La designación de Mary Cruz Cortés Ornelas, como integrante del Comité de Evaluación encargado de proponer, a nombre del Poder Ejecutivo, a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, tiene una doble lectura. Por una parte, representa una distinción que está muy por encima de las capacidades y desempeño que ha mostrado la magistrada, cuya acción más significativa fue la adquisición de una camioneta de lujo cuando fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y aunque juró y perjuró que ese vehículo era para el uso de todos los magistrados, en la realidad ella era la principal usuaria.
Cortés Ornelas se mostró como un claro ejemplo de lo que no debe ser el Poder Judicial: una mera comparsa de los deseos y órdenes del Ejecutivo. Para todos aquellos que se desgarran las vestiduras por la reforma judicial, olvidan el pequeño gran detalle de que históricamente los jueces, magistrados y ministros han sido parte de un grupo doblegado a varios intereses, sobre todo los de gobernadores de los estados y de los presidentes de la República.
Por otro lado, la magistrada tlaxcalteca queda automáticamente fuera de la posibilidad de aspirar a participar como candidata a juez, magistrada o ministra de la Suprema Corte. A cambio, tendrá sus 15 minutos de fama, que ya le han valido ser mencionada en medios nacionales como “abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala y vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado”, entre otros rutilantes cargos.
Más allá de las ajustadas aptitudes que ha mostrado en su fulgurante trayectoria, Mary Cruz Ornelas se echa encima un paquetote que podría evidenciarla aún más, a menos que entienda que se trata de una mera comparsa de los deseos de la presidenta Sheinbaum de contar con un Comité de Evaluación dócil, más de membrete que de verdadera supervisión, y que será debidamente pastoreado por el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
En teoría, el Comité de Evaluación tendría que ser un órgano clave en el proceso marcado por la reforma judicial, ya que es el encargado de proponer al Poder Ejecutivo a los aspirantes que participarán en la elección. Nadie puede llamarse a engaño. Los deseos del Ejecutivo federal es el de contar con una selección de candidatos sumisos y obedientes, que comulguen con los dictados del segundo piso de la 4T, pero sobre todo que estén atentos a los deseos de la inquilina de Palacio Nacional.
En teoría, el Comité de Evaluación tiene la responsabilidad de recibir los expedientes de los aspirantes; los integrantes deben analizar documentación presentada por cada candidato, verificando el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
También deberán evaluar a los aspirantes, que incluirá la revisión de su trayectoria profesional, conocimientos técnicos y aptitudes para el cargo; identificar a los mejor calificados, ya que a partir de la evaluación, el Comité seleccionará a los candidatos que consideren idóneos para desempeñar las funciones de jueces, magistrados y ministros.
Asimismo, deben proponer la lista de aspirantes al Poder Ejecutivo. Lo deseable es que el proceso de selección se desarrolle con transparencia y bajo el escrutinio público. La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios de evaluación y el perfil de los aspirantes propuestos. De otra forma, se tendrá pan de lo mismo.
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