En Ocotlán el agua no llega, pero las promesas sí se evaporan. El pozo de Tlacomulco —construido, equipado, probado y con una factura cercana a los 4 millones de pesos— lleva casi dos años listo para funcionar y, sin embargo, sigue secuestrado en el limbo burocrático de las autoridades.
Ni la gobernadora Lorena Cuéllar, que lo anunció a bombo y platillo en Mirasol, ni el Ayuntamiento de Tlaxcala han cumplido la entrega a la Comisión de Agua Potable de Ocotlán (CAPAO). El control sigue en manos de CAPAM y de Infraestructura del Estado, mientras cerca de ocho mil personas en Tlacomulco, Galeana, La Escamela, El Rincón y Tejocote se las arreglan con mangueras de bajo caudal y tinacos a medio llenar.
El pozo viejo de Tlacomulco ya no da para más: pasó de 35 a apenas 17 litros por segundo después de que perforaran otro en Loma Bonita. El déficit es real, el sufrimiento también. Y la respuesta oficial ha sido la misma de siempre: solicitudes, firmas, vueltas y más vueltas administrativas, sobre todo ahora.
Por todo esyo este domingo 6 de septiembre, a las 10 de la mañana, los habitantes de Ocotlán se reunirán en asamblea para decidir qué hacer frente a la negativa. No es un acto simbólico, es el hartazgo organizado de una comunidad que ya no cree en los discursos de “revisaremos el asunto”.
Y aquí entra el alcalde interino Carlos López Suárez, pues según testimonios de los propios vecinos, el sustituto de Alfonso Sánchez García simplemente “no sabe” del tema… y, lo que es peor, “no le interesa saber”.
Esa declaración, dicha con la naturalidad de quien no tiene poder real, confirma lo que muchos ya sospechaban: López Suárez no manda, solo obedece; es el perfecto operador de una cadena de mando que decide desde arriba y responde con silencio desde abajo.
La salida de Alfonso Sánchez García y de Víctor Hugo Gutiérrez Morales del Ayuntamiento no cambió nada y de hecho confirma que el problema nunca fue de un solo hombre. Es estructural.
Mientras tanto, el conflicto por el control del agua en Ocotlán se arrastra desde hace años: marchas, amparos, intentos de sellar oficinas de CAPAO, elecciones comunitarias amañadas y hasta repetidas, acusaciones de intereses políticos detrás de la municipalización del servicio.
El pozo de Tlacomulco es solo el episodio más reciente de una disputa más grande: ¿quién manda realmente sobre el agua de Ocotlán o quién la quiere administrar conociendo el valor del oro liquido?.
Esto es una obra terminada y pagada con dinero público que no llega a la gente, un alcalde interino que se desentiende, una gobernadora que anunció y luego olvidó, y una comunidad que este domingo decidirá si sigue esperando o si pasa a la presión social.
