La tarde de ayer los diputados de la LXV legislatura cumplieron a cabalidad la tarea asumida desde el primer día de su llegada al congreso estatal. Levantaron el dedo indice para autorizar el presupuesto que el grupo en el poder exigió, aunque digan que hubo modificaciones.
Y es que de acuerdo con el dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, existe un recorte de mil 96 millones 64 mil 224 pesos, respecto de la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo local.
No sabemos si Nydia Cano Rodríguez se mantendrá al frente de la institución responsable de las políticas públicas de su género (Instituto Estatal de la Mujer), que se transformará en secretaría de la Mujer, pero ya sea que llegue ella, o Marcela González Castillo, tendrán una bolsa superior a los 20 millones de pesos. Laura Yamil del PRD pidió 30 MDP, pero su propuesta no prosperó.
Luego de tan sesudos análisis los legisladores acordaron que el gobierno del estado administrará 20 mil 589 millones 509 mil 721 pesos, lo que representa un 2.04 por ciento menos que lo etiquetado en este año, que fue por el orden de los 21 mil 18 millones 806 mil 286 pesos.
Para que el diputado Vicente Morales Pérez continúe acrecentando su fabrica, y los demás miembros del poder ejecutivo aumenten sus cuentas bancarias los diputados aprobaron un gasto al Poder Legislativo por 381 millones 709 mil 394 pesos para el 2025. El incremento respecto al año en curso es del 7 por ciento.
La oficina que encabeza Arturo Lucio Salas Miguela, conocida como Órgano de Fiscalización Superior (OFS) tendrá 92 millones 710 mil 548 pesos, que representa 3.85 por ciento más a lo de este año (sin tomar en cuenta sus gestiones propias ante los ayuntamientos, como ya lo han señalado) y finalmente al Poder Judicial le dotaron de 515 millones 903 mil 410 pesos, representando un 7 por ciento más.
Para los organismos autónomos los diputados les otorgaron 967 millones 471 mil 773 pesos, significando un incremento de 61.69 por ciento. El desproporcionado crecimiento se justifica con el agregado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ).
Apenas la semana pasada platicabamos en este mismo espacio con Antonio Aquiahuatl, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a quien también le sorprendió la cantidad de 505 millones de pesos que tendrá la oficina de Ernestina Carro Roldán, pues además de que casi 400 millones se irán a salarios, existe un incremento descomunal de los dineros pues del 2024 al 2025 se le sumaron 174 millones 891 mil 966 pesos.
Entre los grandes perdedores está el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que recibirá 47 millones 10 mil 768 pesos, el sueño guajiro de Miguel Nava Xochitiotzi era de 74 millones, sin que los resultados de su gestión pudieran respaldar tan absurda requisición.
Así que la unanimidad de votos que se presume por parte del pleno del Congreso local no tendría que ser así de celebrada, porque esos 28 mil 33 millones 819 mil 169 pesos podrían incrementarse dependiendo de qué tan habilidosos sean los titulares de cada poder, que a través de la “gestión” podrían allegarse de otros ceros más.
La basura, la madera de la Malinche y el cobro por permisos de construcción o hasta la expedición de actas en el registro civil resultarán en una caja chica, por eso al responsable de las finanzas en Tlaxcala poco le inquieta la disminución de esos 21 mil millones de pesos, sabe en el 2025 menos es más y que de la “pepena” llegará suficiente para pagar las lealtades.
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