MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
MARTÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/INNOMBRABLE
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Los más señalados “árbitros” electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova se sentaron frente a las cámaras para leer un posicionamiento solemne: había que “rescatar, recuperar y reconstituir” la credibilidad del INE, “seriamente vulnerada”.

Hasta ahí, el guion era impecable. El problema es que los oficiantes de esa misa por la credibilidad, cargan cada uno con su propio expediente de contratos, omisiones y militancias que, cuando menos, los descalifican como notarios de la virtud democrática en el país.

Córdova presidió el INE de 2014 a 2023, el periodo en el que, según el Órgano Interno de Control del propio instituto, se formalizaron contratos millonarios con empresas vinculadas a la red de los hermanos Hernández Casillas, el mismo grupo proveedor que detonó el escándalo de Guadalupe Taddei.

La contraloría interna identificó favoritismo hacia firmas como Seriplast y Cajas Graf, con asignaciones que en el caso de Plásticos y Metales acumulan 150 millones de pesos. Morena llevó la cifra más lejos: más de 2 mil millones de pesos concentrados en un solo grupo durante los nueve años de Córdova al frente del Consejo General.

Su respuesta ha sido la de siempre: que la ASF ya auditó su gestión sin hallazgos y que los contratos los asignaron los órganos locales, no el INE federal. Pero el punto no es si él firmó cada papel, sino si desde la presidencia del árbitro se permitió que un oligopolio de proveedores operara con la impunidad que después estalló.

Y hay un dato que Córdova no menciona cuando pontifica sobre autonomía: él forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano del partido “Somos”, la organización que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo y que ya lo perfila como posible candidato para 2027.

No es un detalle menor: el expresidente del INE que hoy llama a despolitizar el organismo milita, de facto, en un partido que aspira a gobernar. La “intencionalidad política” que él mismo admitió en la conferencia —dijo que era “defender la democracia”— tiene nombre y apellido en el registro de Somos.

Leonardo Valdés es el eslabón que conecta la narrativa de la “marea rosa” con la estructura partidista. Confesó públicamente que coordinó la redacción de los documentos básicos de SomosMX y que hoy dirige su Centro de Estudios Democráticos, mientras cobra 53 mil 856 pesos mensuales como secretario de Investigación y Posgrado en la BUAP.

Al mismo tiempo, su gestión al frente del IFE (2008-2013) es investigada por la ASF por la entrega de contratos a las empresas de Alfredo Hernández Casilla, el mismo contratista que después se consolidó como el “coyote” electoral de la red que atravesó las gestiones de Córdova y Taddei. Valdés no solo pide credibilidad: es parte de la estructura que, según la propia auditoría, convirtió el “coyotaje” en un negocio de casi tres décadas.

Luis Carlos Ugalde tiene el currículum más incómodo para posar de demócrata imparcial. Presidió el IFE en 2006, la elección que él mismo legitimó sin recuento voto por voto y que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un fraude del que lo señaló como “ejecutor”.

Su defensa —que le prueben las instrucciones que supuestamente dio— es válida en un tribunal, pero no borra el hecho de que su empresa, Integralia Consultores, recibió entre 2022 y 2025 más de 13 millones de pesos en contratos del PRI, del PAN y de gobiernos panistas, incluidos 9.4 millones del gobierno de Chihuahua por “consultoría en riesgo político” que terminó en una derrota electoral estrepitosa.

Ugalde exige pruebas a quienes lo acusan de corrupción electoral, pero no explica por qué un expresidente del árbitro se convirtió en proveedor recurrente de los partidos que supuestamente debía vigilar. Su “autoridad moral” para hablar de credibilidad es, cuando menos, una construcción mediática.

José Woldenberg es el decano, el primer presidente del IFE autónomo, el hombre que leyó el posicionamiento del 16 de noviembre. Su gestión (1996-2003) también aparece en la línea de tiempo que la ASF y la Secretaría Anticorrupción revisan por el entramado de proveedores que operó desde el año 2000.

No se le señala de firmar contratos directamente, pero su hermano, Enrique Woldenberg, recibió 50.3 millones de pesos en contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto para encuestas y grupos de enfoque, de acuerdo con registros de Compranet y del Portal de Obligaciones de Transparencia.

No es corrupción comprobada, pero es el tipo de conflicto de interés familiar que, en cualquier otro país, inhabilitaría a alguien para erigirse en juez de la credibilidad ajena.

Pero hay una entrevista que desnudó la contradicción, la periodista Ana Lilia Pérez y Álvaro Delgado lo dijeron con claridad en “Radicales”: la corrupción en el INE no empezó con Taddei, viene “de tiempo atrás” y atravesó las gestiones de Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova.

Esa es la clave que los cuatro exconsejeros omitieron en su rueda de prensa. Pidieron consenso para nombrar una nueva presidencia del INE, pero no ofrecieron una autocrítica por las gestiones que permitieron que el “coyotaje” se enquistara.

Se presentaron como los guardianes de la institución, pero dos de ellos ya militan en un partido (Somos), uno cobra del PRIAN a través de su consultora (Ugalde) y otro tiene un hermano beneficiado con contratos gubernamentales (Woldenberg).

La credibilidad no se recupera con conferencias de prensa ni con llamados al Congreso, se recupera con transparencia, con auditorías que no se minimicen y con la humildad de reconocer que el árbitro también fue parte del problema.

Mientras los cuatro jinetes sigan presentándose como víctimas de una “campaña de difamación” en lugar de responder por los contratos, las omisiones y las militancias que ellos mismos exhiben, su llamado a “rescatar el INE” sonará a lo que es: el último acto de una obra que ellos ayudaron a escribir. Poca memoria de los jinetes.