La salida de Homero Meneses Hernández de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) de Tlaxcala, anunciada el mismo 15 de julio de 2026 en que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) publicó el Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, no parece casualidad.
Coincide con un diagnóstico que deja al descubierto fallas estructurales en el control interno, la nómina y el ejercicio del gasto de una dependencia que maneja más de 1,532 millones de pesos en participaciones estatales y con el 98.8% auditado eso refleja más que opacidad y abuso: un robo.
Según el OFS, se formularon 87 observaciones, de las cuales 38 corresponden a probable daño patrimonial. Aunque la dependencia solventó 71 (81.6%), quedaron pendientes 16, incluyendo un daño patrimonial definitivo de 131 mil 685.46 pesos por insumos de cafetería cuya recepción no se acreditó. Inicialmente se observaron más de 34 millones.
Así que a semanas de su dimisión persisten irregularidades graves: 161 servidores públicos con incompatibilidad de empleo y horario (de 288 observados inicialmente), 70 metas institucionales reportadas como cumplidas sin evidencia documental, inconsistencias entre CFDI de nómina y registros contables, pagos sin deducciones por inasistencias (493 mil pesos), y docentes “fantasma” o fuera de su centro de adscripción que percibieron más de un millón de pesos.
No es la primera vez. Auditorías previas (2023 y 2024) ya habían señalado pagos en exceso, aviadores (hasta 317 en un reporte), duplicidad de funciones, gastos sin comprobación y rebasas a tabuladores.
La SEPE operó sin Manual de Organización y Procedimientos aprobado, con deficiencias en almacenes, combustible a vehículos ajenos y bienes nuevos sin etiquetar. Esto ocurre en un sector clave para el desarrollo del estado, donde la educación debería ser prioridad y no un espacio de opacidad administrativa.
Meneses, quien asumió en 2021 y se despidió entre lágrimas destacando “transformaciones” y rehabilitaciones de oficinas, deja una dependencia en reconfiguración política (con cambios como la llegada de Alonso Trujillo Domínguez) y con pendientes que la siguiente administración deberá resolver, incluyendo posibles responsabilidades administrativas.
Sus defensores sostienen que no se detectó nepotismo ni incumplimiento fiscal grave, y que se solventaron muchas observaciones con documentación posterior; presumen que se avanzó en cobertura educativa en algunos indicadores y en temas como perspectiva de género.
Sin embargo, la crítica no radica en negar logros parciales, sino en la tolerancia a prácticas que erosionan la confianza pública: falta de controles básicos, metas infladas sin respaldo y recursos que no se justifican plenamente.
En un contexto de “cero tolerancia a la corrupción” proclamada por la 4T, estas irregularidades reiteradas generan dudas sobre la eficacia real de la supervisión interna.
El momento de la renuncia y la publicación del informe sugiere que la administración priorizó la narrativa de cambio sobre la rendición de cuentas oportuna. Mientras docentes enfrentan problemas reales —como eficiencia terminal, abandono escolar y recursos limitados en aulas—.
Sin embargo la SEPE gastó en insumos no acreditados, prestaciones excesivas y personal con horarios incompatibles. Esto no solo representa un daño patrimonial, sino un daño a la credibilidad del servicio público educativo y de quien se decía de izquierda, pero acabó llenándose de billetes con ambas manos.
Padres y maestros exigen educación con mayor transparencia y resultados medibles, no solo reportes solventados a posteriori. La columna de suciedad que deja Meneses invita a la nueva titularidad a romper con inercias o de plano a la continuidad y continuismo de un aparato podrido, ¿qué elegirá?.
