Como si tratara de romper sus propios records, la actual Legislatura se acomoda a los tiempos político-electorales, no sólo de quienes lo integran como diputadas y diputados, sino también de los que le dictan desde Palacio de Gobierno.
“Si quieren irse a campaña a buscar su reelección, entonces tendrán que aprobar las iniciativas de mi interés”, parece ser la consigna. Y vaya que lo están logrando.
La semana pasada fue la autorización para concesionar el Libramiento Calpulalpan, cuyos trabajos de licitación deberán estar listos pronto, a fin de que en 18 meses entre en operaciones. Sí, en año y medio.
Ayer martes fue la reforma constitucional para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
Uno podría entender la necesidad de reformas a las leyes, la aprobación de proyectos que interesan dentro de las esferas gubernamentales, sin embargo, la prisa con la que están sucediendo las actividades legislativas no está dando cabida, ya no digamos a una explicación, sino una justificación ante los ojos de la sociedad.
En la zona de Calpulalpan hay una creciente inconformidad ciudadana debido a la concesión del Libramiento, sobre todo porque se considera que a ese municipio y sus alrededores se les está aislando. Los costos de traslado aumentarán significativamente y no todas las personas podrán sufragarlos pero parece que a nadie le importa.
En la más reciente reforma al texto constitucional local, las y los legisladores modificaron los requisitos para que una persona no oriunda de Tlaxcala pudiera ocupar la Secretaría de Gobierno, el segundo cargo políticamente más importante dentro del Poder Ejecutivo por toda la responsabilidad que representa, entre ellas, la de sustituir a la gobernadora en casos de ausencia. Literalmente, en esas ausencias Tlaxcala estaría gobernada por una persona no tlaxcalteca.
Ahora, con la reforma a la Constitución Política para transitar de una Procuraduría a una Fiscalía, se está a las puertas de llegar a lo que el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria llamó como una “fiscal carnala”, una fiscal a modo para decirlo rápido.
¿Cómo es eso? Pues es, simplemente tener en la Fiscalía a una persona obediente de las instrucciones que se dicten desde el Ejecutivo, tal y como ha sido, desde que llegó al cargo, la actual procuradora Ernestina Carro Roldán. La idea era tener una verdadera Fiscalía autónoma, no en la letra sino en los hechos, investigadora de los delitos que se cometan en territorio estatal.
Es la hora en que se habla de una total impunidad en el desvío de recursos públicos que ha habido, sobre todo, en los ayuntamientos. Pero los servidores públicos integrantes de organismos autónomos e instituciones públicas pertenecientes al Ejecutivo, continúan tan campantes y sin temor a ser detenidos.
Varios ex alcaldes y ex funcionarios estatales, ante la impunidad en la que han vivido pese a sus irregularidades, ya buscan su regreso a las administraciones municipales o a las diputaciones locales. Y lo peor, con la complacencia de los propios partidos políticos.
Véase si no, el caso del alcalde con licencia de la capital tlaxcalteca, Jorge Corichi Fragoso, quien ha sido registrado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para buscar la Senaduría de la República, aunque resignado a que sea por la suplencia. Sin embargo, varios partidos políticos están en esa misma circunstancia.
La reforma que modificó los requisitos constitucionales para llegar a la titularidad de la Secretaría de Gobierno, tuvo dedicatoria. La de ayer parece, también tenerla. No por nada comenzó a circular desde ahora el nombre de Ernestina Carro Roldán. Veremos pronto si los hechos desmienten lo que ahora se avisora.
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