Este caso del comodato del nuevo mercado municipal de Contla de Juan Cuamatzi representa un ejemplo claro de cómo en municipios pequeños el poder se ejerce sin contrapesos reales, el patrimonio público se privatiza de facto y las redes familiares perpetúan el control político.
La administración de Eddy Roldán Xolocotzi culminó con un acto que sintetiza varios patrones problemáticos detectados durante su gestión: el autonombramiento de beneficios a último minuto, el conflicto de interés flagrante y la opacidad en el manejo de bienes públicos.
El 30 de agosto de 2024, a menos de nueve horas de concluir su mandato, Eddy Roldán protocolizó ante notario un contrato de comodato por cincuenta años, ampliable, del nuevo mercado municipal y su estacionamiento.
Él mismo se designó presidente del Consejo de Administración creado días antes por el cabildo con aprobación unánime. El ayuntamiento solo recibe diez mil pesos anuales sin ajustes, mientras que Eddy o el consejo que controla puede rentar los cuarenta locales, cobrar cuotas, modificar reglamentos y formar asociaciones.
El municipio, en cambio, asume todos los gastos de mantenimiento, obras y servicios sin derecho a reembolso. Esto convierte un bien construido con recursos públicos en una fuente de ingresos privados a costo casi nulo para el beneficiario.
Además, el acto viola expresamente la Ley Municipal de Tlaxcala, ya que el artículo 34 prohíbe actos de gobierno con efectos posteriores al periodo constitucional y obliga a remitir las actas de cabildo al Archivo Histórico del Estado.
Se trata de un claro caso de juez y parte, donde el alcalde saliente se autoasigna un privilegio que las futuras administraciones no pueden revertir fácilmente.
El nepotismo y la continuidad del clan Roldán también son evidentes. Su hermana, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, asumió como presidenta municipal para el periodo 2024-2027, y Eddy pasó a ser presidente honorífico del DIF municipal.
El control familiar se extiende con la exsíndica Leticia Flores y catorce ex miembros del Cabildo defendiendo el contrato. Esto no es mera coincidencia, sino una estrategia de continuidad que diluye la alternancia democrática.
La defensa del exalcalde, que argumenta que el comodato “protege” el patrimonio ante posibles laudos laborales heredados, revela además que su administración dejó deudas significativas, usando ese pretexto para justificar el acto.
Hay denuncias previas por daño patrimonial y la actual administración ha señalado la obstaculización sistemática al síndico, incluyendo el bloqueo de información financiera y su exclusión de canales oficiales.
En síntesis, no fue un error administrativo, sino un abuso calculado de última hora que prioriza el interés personal y familiar sobre el patrimonio municipal.
Pero no fue el único abusivo, nadie dice algo respecto del notario Cesáreo Santamaría Madrid, titular de la Notaría Pública número 1 de Lardizábal y Uribe, él fue quien levantó el Instrumento número 19 del libro 1 del protocolo especial el 30 de agosto de 2024.
Hasta donde se ha documentado públicamente, esta es la primera vez que se involucra en un caso de esta magnitud y controversia en Tlaxcala. Como fedatario público, su función no se limita a dar fe, sino a verificar que el acto no viole la ley.
Sin embargo, protocolizó un contrato que contraviene claramente la Ley Municipal por los efectos post-mandato y el conflicto de interés evidente. No hay constancia de que haya exigido dictámenes jurídicos previos ni de que haya alertado sobre la irregularidad.
De esta forma facilitó un acto que ha sido calificado como ventajoso, abusivo e inmoral, dando forma legal a una operación que transfiere el control de un bien público a un particular por medio siglo a cambio de una renta simbólica.
En una entidad pequeña, donde los notarios suelen ser figuras de confianza del poder local, esto genera dudas razonables sobre su independencia. El notariado debería actuar como un filtro de legalidad, no como un sello de goma para actos de última hora de autoridades salientes.
Finalmente, todo este asunto no habría salido a la luz si no hubiera ocurrido un desencuentro más personal que político entre el síndico Gilberto Flores Maldonado y el clan Roldán.
Gilberto Flores fue regidor, incluso primer regidor, en la administración de Eddy Roldán. Hoy, como síndico es quien exhibe el contrato, también quien presentaría la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y busca revertirlo.
El detonante no fue un escándalo público orgánico, sino un conflicto derivado de un pleito personal, sumado a la obstaculización que Flores denuncia por parte de Ivonne y Eddy Roldán, como el bloqueo de información y la limitación de sus funciones.
Sus ex compañeros de cabildo lo acusan de actuar por aspiraciones personales, señalando que mientras fueron aliados el contrato no representaba problema alguno. Cuando se rompió la lealtad, el mismo acto se convirtió en corrupción.
Esto demuestra que en Contla, como en muchos municipios similares, la vigilancia no depende de instituciones fuertes, sino de peleas internas. Sin este desencuentro, el comodato habría pasado desapercibido, el clan Roldán seguiría controlando el mercado en silencio y el patrimonio público seguiría siendo botín privado.
Este caso desnuda la fragilidad de la democracia municipal en Tlaxcala: leyes que se ignoran, notarios complacientes, familias que se perpetúan en el poder y denuncias que solo emergen por venganzas personales.
