En San Matías Tepetomatitlán, una comunidad del municipio de Apetatitlán, un terreno olvidado durante más de 60 años ha desatado un conflicto que pone en entredicho la imparcialidad de las autoridades municipales, hoy encabezadas por Azaín Avalos Marban, del Partido Alianza Ciudadana (PAC)
Lo que pretende ser un proyecto comunitario para beneficiar a los habitantes de Tepetomatitlán y San Esteban Tizatlán se ha convertido en un enfrentamiento que destapa posibles nexos entre el pasado y el presente de la política local. Cuando los policías y la juez municipal se ponen de un bando es normal asumir eso.
El proyecto, respaldado por documentos oficiales, buscaba retirar una defensa metálica en la carretera federal San Martín Texmelucan–Apizaco para habilitar una salida de 297 metros de longitud y 7 metros de ancho, con un carril de desaceleración. Así aparecen los datos en los oficios que este reportero tiene en su poder y que han sido enviados desde la presidencia de comunidad, a la autoridad federal.
La solicitud, firmada por Matías Tizapantzi Lezama, presidente de la comunidad, y dirigida a Carlos Luis Ramírez García, director de la SICT, fue recibida en diciembre de 2023 y nuevamente retomada en marzo de 2024.
Los vecinos, comprometidos con la obra, limpiaban el terreno cuando, -¡sorpresa!- apareció un dueño: Eloy Reyes Juárez, ex presidente municipal de Apetatitlán, personaje al que -hay que decirlo- pocos señalan de gandalla o abusivo, sin embargo una de sus acompañantes no llegó con la intención de explicar o interactuar, y eso empeoró la situación.
La dama en cuestión irrumpió en el lugar acompañada de policías municipales y estatales, así como de otros trabajadores del municipio a los que, entre gritos y amenazas, exigió detener los trabajos. Otra exigencia era detener y poner a disposición a los presuntos infractores: el operador de la maquinaria pretendía ser su víctima.
Alegaron ser propietarios del terreno, aunque no mostraron documentos que lo probaran. La tensión escaló hasta que un representante de la Secretaría de Infraestructura estatal intervino, evitando que la maquinaria y su operador fueran detenidos. Los rescato de la autoridad municipal que llevaba una consigna, obedecer a un sólo bando.
La actitud prepotente de la presunta abogada o familiar, quien encaró incluso a adultos mayores y mujeres con niños, indignó a los vecinos, que prometieron no tolerar más agresiones. “A la próxima tocaremos las campanas para llamar al pueblo”, me dijo una de las personas que me narró este episodio.
Lo que más preocupa a la comunidad es la aparente colusión entre las autoridades actuales, encabezadas por Azain Ávalos Marban (del PAC), y Reyes Juárez, su antiguo jefe cuando Ávalos fue secretario del ayuntamiento. Sin embargo el dialogo no está roto, o eso es lo que sostienen los oriundos de esta comunidad conocida por su tranquilidad.
La cereza del pastel, dicen los vecinos de este territorio, es que la juez municipal y los policías parecían alineados con los intereses del ex alcalde, ignorando la neutralidad que sus cargos exigen.
Este episodio ha dejado en los habitantes de Tepetomatitlán la percepción de un conflicto de intereses que traicionan la confianza depositada en Ávalos, quien hasta ahora ha evadido pronunciarse con claridad.
Lo mismo ha pasado en Belén donde algunos, afirman, fueron favorecidos con la feria de la Orquídea en una zona vip, mientras otros fueron ubicados en la calle, como ocurre siempre. El pueblo lo comentó de manera abierta desde sus redes sociales.
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Pese a eso la comunidad no se rinde. Sigue exigiendo a la SICT que el proyecto continúe para beneficiar a ambas comunidades y ha advertido que, de ser necesario, convocará una asamblea para defender sus derechos.
Mientras, el silencio oficial y las sospechas de favoritismo ensombrecen la gestión de Ávalos. En Tepetomatitlán, la lucha por un terreno es también una lucha por la transparencia y la justicia. Los vecinos más añejos insisten en decir que por más de 60 años nadie reclamó ese terreno, por lo que les parece sospechoso que después de su periodo en el municipio una autoridad haya resultado como beneficiario.
Una agravante más, el terreno en disputa está ubicado en una zona delimitada por durmientes de cemento, los mismos que son colocados por la autoridad federal para marcar su espacio. En esa zona hasta el día viernes se encontraban un par de herreros intentando reparar un espectacular que había sido derribado por el aire; los vecinos sostienen que no es la primera vez que estas estructuras se ven afectadas, sin que alguien responda por ellas.
Esto no ha impedido que en esa área hayan vuelto a ser colocados otros espectaculares que nadie sabe si cumplen o no con la norma, pero que a simple vista son reforzados en su estructura para evitar que se sigan desarmando.
¿Y si un viento lleva una lámina, o una lona a la autopista, o peor aún a la zona baja a donde hay gente habitando?. Nadie quiere una desgracia pero, si continuamos siendo negligentes lo más seguro es que pronto lamentemos las omisiones que hemos normalizado o simplemente acordado. ¿Qué costo tiene este espectacular, qué criterio se establece para saber si es o no viable su colocación, es facultad de la autoridad municipal?
Personalmente confío en que Eloy Reyes aclare este mal entendido y que de no existir ningún conflicto pueda enviar a sus abogados con la documentación necesaria para deslindar responsabilidades. Nadie quiere ver a gente despojando a nadie de su tierra, pero tampoco se puede normalizar que una autoridad privilegie a una ex autoridad por el simple hecho de haber comido en el mismo plato. Nadie por encima de la ley.
