Tlaxcala vive días de alta tensión social en Atlangatepec. El proyecto del Polo de Economía Circular (Podecibi), impulsado por la Semarnat y el gobierno estatal ha pasado de ser una declaratoria formal en el Diario Oficial de la Federación a un foco de confrontación.
El enfrentamiento del pasado 24 de junio, donde técnicos e investigadores fueron retenidos y agredidos por habitantes de San Pedro Ecatepec, desnuda un conflicto que trasciende el ámbito local y refleja patrones nacionales preocupantes. Esto tiene antecedentes en otras entidades.
Los hechos son claros. Un grupo de especialistas acudió al predio de la exhacienda San Pedro Ecatepec para realizar estudios técnicos y de impacto ambiental.
Según el testimonio de una de las investigadoras, fueron retenidos durante horas, intimidados y agredidos físicamente, con daños a vehículos y afectaciones personales.
“Entendemos la inconformidad, pero nada justifica la violencia”, señaló la técnica, quien junto con sus colegas presentó denuncias penales al día siguiente. El gobierno justifica la intervención policial como necesaria para proteger al personal técnico y garantizar el orden.
Desde el lado de las comunidades, persisten temores fundados: posible contaminación de tierras agrícolas, ganaderas y, sobre todo, de la presa y Laguna de Atlangatepec.
Acusan opacidad, falta de consulta genuina y que los estudios parecen un mero trámite antes de una imposición. El proyecto promete empleo, reciclaje de PET, vidrio y cartón, y cierre de tiraderos a cielo abierto. Sin embargo, la desconfianza acumulada por décadas de megaproyectos mal gestionados pesa más que las promesas.
Morena y el gobierno estatal defienden el Polo como un avance hacia la “basura cero” y la economía circular. Las voces oficiales insisten en que solo están en fase de estudios, no de obras, y acusan a la oposición de desinformación y politiquería.
La postura es consistente con el estilo de la administración: priorizar proyectos de infraestructura estatal y federal, incluso frente a resistencias locales, recurriendo al diálogo condicionado a la seguridad.
El PAN, a través de figuras como Ángelo Gutiérrez, ha asumido el rol de fiscalizador. Exigen transparencia total en los estudios de impacto ambiental (MIA), consulta ciudadana real y protección del recurso hídrico.
“Es una causa ciudadana, no partidista”, afirman. Su posición resulta coherente con su rol opositor actual, aunque en el pasado, cuando han tenido poder, también enfrentaron críticas por falta de inclusión en temas ambientales.
Movimiento Ciudadano, particularmente Delfino Suárez “El Changuito”, aparece en un terreno más gris. Aunque no hay declaraciones directas contundentes, versiones gubernamentales y medios locales lo vinculan a las protestas, sugiriendo posibles intereses en un relleno sanitario privado alternativo. De confirmarse, esto restaría credibilidad a una supuesta defensa “ambiental pura”.
Lo ocurrido en Tlaxcala no es aislado. En Hidalgo, el primer intento de Polo de Economía Circular en Tula fue rechazado en consulta ciudadana en diciembre 2025, con victoria del “No”. El proyecto se reubicó.
En Puebla, protestas contra plantas de reciclaje y nuevos sitios de residuos han enfrentado a comunidades con autoridades, incluso durante visitas presidenciales.
Casos históricos como la incineradora de Tizayuca o conflictos por rellenos en Edomex y Veracruz muestran el mismo guion: promesas de sustentabilidad versus temor a contaminación, falta de confianza y escalada de tensiones cuando se percibe imposición.
Estos conflictos revelan un problema estructural. La Ley General de Economía Circular busca modernizar la gestión de residuos, pero choca con una ciudadanía cansada de megaproyectos impuestos desde arriba. La brecha entre el discurso técnico-científico (estudios rigurosos) y la percepción ciudadana de “formalismo” es profunda.
El Polo de Atlangatepec puede ser una oportunidad real de desarrollo sustentable si se construye con legitimidad. Para ello se requiere más que estudios técnicos: consulta vinculante, transparencia absoluta en los resultados ambientales y garantías de no afectación al agua y la salud pública.
La violencia de ningún lado ayuda; ni la agresión a investigadores ni operativos que parezcan excesivos.
En un contexto preelectoral, el riesgo es que el tema se convierta en mero botín político.
Morena debe demostrar que su compromiso con el “pueblo bueno” incluye escuchar cuando el pueblo dice “no así”. La oposición debe evitar instrumentalizar el descontento sin proponer alternativas viables.
Tlaxcala y el país necesitan transitar hacia una verdadera economía circular, pero ese tránsito solo será exitoso si se construye con las comunidades, no contra ellas. La pelota está en la cancha del gobierno.
