La política local suele regalarnos pasajes de audacia inverosímil, pero lo ocurrido recientemente en Tlaxcala cruza la frontera de la imprudencia para instalarse de lleno en la impunidad expuesta. La acumulación de evidencias —fotografías explícitas y grabaciones filtradas— ha dejado al descubierto una estructura de operación política que compromete de manera directa la neutralidad de las instituciones y exhibe el uso descarado de recursos públicos.
Las pruebas de la intromisión: audios, propaganda y servidores de la nación.
Las imágenes difundidas no dejan espacio a interpretaciones ambiguas: Casa de Gobierno, la residencia y sede oficial del Poder Ejecutivo estatal, convertida en bodega y centro de logística partidista. Fotografía a fotografía se aprecia a brigadistas organizando y empaquetando propaganda política en favor de Alfonso Sánchez García. A esto se suma el peso de las grabaciones de audio filtradas a la opinión pública, donde se escuchan las voces del delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, de la exdiputada Marcela González (esposa de Alfonso Sánchez) y de Salvador Ballesteros, esposo de la gobernadora Lorena Cuéllar.
El contenido del material auditivo no solo retrata la injerencia abierta de funcionarios federales y el contubernio con personas ligadas a la gobernadora y a su delfín en el proceso interno de Morena para definir la coordinación estatal, sino que sugiere una red de coacción y movilización donde los “servidores de la nación” y los programas sociales terminan supeditados a la causa de un proyecto familiar.
El relato oficial: la hipótesis del desconocimiento
Ante la contundencia de las imágenes, las explicaciones ofrecidas por el equipo de comunicación de la gobernadora y la Secretaría de Gobierno rayan en lo absurdo. Pretender convencer a la ciudadanía de que la mandataria estatal “desconocía” que en el inmueble donde habita y despacha cotidianamente se ingresaba, acumulaba y distribuía material proselitista a gran escala resulta un insulto a la inteligencia pública.
Más insostenible aún suena la promesa vertida por la vocería oficial en el sentido de que “habrá una investigación exhaustiva y sanciones a los responsables”. ¿Quiénes serán los sancionados? ¿Los subordinados que acarrearon los paquetes o los vigilantes que abrieron las puertas del recinto oficial? Seguro los chivos expiatorios serán personal administrativo o funcionarios menores asignados al cuidado y vigilancia de la Casa de Gobierno. Prometer una indagatoria interna cuando los involucrados pertenecen al círculo familiar y de gabinete principal de la titular del Ejecutivo es un ejercicio de retórica vacía.
Fuego cruzado: la rebelión interna y la presión opositora
Los demás aspirantes a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación han alzado la voz para exigir garantías mínimas de equidad y “piso parejo”. Las inconformidades ya no son solo declaraciones mediáticas; se han formalizado mediante quejas administrativas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, demandando la invalidez de la candidatura de Alfonso Sánchez García manchada por el uso de las estructuras de los gobiernos federal y estatal.
En el frente externo, los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) exigen la pronta intervención del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, del Instituto Nacional Electoral y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. La demanda es categórica: investigar el presunto delito electoral, el desvío de recursos y la intromisión de servidores públicos, imponiendo las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Una aspiración en la cuerda floja
Todo este entramado de excesos coloca la aspiración de Alfonso Sánchez García en una posición de extrema vulnerabilidad. La persistencia en recurrir a viejas prácticas de acarreo, coacción institucional y empleo de instalaciones públicas atenta contra los principios estatutarios que abandona la propia dirigencia nacional de su partido.
Si la CNHJ de Morena o las autoridades electorales actúan con apego a la norma y acreditan la violación a los principios de equidad y neutralidad, la candidatura de Sánchez García podría desmoronarse antes de iniciar la contienda formal. El intento de asegurar un proyecto político mediante el uso del aparato gubernamental amenaza con convertirse, paradójicamente, en la causa principal de su descarrilamiento.
