No pudieron ganar la elección en una comunidad, en este caso la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO), pero el grupo de Alfonso Sánchez García (ASG) sigue gastando nuestros impuestos para “mostrar músculo”, como ocurrió el fin de semana en el foro con campesinos realizado en el Pueblo Mágico.
Es probable que no se percaten de que la Constancia de Mayoría para Víctor Garrido Lechuga se convirtió en su acta de defunción. Lo que se vivió ayer en Ocotlán no fue otra cosa que un referéndum: ese procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia y la gente ya les demostró su estado anímico respecto de su labor y trato.
Todos conocíamos el contexto de esta disputa. En medios locales como este se han documentado los antecedentes del conflicto en torno a la CAPAO, destacando irregularidades durante la gestión de José Julio Buendía Martínez como ex titular, que todos en el circulo cercano a ASG afirman es uno de sus incondicionales.
En un artículo previo expuse que, tras su periodo al frente de la CAPAO (alrededor de 2022-2024), quedó pendiente una auditoría exhaustiva por millones de pesos sin comprobar en el manejo de recursos del organismo. Buendía, pieza central para desestabilizar y lograr que la elección de Garrido fuera desconocida, nunca rindió cuentas claras al concluir su administración, lo que generó sospechas de desvío o falta de comprobación de gastos.
Habitantes de Ocotlán exigieron respuestas al Ayuntamiento de Tlaxcala en plazos cortos, argumentando opacidad en el uso de ingresos por cobro del servicio de agua y posibles malversaciones. En publicaciones posteriores en redes sociales, los propios pobladores vincularon directamente esta deuda de rendición de cuentas con la disputa electoral reciente. ¿Alguien duda que Víctor Hugo Gutiérrez, secretario del Ayuntamiento, metió las manos e intentó sembrar a su gente en esa posición?
Tras la victoria de Víctor Garrido Lechuga en agosto de 2024 con 588 votos (Planilla Azul), esa elección fue anulada por el Tribunal de Justicia Administrativa en septiembre de 2025 por “irregularidades procesales”. Esto abrió paso a una nueva contienda en 2026, con la complacencia del Poder Judicial Federal —que puso especial atención en el caso, pese a tener asuntos con 10 años de espera— y de los nuevos miembros del Poder Judicial, que se dejaron seducir por alguien del Ayuntamiento capitalino.
Varios en la capital interpretamos que la intención detrás de anular el triunfo de Garrido y promover candidatos afines a la presidencia municipal de Tlaxcala era evitar o bloquear una auditoría profunda a la gestión pasada de Julio Buendía. Los dos candidatos contra los que compitió Garrido en esta reposición —Arturo Rojas Garfias (Planilla Morada) y Pedro Rosete Ramos (Planilla Blanca)— resultan ser trabajadores o aliados del Ayuntamiento capitalino.
Pero eso no es del todo cierto. Personalmente creo que, más allá de una auditoría que exponga el desvío de más de 10 millones de pesos, el conflicto se centra en el nuevo pozo de agua en Tlacomulco, que representará ingresos millonarios para las autoridades comunitarias.
La inconformidad de la gente se hizo evidente en septiembre de 2025, cuando pobladores marcharon defendiendo la autonomía de la CAPAO y recordando que Julio Buendía nunca rindió cuentas en su paso por el organismo, dejando presuntamente un “hueco” financiero que ahora se busca proteger mediante control político.
Ahora todos nos preguntamos: ¿de qué le sirvió a Julio Buendía interferir en la elección? De poco o nada le sirvió el sabotaje y el uso indebido de recursos comunitarios. Recordemos que él sigue al frente como presidente de la comunidad de Ocotlán.
Alfonso Sánchez García debe estar en un momento agridulce: molestia porque sus “asesores” lo lanzaron a una pelea que creyeron sencilla, pero que solo exhibe sus limitaciones, flaquezas y la pobreza de sus estrategas; y al mismo tiempo gratitud, porque de cara al 2027 le ha salido barato descubrir lo solo que se encuentra y lo mal asesorado que está.
La disputa por la presidencia de la CAPAO trasciende lo electoral: se trata del control sobre ingresos millonarios del agua, el nuevo pozo en Tlacomulco, blindar posibles responsabilidades por falta de comprobación de gastos durante la era Buendía y hasta un “calentamiento” para el grupo de Alfonso Sánchez García rumbo al 2027. Lo perdieron todo
