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Martín Rodríguez Hernández Noticias TlaxcalaMartín Rodríguez Hernández Noticias Tlaxcala

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AGUA para su molino: ¿privatización del líquido?

Inconstitucional, violatoria del derecho humano de acceso al agua, con tintes privatizadores e intención de criminalizar la protesta social son solo algunas de las irregularidades que el Centro Fray Julián Garcés denunció en la iniciativa de Ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de Tlaxcala que presentó la diputada Marcela González Castillo, apenas el 14 de febrero pasado.
 
Una semana después de que la diputada del grupo parlamentario de Morena y nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya subiera a la máxima tribuna del estado para explicar de manera “exprés” la propuesta que se turnó a las comisiones correspondientes fue evidenciada por su ignorancia legislativa y desconocimiento de la problemática ambiental que vive el estado.
 
En el posicionamiento en torno a la iniciativa que hizo publicó el Centro Fray Julián Garcés; asociaciones civiles, grupos comunitarios e investigadores manifestaron su preocupación y exigieron que no sea rechazado. Lo que pocos saben es que esto involucra al Secretario de Medio Ambiente (SMA), Luis Antonio Ramirez Hernández.
 
Los argumentos del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez Rivas, son demoledores; de entrada dijo que en la iniciativa se perciben de forma “evidente” problemas de inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
 
Es decir, si la propuesta se aprueba tal y como se presentó estaríamos ante la creación de una ley inconstitucional que además contraviene tratados internacionales. El problema no solo es de forma es de fondo también.
 
Si revisamos los artículos de la iniciativa es notorio el interés por privatizar la prestación del servicio, además se prioriza por encima del derecho humano, individual y colectivo a este recurso natural.
 
La propuesta quita responsabilidad a las industrias en torno al tratamiento de aguas residuales, ignorando el grave problema de contaminación en la región; ya que el planteamiento se centra en la posibilidad de concesionar la obligación que tienen las compañías de tratar sus aguas, lo que abre la puerta a prácticas privatizadoras.
 
El artículo 54 establece expresamente que los servicios hidráulicos a cargo de las autoridades no podrán prestarse en asentamientos humanos irregulares, lo que significa que miles de familias que no tienen certeza jurídica sobre su propiedad no podrán acceder al servicio. Un absurdo si consideramos el desorden territorial que priva en el estado y que orilla a familias a vivir en zonas irregulares.
 
El artículo 66 va más allá y prevé que el organismo operador podrá suspender el servicio si hay escasez o por falta de pago, lo que resulta grave ya que está acción está prohibida por el derecho internacional al tratarse de un servicio indispensable para la vida humana.
 
La iniciativa termina por condicionar el derecho al agua a la existencia de infraestructura, una incongruencia total, porque la propuesta debería impulsar una legislación y el desarrollo de infraestructura para garantizar el acceso al recurso, no al revés.
 
La propuesta de la diputada morenista considera el agua como una mercancía y no como un derecho y prevé la instalación de medidores lo que supone que la disponibilidad del líquido será para quien pueda pagarla.
 
¿Y qué cree? Si algún ciudadano no está de acuerdo con el cobro excesivo del servicio y se manifiesta, el artículo 129 señala que podría ser acusado de hacer campaña contra la ley y recibir sanciones sin especificar cuáles serían.
 
La diputada pensó en todo y redactó un artículo para proteger de cualquier protesta su iniciativa de ley, ni en los años más oscuros del régimen se vió algo así.
 
Como puede ver lo que presentó la diputada Marcela González es una verdadera “joya” legislativa, que terminó por mostrar su nulo conocimiento en temas ambientales, el poco interés que existe por vigilar el cumplimiento de tratados internacionales y sus verdaderos intereses.
 
Basta ver la reacción que tuvo la legisladora ante los fuertes señalamientos que se escucharon la mañana de ayer por parte de especialistas ambientales para confirmar lo que arriba le expongo.
 
Marcela González socializó de manera urgente un boletín donde aseguró que “ella es la mayor interesada en escuchar voces que enriquezcan su propuesta”.
 
De ser cierta esta postura la diputada, prácticamente, tendría que rehacer la iniciativa porque para los especialistas es inaceptable su propuesta, tendría que primero analizar y entender la problemática añeja que existe en Tlaxcala en materia de contaminación del agua y dejar de lado sus intenciones de privatizar el servicio.
 
Luego de ser exhibida, en su boletín la diputada de Morena aclaró que se incorporará una cláusula que mencione “que en el Estado se encuentra absolutamente prohibida la privatización del agua”. Bien oportuna la reacción la de la lesgiladora.
 
Y se dijo abierta a escuchar propuestas, aportaciones y acompañamiento de todos los sectores sociales y colectivos, la única pregunta aquí es ¿Por qué no se incluyó la opinión y escuchó la voz de estas asociaciones antes de presentar la polémica iniciativa?
 
Con estos antecedentes, el resto de diputadas y diputados de la LXIV legislatura tienen la obligación de no aprobar la propuesta y mostrar altura de miras en un tema tan delicado, además de que deben esperar a que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Aguas a la que se deberá ajustar la ley local.
 
La tendencia en la región es privatizadora, ahí están el caso de Puebla que en 2013 emitió el fallo de la licitación para concesionar el suministro de agua potable; en Querétaro apenas hace unos meses se hizo lo mismo con lo que suman ya ocho entidades en todo el país donde al menos en un municipio el servicio está privatizado.
 
En Tlaxcala aún estamos a tiempo de detener las intenciones de algunos legisladores y funcionarios que al final solo buscan favorecer a empresas privadas que se llenan los bolsillos y brindan un servicio deficiente a la población.
 
El primer intento de privatizar el derecho humano del agua falló pero no dude que seguirán buscando la manera de lograr su mezquino objetivo.
 
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