El 4 de agosto de 2021, el entonces canciller Marcelo Ebrad, en representación del Estado mexicano, presentó una demanda civil en una corte de Boston, dirigida contra los principales fabricantes de armas: Smith & Wesson, Colt, Barrett, Beretta y Glock, entre otros. Nunca antes se había emprendido una acción legal semejante. La demanda acusaba a las armadoras de ser las responsables indirectas de miles de muertes violentas ocurridas en México.
De entrada, la acción legal parecía condenada al fracaso, pero al menos sentaba un precedente. Y efectivamente, la justicia estadunidense desechó la demanda con un alegato que roza lo pueril: los armadores no eran responsables de lo que sus compradores hicieran con los artefactos: si tenemos la costumbre de matarnos a balazos, culpa nuestra. Pura lógica del absurdo capitalista. Sin embargo, se conquistaba una cabeza de playa en el sistema judicial de aquel país para futuras acciones.
Atención con este dato: cada minuto entra ilegalmente a México un arma procedente de Estados Unidos. Y así hasta 500 mil artefactos de fuego al año. Es una de esas cifras que se quedan grabadas a fuego en la memoria. El dato lo consigna Fernando Coca Meneses en su libro Balas con remitente. El tráfico de armas de Estados Unidos a México (Porrúa, 2026), del que tuve el gusto de presentar hace unos días.
La investigación de Fernando es su respuesta a la negativa de los jueces estadunidenses de darle curso a la demanda de Ebrard. En poco más de 100 páginas, se ofrece un sucinto pero poliédrico panorama sobre el trasiego de armas desde la Unión Americana hasta nuestro país
Coca Meneses plantea una hipótesis central para su investigación: las armas que vienen de allá, sostienen el tráfico de fentanilo que ahoga a miles (¿millones?) de personas al otro lado de la frontera. Los dos países pierden, por las víctimas de las balas y de las dosis. Solo ganan los fabricantes de armas, los traficantes, los grupos delincuenciales y, por supuesto, los funcionarios corruptos de ambos lados de la frontera.
Lamentablemente, ese flujo de armas tiene una profunda raíz histórica. Se remonta a los años de la guerra de Independencia de la Nueva España (a Hidalgo, Allende y Aldama los prendieron en Acatita de Baján, cuando se dirigían a Estados Unidos, donde esperaban reagruparse… y conseguir armas). Los liberales de Juárez también consiguieron rifles y balas al otro lado del río Bravo, y qué decir de los revolucionarios de 1913, como Villa, que compraba fusiles Winchester 30–30 a mansalva.
De lectura ágil, Balas con remitente mueve a la reflexión y a la indignación. Hay un equilibrio entre la amplia documentación, los datos duros y el apunte editorial; se vuelve casi inapelable en términos argumentativos. Apunta a los cabilderos que riegan generosamente las campañas de demócratas y republicanos; y destaca el papel de la Asociación Nacional del Rifle, la poderosísima organización que ataca cualquier intento por regular la venta y posesión de armas en territorio estadunidense; e identifica las rutas seguidas por los maleantes (al menos una de ellas pasaría muy cerca de Tlaxcala).
“Tal vez en algún momento nos hemos encontrado en la carretera con un camión repleto de armas ilegales, y no nos enteramos”, nos advirtió Fernando el día de la presentación (por cierto, le agradezco a mi queridísimo bróder Martín Rodríguez y a Humberto Hernández, organizador del evento, por la invitación para comentar el libro, y, por supuesto, a Fernando Coca, por la extraordinaria investigación)
Con todas estas virtudes — escalofriantes virtudes, si me permiten la figura—, Balas con remitente se convierte en un referente de lectura obligada para periodistas, investigadores y público lego. Como señalé el día de la presentación, en cada casa debería haber un ejemplar de este volumen.
Para cerrar, quiero destacar otra de las muchas virtudes del trabajo de Fernando Coca; me refiero a una serie de propuestas que formula hacia el final del volumen, que podrían ayudar a atenuar o de plano erradicar este comercio ilegal y de funestas consecuencias: implementar trazabilidad binacional obligatoria en armas vendidas cerca de la frontera; crear listas negras de tiendas y distribuidores que venden armas a criminales; modificar leyes en Estados Unidos para permitir demandas contra fabricantes negligentes; establecer una agencia binacional de control fronterizo; publicar registros en línea de armas incautadas en México; y exigir a Estados Unidos medidas regulatorias.
Se antoja muy difícil, pero los primeros pasos ya se dieron (como la demanda presentada por Ebrard en 2021 y este mismo libro). Pero las acciones se tienen que emprender para detener este río de hierro (la imagen es de Fernando Coca), para que no siga desembocando en el mar de sangre en que se ha convertido el país.
CON INFORMACION DE: YASSIR ZARATE/ LA JORNADA DE ORIENTE
