En las calles de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, este lunes se vivió una escena que, a primera vista, parece un acto de nobleza: decenas de vecinos, familias y autodenominados defensores de los derechos de los animales se congregaron frente a la presidencia municipal para alzar la voz por “los que no pueden defenderse”.
Pancartas en mano, exigieron que no se condene a los perros pitbull señalados en el presunto ataque a Héctor Alfredo N., un hombre de 42 años encontrado gravemente herido con mordeduras, golpes y quemaduras en campos de labor.
“El problema no es la raza, sino la irresponsabilidad de los dueños”, coreaban, mientras pedían una investigación seria y soluciones que protejan tanto a la comunidad como a los animales. El parte oficial de Protección Civil menciona que la víctima estaba ebrieta, y aún no hay claridad sobre si fue un ataque canino puro o algo más siniestro, como una agresión humana. “No sacrifiquen vidas inocentes por rumores”, clamaba una manifestante, en un ambiente de unión y solidaridad.
Admirable, ¿verdad? La justicia no debe ser ciega ni vengativa, y es cierto que estigmatizar razas enteras –como los pitbulls– solo perpetúa mitos y distrae del verdadero culpable: la negligencia humana. Pero, ¿dónde estaba esta ola de empatía animalista hace apenas unos meses, cuando un caso similar sacudió a Tlaxcala y dejó al descubierto la hipocresía de quienes hoy se erigen como guardianes de la vida animal?.
Recordemos el trágico antecedente que mancha nuestra memoria colectiva: la muerte de Aristeo, un joven albañil de 27 años, atacado mortalmente por una jauría en Tlacocalpan, Amaxac, el 28 de septiembre de 2024. En aquel entonces, los familiares y vecinos de Aristeo no protestaron por los perros, sino por justicia humana.
Señalaron directamente a Nydia Cano Rodríguez, directora del Instituto Estatal de la Mujer y empresaria de la cadena Pronto, como la presunta dueña de los canes responsables. “Perros asesinos” los llamaban, exigiendo no solo indemnización para la familia destrozada, sino la destitución de Cano y su salida de la comunidad.
Las protestas fueron intensas: bloqueos, consignas como “De la justicia humana se salvará, pero de la divina no”, y demandas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que actuara sin favoritismos, dada la posición de poder de la funcionaria.
Cano, por su parte, se deslindó públicamente: “Mis perros no fueron”, dijo, ofreciendo inspecciones a sus mascotas y negando cualquier vínculo. Sin embargo, las redes sociales la tundieron, recordando no solo el posible homicidio culposo, sino su supuesta evasión de responsabilidades, amparada quizás en su estatus estatal.
Hasta la fecha, el caso sigue envuelto en dudas, con pocos avances reportados y una percepción de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones.
Aquí radica la doble moral que me indigna: los animalistas de hoy, que defienden con pasión a los pitbulls de Contla argumentando “irresponsabilidad de dueños” y “no condenar sin pruebas”, ¿dónde estaban cuando Nydia Cano –una presunta dueña– pareció evadir la justicia? ¿Por qué no marcharon entonces para exigir que se investigara a fondo la tenencia irresponsable, la falta de supervisión y el abandono que convierte a perros en amenazas letales?
En el caso de Aristeo, el foco estuvo en la víctima humana, en el dolor de una familia humilde que perdió a su sostén económico en una madrugada fatídica. Pero los defensores de animales brillaron por su ausencia, o peor, tal vez guardaron silencio porque confrontar a una figura poderosa como Cano implicaba riesgos.
Ahora, en Contla, donde los perros podrían ser callejeros o sin dueño claro –según reportes que hablan de al menos ocho canes sueltos–, surge esta movilización masiva para protegerlos, enfatizando la prevención y el respeto. ¿Es solidaridad genuina o defensa selectiva, que prioriza a los animales solo cuando no hay un “villano” de alto perfil en el banquillo?
No olvidemos a los dueños negligentes, el otro pilar de esta hipocresía. En ambos casos, el denominador común es la falta de vigilancia: perros sueltos, sin bozal, sin entrenamiento adecuado, vagando por calles o propiedades mal resguardadas.
Nydia Cano, como empresaria y funcionaria, debería ser ejemplo de responsabilidad civil; su negación inicial y la lentitud judicial solo alimentan el cinismo. Si sus perros no fueron culpables, ¿por qué no lideró una campaña por la tenencia responsable en Tlaxcala?
En Contla, los manifestantes aciertan al culpar a dueños irresponsables, pero ¿están dispuestos a señalarlos con nombres y apellidos, o solo cuando son anónimos? La doble moral se extiende: defendemos a los animales como “inocentes” cuando atacan, pero minimizamos el sufrimiento humano si el dueño es influyente o el incidente “no está claro”.
Los animalistas genuinos deben condenar la negligencia en todos los casos, no solo en los convenientes. Justicia para Héctor, para Aristeo y para los animales no es incompatible; es esencial. De lo contrario, estas protestas no son unión, sino un velo para la irresponsabilidad colectiva. La verdad digna para todos los seres vivos empieza por mirarnos al espejo, sin excusas.
