La reforma al Poder Judicial federal es un hecho, pese al pataleo de una oposición desacreditada por culpa de personajes como Marko Cortés y Alito Moreno, buenísimos para repartirse notarías y puestos que no son precisamente del tianguis, o Ricardo Anaya, salpicado por actos de corrupción y tráfico de influencias, ya no se diga otros, como la tlaxcalteca Anabell Avalos Zempoalteca, señalada por violencia política de género por su ex correligionaria Blanca Águila.
Sin fondo moral, ese puñado de nostálgicos de los fueros, los moches y privilegios fue el que quiso orquestar un golpe de estado al permitir la invasión de la sede del Senado de la República.
Y luego trataron, muy tímidamente, de tomar la tribuna de la sede alterna donde se abordó la más importante reforma constitucional de los últimos 50 años. El mundo al revés.
La madrugada del miércoles 10 de septiembre de 2024 quedará marcada en la historia de México como el momento en que el Senado aprobó una profunda reforma al Poder Judicial, una iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
Esta reforma, que aún requiere la aprobación de 17 Congresos estatales, que dadas las condiciones será un mero trámite, ha generado un intenso debate.
Como es bien sabido, la reforma introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sin duda el punto más controvertido, ya que plantea la posibilidad de que los ciudadanos elijan directamente a los integrantes del Poder Judicial.
Con esta decisión, México se convierte en el primer país de su envergadura que va a designar a sus impartidores de justicia a través de la consulta directa a los ciudadanos. Y eso es lo que ha puesto a temblar a más de uno.
También se ha aprobado la reducción del número de ministros de la Suprema Corte. La reforma propone disminuir el número de ministros de 11 a 7.
Sin duda, la reforma busca acercar la justicia a los ciudadanos, haciéndola más transparente y democrática.
La elección popular de jueces y magistrados permitirá una mayor rendición de cuentas y evitará la perpetuación de élites judiciales, así como casos de corrupción y nepotismo, dos de las principales lacras que gangrenan al Poder Judicial, aunque también será necesario meterle mano a las fiscalías, para evitar a las fiscalas carnalas.
Además, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte ayudará a agilizar la toma de decisiones y hacer más eficiente el sistema judicial.
Lo cierto es que esta reducción en el número de ministros y la creación de nuevos órganos de supervisión requerirán una cuidadosa gestión para evitar la politización del sistema judicial.
En las próximas semanas, los Congresos estatales tendrán la responsabilidad de analizar y debatir esta reforma.
Es crucial que este proceso se lleve a cabo con transparencia, apertura y participación ciudadana, permitiendo que todas las voces sean escuchadas y consideradas.
El futuro del Poder Judicial está en juego, y es responsabilidad de todos los mexicanos construir un sistema judicial que garantice la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Una actuación cuidadosa hará olvidar las críticas a la reforma, que se han cebado en el supuesto riesgo para la independencia judicial y el Estado de derecho.
En todo caso, se debe evitar que la elección popular de jueces implique la politización del Poder Judicial o su sometimiento a presiones e influencias externas, poniendo en peligro la imparcialidad y objetividad en la administración de justicia.
Aquellos que alegan que la elección de jueces, magistrados y ministros le abrirá las puertas al crimen organizado o a la injerencia de quienes detentan el poder económico en el país, parecen obviar lo que ocurre con muchos actores políticos que se han puesto a la orden del crimen organizado, como fue el caso de Genaro García Luna, el mejor ejemplo del narcoestado que encabezó Felipe Calderón, que uso toda la fuerza del Estado para acabar con los enemigos del Chapo, misteriosamente fugado del penal de Puente Grande en tiempos de Fox.
La reforma al Poder Judicial aprobada en el Senado representa un punto de inflexión en la historia de México. Su implementación tendrá profundas implicaciones para el sistema judicial y el equilibrio de poderes en el país.
Por eso es fundamental que la sociedad esté informada y participe activamente en el debate sobre esta reforma, garantizando que cualquier cambio en el Poder Judicial fortalezca la justicia, la democracia y el Estado de derecho.
Se trata de un paso audaz hacia la democratización y la transparencia en México. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del país para equilibrar la democratización con la preservación de la independencia judicial.
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