El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha anunciado este martes la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el presunto cobro de sobornos millonarios del expresidente priista Enrique Peña Nieto por parte de los proveedores del malware Pegasus.
“Desde principios de la Administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con pruebas suficientes. Estas aumentan con este nuevo caso, donde sí se dan ya informes específicos claros, muy precisos, de una relación con empresas que vendieron Pegasus”, dijo.
Todo lo anterior lo confirmó el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Gertz ha aclarado que aún no cuentan con la documentación y que la pedirán al Gobierno de Israel.
La información que vincula al exmandatario con los patrocinadores del software de espionaje fue revelada por el periódico israelí The Marker la semana pasada.
La publicación se enmarca en una disputa legal entre dos empresarios israelíes que dicen haber realizado una “inversión” conjunta de 25 millones de dólares para obtener contratos con el Gobierno mexicano, encabezado por Peña Nieto entre 2012 y 2018.
No está claro todavía si la totalidad de esa cantidad habría sido destinada al propio expresidente o si involucró a otros responsables públicos.
El fiscal general ha dicho que reclamará oficialmente a las autoridades locales la información publicada por este medio para “incorporarla a una carpeta y poder seguir adelante” con las averiguaciones
No se ha mostrado, sin embargo, muy optimista con respecto a la disposición del país a entregar la documentación necesaria, dados los desencuentros anteriores.
“Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa.
Tenemos casos que están ahí detenidos y que llevan ahí varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida“, ha manifestado.
Los casos a los que hace referencia tienen que ver con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, sobre el que penden varias acusaciones de tortura y desaparición forzada por el llamado Caso Ayotzinapa, el proceso que investiga la desaparición de 43 estudiantes normalistas hace 10 años a manos de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado
Zerón se encuentra prófugo de la justicia en Israel, que se ha negado a extraditarlo pese a la insistencia del Gobierno mexicano para que responda ante los tribunales nacionales.
Enrique Peña Nieto, que vive entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, ha negado tajantemente las acusaciones en su contra.
“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno”, publicó en su cuenta oficial de X este domingo.
Más tarde, durante una entrevista en Radio Fórmula, detalló que él nunca se involucró en la asignación de los contratos a ningún proveedor.
“No es mi tarea”, justificó, y añadió que tampoco conoce a ninguno de los dos empresarios que alegan haber realizado los millonarios pagos a cambio de contratos, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, este último, dueño de Grupo KBH, proveedor de Pegasus en México.
El programa fue oficialmente adquirido por Gobiernos anteriores para realizar labores de inteligencia y combate al crimen organizado, pero más tarde se descubrió que había sido utilizado para espiar ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
La Fiscalía ha intentado procesar a los responsables públicos que participaron en la compra del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, sin embargo las pruebas son insuficientes según ha referido este lunes el fiscal.
“Hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratifiquen los elementos para que se puedan judicializar, y hasta el momento no nos lo han entregado”, ha dicho.
A los episodios ya conocidos, se suma ahora el del expresidente Peña Nieto, cuyo futuro judicial depende de la buena voluntad y la predisposición a colaborar del Gobierno de Netanyahu y en el caso de México la disposición de Gertz Manero que desde el gobierno de López Obrador no ha puesto mucha atención a aclarar los señalamientos en su contra.
Pablo Gómez Álvarez de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco ha dado señales de querer aclarar la peste que ha dejado peña desde su paso por Edomex o por el sexenio mexicano.
Con todos estos antecedentes uno acaba por preguntarse si la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y otros organismos, de verdad son algo que lamentar, o solo los extrañarán quienes pierdan su silla y la nómina.
En todos estos años de “servicio al país” de poco o nada han servido, pues basta observar para preguntarnos: qué han aportado para que los políticos se mantengan lejos de la opacidad, o qué tanto han evitado la impunidad. La respuesta todos la tenemos.
No olvide usted que en el caso de Tlaxcala la estafa maestra también llegó y Narciso Xicoténcatl nunca rindió cuentas y la Universidad Politécnica de Tlaxcala región Sur no recuperó un solo peso, ni se supo de algún proceso en contra del hombre de izquierda que acabó sucumbiendo a las delicias que ofrecía el tricolor.
La trama que encabezó la ex jefa de gobierno de la CDMX, por las siglas del PRD, Rosario Robles, tampoco tuvo efectos en ella, que acabó saliendo de la cárcel y hasta un “usted disculpe” le acabaron dando. Así que Pegasus, Estafa Maestra, Peña Nieto y Aeropuerto de Texcoco y Rosario Robles son palabras suficientes para un glosario digno de cualquier investigación de la UIF pero no lo diga en voz alta, no se vaya a molestar Pablo Gómez y nos vaya a sancionar por ofender al licenciado Peña.
