Gerardo Fernández Noroña va por más. Luego de la agresión que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a manos del abogado de un corporativo internacional que litiga contra el gobierno federal casos relacionados con el pago de impuestos, el presidente del Senado volvió a tocar los tambores de guerra.
Una vez que se resuelva la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, el combativo legislador adelantó que el siguiente paso para apuntalar la reforma judicial, será la transformación de raíz de la Fiscalía General de la República (FGR), de las fiscalías de los estados y de la Defensoría de Oficio, que quiere que se llame Defensoría del Pueblo.
La medida se presenta para fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La transformación de la FGR y las fiscalías locales debe hacer realidad el propósito que les dio origen: que tengan una verdadera independencia con respecto a la presidencia de la República o de los Ejecutivos locales.
En honor a la verdad, eso no ha ocurrido hasta ahora. La tónica es la de las fiscalías carnalas, como la de Tlaxcala, que a pesar de los buenos deseos de Ernestina Carro, la verdad es que hay muchas deficiencias, ahora agravadas con la reducción de ministerios públicos.
En un país donde la impunidad y la corrupción son problemas endémicos, centralizar aún más el poder en una estructura que podría estar sujeta a influencias políticas es alarmante.
La historia reciente de México nos ha mostrado que las reformas judiciales, aunque bien intencionadas, a menudo terminan siendo herramientas de control político más que mecanismos de justicia efectiva. La reciente reforma aún tiene un largo camino para hacer realidad sus bondades.
Por otro lado, la creación de la Defensoría del Pueblo, aunque sin duda es una iniciativa noble, podría convertirse en una burocracia ineficaz si no se implementa con los recursos y la autonomía necesarios.
La experiencia de otros países con instituciones similares ha demostrado que, sin un financiamiento adecuado y sin una verdadera independencia operativa, estas defensorías pueden convertirse en meros adornos institucionales, incapaces de cumplir con su misión de proteger los derechos de los ciudadanos.
Otro punto crítico es la falta de consulta y participación ciudadana en el diseño de estas reformas. Las decisiones que afectan profundamente el sistema de justicia deben ser el resultado de un proceso inclusivo y transparente, donde se escuchen las voces de todos los sectores de la sociedad.
El anuncio de Fernández Noroña debe quitarse todo rastro de imposición desde el poder, y convertirse en una medida que dé respuesta inmediata a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
En este escenario, la reforma a las fiscalías y la creación de la Defensoría del Pueblo podrían ser vistas como movimientos para consolidar un control aún mayor del Estado sobre los mecanismos de justicia, en detrimento de la autonomía y la imparcialidad que deberían caracterizar a estas instituciones.
La reforma propuesta por Fernández Noroña tiene elementos que podrían mejorar el acceso a la justicia, aunque los riesgos asociados a la centralización del poder, la falta de recursos y autonomía para la Defensoría del Pueblo, y la ausencia de un proceso participativo y transparente, deben ser escollos para superarse.
Es fundamental que estas reformas sean debatidas ampliamente y que se asegure su implementación de manera que realmente beneficie a la ciudadanía y fortalezca el estado de derecho en México.
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