En Tlaxcala, donde la política se entreteje con el magisterio como hilos de un tapiz raído, el Congreso local acaba de aprobar una reforma al Código Penal que suena a panacea: penas de hasta 66 años por homicidio contra docentes, agravantes por lesiones y, ojo aquí, de seis meses a dos años de cárcel más multas de 100 a 300 UMAs por “denuncias falsas” contra trabajadores de la educación. Suena a broma cuando el principal enemigo es el secretario de Educación Pública del Estado.
La iniciativa, impulsada por los diputados de Nueva Alianza Tlaxcala (NAT) —Engracia Morales Delgado y Vladimir Zainos Flores— se presenta como un baluarte contra la violencia que azota las aulas, inspirada en el trágico homicidio de un profesor a manos presuntas de un alumno y su madre, un caso que aún languidece en la impunidad.
Suena noble, ¿verdad? Protegemos al magisterio, blindamos su dignidad, castigamos el acoso. Pero rascamos la superficie y encontramos lo de siempre: una propuesta electorera, mentirosa y ridícula, con dedicatoria clara para maquillar la podredumbre de quienes más han hostigado a los maestros. Todo, con la mira puesta en las elecciones sindicales de la Sección 31 en octubre y la gubernatura de 2027.
Empecemos por lo ridículo: ¿De verdad necesitábamos una “ley especial” para sancionar calumnias contra profesores? El Código Penal tlaxcalteca ya contempla penas por difamación, injuria y denuncia falsa para todos los ciudadanos, sin distingo de profesión. No se requiere una “dedicatoria magisterial” para que un mentiroso pague por sus embustes; eso viola el principio de igualdad ante la ley y huele a segregación jurídica absurda.
Como bien lo dijo Gwendolyne Amaro, ex secretaria general de la Delegación D-III-1 del SNTE y abogada de profesión —quien generó 7 millones de pesos en presupuesto para su sección y peleó prestaciones para el gremio—, esta reforma es “una aberración demagógica, una estupidez que solo comulgan quienes no saben de derecho”. Equivale a crear penas solo para pederastas “católicos” en vez de para todos los abusadores: ridículo, innecesario y potencialmente inconstitucional.
Pero lo peor es lo mentirosa. Los promotores juran que busca “justicia pronta” y “protección integral” sin coartar denuncias legítimas. ¿En serio? Si el objetivo fuera genuino, ¿por qué no abordan las más de 90 agresiones documentadas en el último ciclo escolar, reveladas por el propio secretario de Educación, Homero Meneses Hernández?
En lugar de eso, la ley llega como un boomerang irónico: el magisterio, en redes y pasillos sindicales, la celebra a medias, pero exige aplicarla contra los verdaderos verdugos internos. “¡Que se la apliquen a Homero y a Cutberto!”, claman maestras y supervisoras, hartas de actas falsas, ceses injustificados y campañas de descrédito.
Amaro, cesada cobardemente por “violencia” contra un funcionario de Coeprist con testigos del jurídico que mintieron bajo juramento, es el caso paradigmático: Meneses la acusó de robo de almacén, plazas y pactos con proveedores vía audios y rumores venenosos. Bajo esta nueva norma, él —el “primer violador” de la ley, según ella— estaría pudriéndose en la cárcel de seis meses a dos años, más una multa que lo dejaría sin su quincena, que al año equivale a millones de pesos.
Y aquí entra lo electorero, el tufo a cálculo político que apesta desde lejos. Homero Meneses, con su historial de promesas rotas —como las reformas contra agresiones de julio 2025 que nunca aterrizó—, mitines forzados a maestros en octubre y 33.6 millones de pesos duplicados en quincenas irregulares entre 2024 y 2025, arrastra una imagen tóxica ante el gremio.
Cutberto Chávez de la Rosa, cuyo periodo al frente de la Sección 31 del SNTE expira el 27 de octubre, no va mejor: omiso ante abusos laborales, acoso vía Rafael Flores Bañuelos (laborales); América Guadalupe Paredes Hernández y con un Comité Nacional que podría convocar elecciones si los “ánimos están calmados”.
Esta ley cae como anillo al dedo: una gira triunfal para presumir “blindaje al magisterio”, vendiendo espejos a un gremio que sabe de sus cochinadas. Candidatos como Lidia “Caritina” Olivera Coronel, Gloria Solís Lima, o Justo Lozano Tovar, ya pulen sus planillas, pero sin esta cortina de humo, su camino sería más pedregoso rumbo a 2027.
La diputada Morales Delgado, maestra de profesión, invocó a la Suprema Corte y la Corte Interamericana para hablar de presunción de inocencia y debido proceso. Bien por ella, pero ¿dónde estaba esa indignación cuando Homero Meneses obligaba a docentes a eventos partidistas o cuando el jurídico fabricaba delitos de sedición? Esta reforma no es reflexión por el homicidio no esclarecido —con rumores de hostigamiento homosexual que nadie investiga—; es un parche para inflar votos en una transición sindical caliente y una gubernatura en el horizonte.
El magisterio, insustituible como dice la propuesta, clama entornos de paz reales: fin al acoso laboral, transparencia en presupuestos y justicia sin dedicatorias. Si Homero y Cutberto quieren redimirse, que empiecen por aplicarse la ley que tanto alaban -aunque la retroactividad juega a su favor-. De lo contrario, quedará como lo que es: un chiste ridículo, una mentira con fecha de caducidad electoral. El 2027 se acerca, y el magisterio no olvida.
