Desde este lunes, en diferentes entidades federativas, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron movilizaciones y protestas que han afectado a cientos de personas porque se han trasladado a carreteras y lugares públicos, sin ningún sentido. Tlaxcala se sumó a ese absurdo.
Buscan revertir la decisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que aprobó el dictamen de la iniciativa que busca extinguir 13 de los 14 fondos y fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial.
Quienes realizan esas movilizaciones argumentan que la extinción de esos fideicomisos afectará sus derechos laborales porque impactará de manera directa en pensiones, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Pero hay que decirlo claro, quienes llevan a cabo esas movilizaciones solo exhiben su ignorancia o su obediencia a sus superiores porque no conocen que la extensión de esos 13 fideicomisos no los afectará.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho con claridad que esa desaparición no afectará a la clase trabajadora del Poder Judicial porque éstos solamente son una reserva que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) utilizan para mantener sus privilegios. Estoy de acuerdo.
En la aprobación del dictamen respectivo por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se estableció con claridad que la intención de extinguirlos es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, así como promover la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad.
Y más aún, que esos 13 fideicomisos no están establecidos expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así de fácil. No deberían existir.
Ese es el motivo de la extinción de esos fideicomisos, que más bien son una trampa para que el dinero del subejercicio no regrese a la tesorería de la federación y se quede para los altos mandos de ese corrompido poder.
Estamos hablando del control de 15 mil 450 millones de pesos distribuidos en esos 14 fideicomisos, cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Ese recurso perfectamente puede ser aplicado para paliar necesidades de los sectores más desprotegidos de Tlaxcala y el país.
Vale decir que solo quedaría intacto el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, con un saldo de 6 mil 104 millones de pesos. Este instrumento es el único que está previsto en la ley, pues los restantes fueron creados para pagar prestaciones de privilegio a los altos mandos judiciales.
Esa es la información que quienes realizan las manifestaciones y los bloqueos desconocen, y su desconocimiento pretende ser trasladado a la opinión pública.
Están engañados por las ministras y ministros que integran la SCJN, quienes en reiteradas ocasiones han señalado que algunos de los fideicomisos que buscan ser extinguidos cubren prestaciones de trabajadores jubilados. Esa es la mentira oficiosa que se ha dejado correr.
Lo que no saben es que en la extinción de los fideicomisos que resguardan fondos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, se respetarán los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado.
Por eso la reforma que busca eliminar los fideicomisos judiciales ya ha avanzado en Comisiones y, seguramente, avanzará una vez que se ponga a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Las tres de ley… 1- La dignidad no se da en macetas, por eso es difícil sembrarla en quienes la pierden o extravían durante su vida, eso sucedió con los líderes sindicales que ayer olvidaron las marchas y protestas en contra del esquema privatizador de los servicios de salud de los burócratas. Sus agremiados no se sorprendieron, sabían lo que sucedió antes de la “concesión”.
2- ¿Los secretarios generales de los sindicatos “Mártires de 1910”, de la sección 55 de Trabajadores de la Educación (SNTE), “Justo Sierra”, “Alberto Juárez Blancas” y de la Unión de Pensionados y Jubilados de Tlaxcala volverán a decir que asistieron “engañados” a legitimar la entrega de años de luchas sindicales?
3- El único ganador es el director Jurídico de la Segob., Miguel Sánchez Ramírez, que sueña con quedar como encargado del despacho de esa oficina una vez que Sergio González se vaya en busca del “sueño federal”, y mientras se aprueba la llegada de Luis Ramírez a la oficina que en algún momento fue sinónimo de poder, capacidad e inteligencia operativa. Fue, en pasado.
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