando ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Las opiniones negativas, los insultos genéricos o las descalificaciones amplias entran en el ámbito de lo protegido, precisamente para evitar que el Estado —o los gremios— se conviertan en censores.
En el caso concreto de las declaraciones de la senadora, no existe base legal para considerarlas una ofensa penalmente relevante contra la libertad de expresión. De acuerdo con el Código Penal Federal las agravantes aplican cuando un delito doloso se comete con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta.
Pero para que se configure un delito perseguible, -o cualquier forma de hostigamiento— se requiere, en la mayoría de los casos, una afectación concreta y directa a personas o medios identificables. Aquí no existió jamás.
La frase de la senadora fue genérica: no mencionó nombres de periodistas, columnas, programas, periódicos ni portales específicos. Habló de “medios” o de “quienes cuestionan” de manera insistente, en plural y abstracto. Y está en su derecho de exponer lo que todos vemos: una campaña en su contra.
La jurisprudencia mexicana y los criterios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) coinciden en que las expresiones vagas o colectivas no suelen alcanzar el umbral de delito, porque no individualizan a la víctima ni demuestran dolo específico de menoscabo.
Sin embargo quien se sienta directamente aludido puede —y debe— presentar una denuncia formal para que las autoridades determinen si hay elementos; pero exigir que un gremio periodístico actúe de oficio ante una declaración genérica sería imponer una autocensura preventiva a los políticos y, peor aún, asumir que los periodistas necesitan que se les defienda de adjetivos en vez de hechos.
En síntesis y sin más paja: la senadora erró en el tono y en la elección de palabras, porque la descalificación no sustituye al argumento y solo polariza más el debate público. Sí.
Pero quienes insisten en que la Unión deba salir a “condenar” cada exabrupto genérico también yerra: eso convertiría la defensa de la libertad de prensa en un mecanismo reactivo y selectivo, justo lo contrario de lo que necesitamos como gremio.
La mejor respuesta sigue siendo -según yo- la misma de siempre: más periodismo, más preguntas incómodas y menos susceptibilidad, porque nosotros criticamos la piel sensible de los políticos y ahora reaccionamos ante este hecho.
Sigamos haciendo lo nuestro, porque si los políticos pueden opinar mal de nosotros, nosotros podemos —y debemos— seguir cuestionándolos sin pedir permiso, ni esperar pronunciamientos.
La sanción publica ya le ganó a cualquier sanción jurídica, sí, y sin embargo ella ganó reflectores, que es finalmente lo que busca cualquier actor político.
