En las últimas semanas hemos presenciado el talante que impera en la mayoría de quienes conforman la actual Legislatura local. Aunque los discursos de legisladores y funcionarios estatales van en el sentido de que existe una relación institucional y con pleno respeto a la soberanía de ambos poderes, es claro y evidente que el Poder Legislativo está supeditado al Ejecutivo.
Se ha convertido en una extensión, en una simple correa de transmisión a través de la cual se transmiten instrucciones para ir en uno o en otro sentido. Quizá podrían ser calificada como la peor legislatura de todas.
La aprobación de iniciativas provenientes del Ejecutivo es un claro ejemplo de ello. Ni una coma se le modificó a la Ley de Identidad Digital, ni a la de Gobernanza Digital y, más recientemente, ni al paquete económico para el ejercicio fiscal 2024.
La reforma a la Constitución Política local que modificó los requisitos para ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno, a fin de que llegará un oriundo del estado de Morelos con antecedentes oprobiosos de ser deudor de pensión alimenticia, representa otro ejemplo. Y no se diga la reciente designación de Arturo Lucio Salas Miguela como nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Ya veremos cómo termina la designación de un nuevo comisionado o comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Caip-Tlax), pero las cosas no pintan bien hasta ahora por la serie de presuntas anomalías en la integración del sínodo y la calificación de las evaluaciones por escrito que llevaron a cabo las y los aspirantes a ocupar un lugar en ese órgano autónomo.
Más ejemplos pueden enumerarse en cuanto a la aprobación de iniciativas e integración de organismos públicos, pero también, incluso, con respecto a la elección de la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, de donde salió disparado Rubén Terán Águila para nombrar en su lugar a Marcela González Castillo.
Quienes forman parte de la fracción parlamentaria de Morena no son diferentes a lo que en el pasado nos enseñaron el PAN, el PRI y el PRD. Actúan de la misma manera y con las mismas tácticas y estrategias, sólo que, a diferencia de otras Legislaturas locales, el acatamiento es más claro de observar ahora con la aplastante mayoría que los morenistas tienen junto con sus aliados del PT, PVEM, Encuentro Social, Nueva Alianza, Fuerza por México y Alianza Ciudadana (PAC).
Súmele, además, aquellos legisladores que se dicen de oposición, pero que están francamente inclinados a sumarse a esa mayoría, como son los casos de Fabricio Mena Rodríguez, Diana Torrejón Rodríguez y Eder Alejandro Campech Avelar.
La sumisión con la que se conducen busca, evidentemente, un premio, que bien puede ser la elección consecutiva (Reelección para decirlo claro), el salto a una presidencia municipal o, incluso a una diputación federal. O ya de perdis incorporarse a un cargo público de segundo nivel dentro del gabinete estatal, como sucedió con un buen número de quienes formaron parte de la Legislatura local anterior.
Aunque es difícil que se presente porque estamos a una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es posible que conforme se acerque la definición de candidaturas dentro de Morena y sus aliados, la subordinación se observe con mayor claridad.
Será una pena, sobre todo porque ese instituto político que en el pasado reciente reclamaba una discusión plural y democrática de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo, ha caído en las mismas prácticas que sus antecesores: el servilismo, la defensa a ultranza de lo gubernamental y el mayoriteo disfrazado de democracia.
Valdría la pena ver, de verdad y por vez primera, una discusión plural y democrática en el Pleno Legislativo, como dicen que la hay, quienes conforman la actual Legislatura.
Mientras eso no exista, lo de hoy será comportándose igual al pasado, sin un cambio, como por el que se votó en las urnas a partir de 2018 a nivel federal, y en 2021 a nivel estatal.
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