Marcela Gonzalez Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (CJyCP) en el congreso estatal podrá pagar mil notas negando que busca privatizar el agua, pero sus actos demostrarán mil veces lo contrario.
Así quedó evidenciado el día de ayer cuando representantes de “Las 94 comunidades, usos y costumbres, pueblos originarios unidos”, la acusaron de utilizarlos para concretar la privatización del servicio de agua potable en Tlaxcala.
Y es que para simular el proceso de “consulta previa”, la diputada morenista los habría intentado convencer de los beneficios de este nuevo esquema través de foros regionales, aun cuando han recibido poca o nula información sobre este proceso.
Pero no solo eso, los presidentes de comunidad también acusaron la complicidad de la nuera de Alfonso Sánchez Anaya con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jackeline Ordoñez Brasdefer, y con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con los inconformes González Castillo utilizaría ambas instancias, para que sean estas las que aprueben y respalden el proceso de consulta. Todos en Tlaxcala saben de la estrecha relación entre Brasdefer y los tres poderes.
Con lo anterior Marcela González castillo sepulta sus propias declaraciones hechas el pasado 20 de mayo en un medio de circulación estatal, cuando desestimó el llamado de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para privatizar o consesionar el servicio.
“En ningún momento busco con la presentación de esta ley privatizar el agua, como lo señala la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, sino que mi propuesta va encaminada a cuidar y preservar el vital líquido, por eso no comparto el sentir de la legisladora, pero estoy dispuesta a tener un acercamiento con ella para explicarle bien todo el tema y despejar sus dudas”, dijo en aquella entrevista.
Y es que en su papel de Presidenta de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales la propia Marcela González ha sido impulsora de la “Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala”, así como la creación de la Ley de Residuos Sólidos.
Esta Ley de Residuos Solídos también ha recibido críticas por parte de colectivos, que senuncian el lucrativo negocio que representaría este proyecto que González castillo impulsa junto con el Secretario de Medio Ambiente (SMA), Luis Ramírez Hernández.
Lo anterior es un secreto a voces, pues la propia diputada y el deudor alimentario que cobra como titular de la SMA habrían ignorado la propuesta de una importante empresa alemana especializada en el manejo de residuos solidos. La idea era aburrirlos y al final lo lograron, quedando libre el camino para su negocio.
Ana Lilia Rivera no sería la única en señalar la arbitraria ley de aguas que se pretende para Tlaxcala, pues Rodrigo Gutiérrez Rivas, dijo que a través de la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, “están planchando el terreno” para que empresas particulares comiencen a dialogar con los municipios, a fin de privatizar el servicio de agua potable.
Pero no solo eso, el investigador integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo que esta propuesta es inconstitucional e inconvencional, si no me cree revise “La Jornada de Oriente” del pasado 19 de marzo, y en contrará la nota publicada por Guadalupe de la Luz.
La nuera de Alfonso Sánchez Anaya no sabe legislar a favor de los tlaxcaltecas, pero ha aprendido el arte de obedecer y simular. Obedece ciegamente a su suegro y simula fidelidad ante la titular del poder ejecutivo estatal.
Las tres de ley… 1- En el foro “Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, realizado por el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., se logró un análisis técnico de esta iniciativa, entre investigadores y esta organización civil, con respaldo del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt).
2- Ahí mismo se expuso que de casi 300 mil usuarios que tienen una concesión de uso de agua en el país, cerca de tres mil 304, “que significan 966 empresas y mil 537 personas físicas, acaparan 22 por ciento” de las autorizaciones.
3- En esa misma oportunidad afirmaron que, derivado de la información antes expuesta las leyes locales en el país impulsaban acciones como la iniciativa de Tlaxcala, “que buscan controlar los bienes hídricos” al permitir la participación de actores privados, con la exclusión de la población. Que nadie se diga sorprendido.
