Los rencores administrativos son parte del Nuevo Modelo de la Escuela Tlaxcalteca. Todos sabemos que la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos del Estado (SEPE-USET), bajo el mando de Homero Meneses Hernández, han sido un hervidero de tensiones desde hace años y ahora busca rematar esa confrontación con un “cheque” muy elevado que podría costar varias vidas.
Lo que esta semana parecía una medida preventiva razonable —adelantar las vacaciones escolares por riesgos de influenza A (H3N2) y frentes fríos— se ha convertido en el más reciente capítulo de un conflicto crónico con la Delegación D-III-1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el grupo que representa al personal administrativo y docentes comisionados en oficinas centrales.
Oficialmente, el oficio emitido por Meneses el 15 de diciembre de 2025 es “creíble”: no hay emergencia sanitaria, solo prevención. Se suspenden clases desde el 17 de diciembre para proteger a niños y adolescentes, se refuerza la vacunación y se pospone el regreso hasta el 12 de enero de 2026.
El secretario ha sido firme: con presuntas visitas a escuelas que desacataron la orden y amenazas con sanciones administrativas o incluso la cancelación de incorporación a la SEPE-USET. Todo en nombre de la salud, argumenta, agravada por la altitud de Tlaxcala y la meta de vacunación infantil no cumplida.
Pero, como denuncia Pablo Noé Zárate Nava, secretario general de la D-III-1, en una entrevista con mi amigo Néstor Jiménez, la medida no aplica igual para todos.
Y es que mientras estudiantes y docentes escolares van a casa, el personal de oficinas centrales —muchos con familias vulnerables, niños en edad escolar o padecimientos crónicos— debe seguir laborando.
Peor aún: se les obliga a asistir a un convivio para este fin de año con cerca de 1,500 personas, planeado para este viernes. ¿Un foco de contagio mayor que cualquier aula? Sin duda. No dudo que vayan sobre todo para desquitar un poco del dinero que les pidieron. ¿Incongruente con el discurso preventivo? Totalmente.
Zárate Nava presentó un oficio formal el 16 de diciembre solicitando el fundamento legal para esta exclusión, invocando principios de igualdad y no discriminación. Respuesta: silencio oficial, salvo una mediación tibia del líder seccional Cutberto Chávez que solo ofreció “quizá” el viernes libre si no hay actividades. Ya se sabe que ese cuerpecito pertenece a Meneses Hernández.
Por eso el delegado delegacional lo ve claro: discriminación y exposición deliberada a riesgos, en un contexto donde la “super gripe” circula a nivel nacional.
Y aquí entra el historial que hace creíble la acusación de ambigüedad —o algo peor— en Meneses. Desde su llegada al sector educativo, la D-III-1 ha sido un dolor de cabeza para él.
Tomas de instalaciones en 2022 por presunto acoso laboral y despidos injustificados; audios filtrados donde ordenaba humillar a comisionados mandándolos a “lavar coches” si no había tareas; protestas por prestaciones y autonomía sindical.
La delegación, entonces liderada por Gwendolynee Amaro Ramirez, lo acusó repetidamente de intentar debilitarlos, recuperar control con checadores biométricos o investigaciones selectivas. Meneses respondía con firmeza, defendiendo la “legalidad”, pero el patrón de confrontación es innegable.
Hoy, con rumores de que Meneses busca salir “por la puerta grande” —quizá hacia la política, con esta “pachanga” como despedida pagada con recursos públicos—, obligar precisamente a esta delegación crítica a concentrarse en un evento masivo huele a ajuste de cuentas.
¿Por qué exponer a quienes históricamente lo han desafiado, mientras protege a los vulnerables en las escuelas? La salud como pretexto selectivo no es nuevo en burocracias, pero aquí roza lo personal.
La SEPE-USET debería ser un espacio de equidad laboral, no de rencores administrativos. Si la prevención es genuina, debe ser para todos: base trabajadora incluida.
De lo contrario, el doble discurso de Meneses no solo arriesga contagios, sino que erosiona la confianza en una institución y en un gobierno que, al final, sirve al millón de tlaxcaltecas que dependen de la educación pública.
La delegación D-III-1 no pide privilegios; pide coherencia y la entidad no aplaude estos convivios obligatorios en tiempos de “prevención”. ¿O acaso las oficinas centrales de la SEPE-USET están blindadas de esta nueva cepa?
