El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplió 97 años desde su fundación el 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), recuerdo a mi profesor Guillermo Ruiz hablándonos de ese tema en la universidad.
En Tlaxcala su presencia ha sido tan profunda que en muchos hogares aún se respira su historia, pero esa longevidad también deja un saldo doloroso de impunidad, corrupción y violencia que marcó generaciones enteras.
Desde la posrevolución y durante décadas el PRI gobernó Tlaxcala de manera casi ininterrumpida. Ese control prolongado consolidó un entorno donde la impunidad permitió que redes criminales echaran raíces profundas.
El estado se convirtió en epicentro nacional de la trata de personas, particularmente en municipios como Tenancingo, donde familias como “los Padilla” operaron durante años con mínima interferencia.
Informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y organizaciones internacionales documentan cómo las instituciones locales, como la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado -hoy Fiscalía-, ignoraron denuncias de manera sistemática, facilitando la explotación sexual de mujeres y menores, muchas de ellas exportadas a Estados Unidos y otras regiones del país.
Miles de casos de secuestros, violaciones y explotación se vinculan a esa protección estructural que se profundizó bajo el dominio priista en el poder estatal.
En 1968, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, ocurrió la Masacre de Tlatelolco, cuando el ejército reprimió brutalmente a estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, dejando cientos de muertos (estimaciones entre 300 y 500), miles de heridos y desaparecidos.
Tres años después, en 1971, durante el gobierno de Luis Echeverría, los paramilitares conocidos como “Halcones” atacaron una marcha estudiantil, matando a decenas de personas.
Ese episodio formó parte de la llamada Guerra Sucia, una campaña de represión contra disidentes que bajo Echeverría y José López Portillo dejó miles de desaparecidos, torturados y ejecutados en distintas regiones del país.
En 1988 el fraude electoral que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia frente a Cuauhtémoc Cárdenas evidenció la manipulación de instituciones electorales. Durante los años ochenta, bajo López Portillo y Miguel de la Madrid, la deuda externa se disparó hasta provocar la crisis de 1982, cuyos efectos se prolongaron por años.
En 1994 el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio en Tijuana simbolizó las tensiones internas del partido y posibles nexos con el narcotráfico, marcando un punto de inflexión.
Ese mismo año estalló la crisis del peso, heredada del salinismo pero gestionada bajo Ernesto Zedillo, dejando a millones en la pobreza.
En 1995, durante el gobierno de Zedillo, la policía estatal mató a 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero. Dos años después, en 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por paramilitares ligados al PRI en la Masacre de Acteal, Chiapas. ¿quién olvidaría un legado así?
Pero centrándonos en nuestra patria chica, aquí en Tlaxcala la alternancia llegó en 1998, cuando Alfonso Sánchez Anaya ganó la gubernatura con una coalición opositora encabezada por el PRD, rompiendo décadas de control priista.
Y fue ahí al final de su sexenio en el año 2000 cuando se destapó el escandaloso Pemexgate, donde fondos de la paraestatal se desviaron para financiar campañas priistas.
En 2011 inició el gobierno del priista Mariano González Zarur, que duró hasta 2017. Durante esa administración se denunciaron presuntos vínculos entre figuras políticas y redes de proxenetismo con protección institucional.
Al cierre de su mandato las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y revisiones locales revelaron irregularidades millonarias: desvíos en obras públicas, contratos inflados y daños patrimoniales que alcanzaron cientos de millones de pesos, afectando sectores clave como salud y educación. Su última herencia fue Marco Antonio Mena Rodriguez que, a toro pasado, acabó escupiendo y rechazando.
Hoy, mientras el dirigente estatal del PRI en Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, llama a “regresar al partido a su esplendor” y critica con vehemencia las reformas de Morena como “blindajes autoritarios”, resulta irónico recordar que bajo el largo reinado priista las instituciones se usaron precisamente para blindar impunidades mucho más graves.
Cuando Padilla descarta denuncias por actos anticipados porque “no hay proceso electoral vigente” y opta por la tibieza ante temas como la inseguridad —reconociendo incluso que vive con miedo—, uno no puede evitar pensar en cómo esa misma prudencia selectiva permitió que la trata floreciera en Tenancingo durante décadas de gobiernos priistas, o que auditorías revelaran desvíos millonarios sin que nadie terminara en la cárcel.
Habla de devolver el voto a los ciudadanos y de independencia electoral, pero olvida convenientemente que en 1988 el PRI manipuló el conteo para robarle la presidencia a la oposición, o que en Tlaxcala el “esplendor” que evoca dejó hospitales sin medicinas y comunidades reprimidas.
Es curioso: el PRI critica el autoritarismo actual con la misma pasión con la que ejerció el suyo propio durante 70 años.
Al final, estos 97 años dejan un legado mixto, pero los episodios de masacres, corrupción rampante, impunidad y violencia institucionalizada sepultaron al partido a la confianza ciudadana.
Todo eso contribuyó a la inestabilidad que aún persiste. En Tlaxcala, como en el resto del país, esa memoria obliga a una reflexión crítica para no repetir errores.
El partido enfrenta hoy el desafío de confrontar su historia sin adornos, aunque algunos prefieran maquillarla con discursos de renovación que pocos creen. ahí están las urnas para confirmarlo.
