La madrugada de este domingo fueron rescatadas 726 personas migrantes que se encontraban en una bodega del municipio de Cuaxomulco, aunque el gobierno municipal ha querido desviar la atención “advirtiendo” que la bodega podría pertenecer a un expresidente, lo cierto es que Miguel Ángel Neria Carreño, actual alcalde, es miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y resulta extraño que no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se realizaban en su territorio.
El rescate se llevó a cabo tras una llamada al 911, en la que una persona denunció la existencia de un número importante de indocumentados, lo que derivó en una intensa movilización policíaca.
El reporte oficial señaló que entre los migrantes rescatados se encontraban niños, niñas, mujeres y hombres adultos, quienes fueron traslados al auditorio municipal de Cuaxomulco, donde se les brindó comida y atención médica.
Al final, se supo de la detención de al menos cinco personas, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas.
En el operativo participaron elementos del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación y Coordinación e Inteligencia (C5i) mantuvo un monitoreo preventivo con cámaras de videovigilancia.
Es claro que las autoridades deben actuar con absoluto rigor con las personas detenidas en caso de que se compruebe su responsabilidad en el delito de tráfico de personas.
El traslado de personas indocumentadas a cambio de una ganancia económica, forma parte de una industria altamente lucrativa que constituye el delito denominado “tráfico de indocumentados”.
Este ilícito actualmente está previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, que sanciona, entre otros supuestos, a las personas que pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.
También, sin embargo, es preciso que las autoridades respeten el debido proceso, los derechos humanos y las garantías de las personas detenidas.
Porque si este suceso de Cuaxomulco ha logrado una atención mediática en lo local y en lo nacional, es un hecho que otros asuntos igual de ilegales también deben llamar nuestra atención.
Es el caso, por ejemplo, de las cuentas públicas reprobadas por el Congreso del Estado a la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y al Fideicomiso Ciudad Industrial Xicoténcatl (FIDECIX), respecto del ejercicio fiscal 2022.
Es la hora que sus titulares, Enrique Padilla Sánchez y Humberto Macías Romero, no han sido tocados ni con el pétalo de un solo llamado a declarar ante el Ministerio Público. ¿En estos casos habrá negociación?
La pregunta es válida porque sabemos que la institución del Ministerio Público para nada es independiente. La persona titular de la Procuraduría General de Justicia sigue dependiendo del gobernador o gobernadora en turno. ¿Hasta cuándo tendremo fiscalia en Tlaxcala como ha sucedido en casi todo el país?
Pensar en la impunidad de esos ex funcionarios en tiempos de la 4T, donde el compromiso de acabar con toda corrupción, es completamente inaceptable. Uno no pensaría que no habría impunidad si la institución del Ministerio Público fuera independiente, pero no lo es.
La frase aquella atribuida a Benito Juárez, en el sentido de que “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, ya no debe aplicar más en los tiempos actuales. Aplicarla en quienes traicionaron el precepto de no robar es absolutamente exigible, más en estos tiempos tan difíciles económicamente para miles de familia que apenas pasan el día a día.
Hay todavía varios pendientes que la actual administración estatal tiene con la sociedad. El castigo a la corrupción es una de ellos.
