Keren lleva nueve años privada de su libertad, acusada de un secuestro que, de acuerdo con todas las evidencias, no cometió.
Su caso se ha convertido en un trágico ejemplo de la pervivencia de la tortura como un medio para obtener confesiones, a lo que se suma la discriminación de género y la impunidad, que son “marca de la casa” en México.
Las irregularidades en el proceso son alarmantes. Detenida arbitrariamente en 2015, Keren fue víctima de tortura por parte de policías de investigación que la obligaron a firmar una autoinculpación.
A pesar de las pruebas que demuestran su inocencia, incluyendo la falta de evidencia que la vincule al delito y el testimonio de personas que la ubican en otro lugar al momento del secuestro, se ha pedido una sentencia de 50 años de prisión.
Su caso no es aislado.
En México, la tortura es una práctica común utilizada para obtener confesiones forzadas, especialmente en contra de personas en situación de vulnerabilidad.
Las mujeres como Keren enfrentan una doble discriminación en el sistema de justicia, donde sus testimonios son a menudo ignorados y sus derechos violentados.
La acusación se basa en la presunta participación de Keren en el secuestro de una persona. A pesar de la falta de pruebas contundentes que la vinculen al delito, es considerada culpable, pidiéndose una pena excesiva.
Entre las irregularidades en el proceso, destaca la detención arbitraria, ya que fue detenida sin una orden judicial y tras un cuatro que le pusieron.
Tras su detención, Keren fue víctima de tortura física y psicológica por parte de policías ministeriales, quienes la obligaron a firmar una confesión autoinculpatoria. Además, la amagaron con desaparecer a su bebé de unos cuantos días de nacida; le impidieron alimentarla y cuidarla.
Asimismo, hay una evidente falta al debido proceso, ya que se negaron sus solicitudes de careos con los testigos que la incriminaron y no se investigaron las pruebas que presentó en su defensa.
De manera reiterada, Keren ha denunciado que durante su reclusión ha sufrido violencia de género y se le ha negado atención médica adecuada.
En cuanto a las pruebas de su inocencia, varios testigos afirman que Keren se encontraba en otro lugar al momento del secuestro; por si fuera poco, no se encontraron huellas dactilares, ADN u otra evidencia que la vincule directamente al delito, hay numerosas incoherencias en la acusación, al haber contradicciones en las declaraciones de los testigos que la incriminan y en la versión oficial de los hechos.
A todo esto se ha señalado la posible corrupción de las autoridades involucradas en el caso, incluyendo a policías de investigación y a jueces.
El caso de Keren ha sido tomado por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas que exigen su liberación.
Hasta ahora se han presentado diversos recursos legales para lograr la revisión de su caso y la anulación de la sentencia.
La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la academia se han unido para exigir la liberación de Keren.
Su voz se ha escuchado en foros, manifestaciones y campañas en redes sociales. El acto más reciente tuvo lugar esta misma semana, con la presentación de 15 mil firmas recabadas en Change.org para pedir la liberación de esta mujer.
Este caso es un claro ejemplo de las fallas del sistema de (in)justicia en México. La falta de debido proceso, la tortura y la discriminación de género son solo algunas de las irregularidades que han marcado su caso.
Liberar a Keren no solo es un acto de justicia individual, sino también un paso hacia la construcción de un sistema judicial que haga justicia y no que fabrique culpables.
Este es un llamado a erradicar la tortura y la discriminación, y a garantizar el debido proceso para todas las personas. #LibertadParaKeren
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