Este miércoles 11 de junio, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) hizo entrega de 36 constancias de mayoría a las y los magistrados, jueces y juzgadores que resultaron electos el pasado primero de junio, en un proceso enmarcado por la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
La ceremonia, encabezada por Emmanuel Ávila González, presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), fue un hito en la renovación del sistema judicial tlaxcalteca, pero también dejó entrever fisuras que podrían desatar una tormenta de impugnaciones, o al menos así parece.
Con un abstencionismo del 87 por ciento, la elección judicial reflejó un desencanto ciudadano que no puede pasarse por alto. Sin embargo, el Consejo General del ITE justificó las asignaciones basándose en la proporcionalidad de votos, criterios de elegibilidad y paridad de género.
Así, figuras como Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián Aguilar y Enrique Acoltzi Conde asumirán magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
En el Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura, se designó a Violeta Fernández Vázquez, Dora Delia Hernández Roldán y Juan Pablo Tena Ochoa, aunque la exclusión de Claudia Cervantes Rosales, quien obtuvo más votos que Tena Ochoa, ya genera murmullos de inconformidad. Casos similares se repiten en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde Águeda Zempoalteca Pérez quedó como sustituta pese a su respaldo electoral.
La lista de asignaciones es extensa: desde Martha Zenteno Ramírez, Luz María Vázquez Ávila y Manuel Vázquez Conchas en el Tribunal de Justicia Administrativa, hasta juzgadores como Gabriela Flores Domínguez, Alfredo Pérez Águila y Edith Vázquez Juárez en juzgados especializados.
En los distritos judiciales, nombres como Diana Laura Cuapio Mendieta, María Fernanda Domínguez Jiménez y Angélica Flores Vázquez destacan entre los designados. Sin embargo, la aparente pulcritud del proceso se tambalea ante un hecho innegable: las acciones afirmativas, pilar de la reforma judicial, no parecen haberse aplicado con la rigurosidad esperada.
A partir de este día iniciará el periodo de impugnaciones, y todo indica que varias de las personas excluidas, como Cervantes Rosales o Zempoalteca Pérez, buscarán revertir las asignaciones.
Si logran demostrar que los criterios de paridad, equidad o representatividad fueron vulnerados, los tribunales electorales podrían darles la razón. Esta posibilidad no solo pone en duda la legitimidad de algunas designaciones, sino que mantiene en vilo la conformación definitiva del Poder Judicial en Tlaxcala pero aún si no presentan los argumentos necesarios podrán fortalecer su figura de cara al 2027 para contender o vender sus canicas en la sucesión y de mi se acordarán.
Sea como sea descontento ya se percibe. Quienes se sienten agraviados por el proceso no solo cuestionan la transparencia, sino también la capacidad de diversos actores para garantizar que las acciones afirmativas, diseñadas para incluir a sectores históricamente marginados, se traduzcan en resultados concretos.
La interpretación de este columnista es clara: mientras las reglas del juego no se apliquen con justicia, la renovación judicial seguirá siendo un edificio a medio construir y en esta labor van varias instancias involucradas.
Tlaxcala merece un Poder Judicial sólido, independiente y representativo. Hoy se dio un paso importante, pero las impugnaciones que se avecinan podrían redibujar el panorama.
La ciudadanía, aunque ausente en las urnas, estará atenta a cómo se resuelven estas tensiones, porque en la justicia, como en la vida, no basta con entregar constancias, también hay que ganarse o recuperar la confianza.
