En Tlaxcala, la iniciativa privada enfrenta un panorama complejo donde los esfuerzos por sostener la economía local chocan con un entorno de estancamiento, incertidumbre y políticas públicas que, aunque bien intencionadas, limitan su margen de acción.
Mientras el sector empresarial lucha por mantener empleos formales en un contexto de inseguridad y recesión, el programa federal “Viviendas para el Bienestar” plantea una oportunidad, pero también un desafío para los constructores locales que buscan participar sin sacrificar su viabilidad económica.
El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, César Reyes Chávez, ha encendido las alarmas sobre el estancamiento económico que azota al estado y al país. En lo que va de 2025, Tlaxcala ha registrado pérdidas significativas de empleos formales, con una caída de más de 400 plazas en un solo mes. Solo dos meses han mostrado números positivos en generación de empleo, lo que refleja una economía que no logra despegar.
A nivel nacional, el panorama no es más alentador: el IMSS reporta la creación de apenas 133 mil empleos en cinco meses, pero con retrocesos alarmantes en abril y mayo, donde se perdieron más de 93 mil plazas. Lo dicen ellos, los que conocen y padecen la realidad, no los discursos.
Factores como la incertidumbre generada por la reforma judicial, los conflictos internacionales en Ucrania e Irán, y la inseguridad que persiste en diversas regiones del país agravan la situación.
En Tlaxcala, las empresas hacen malabares para mantener a flote sus plantillas laborales, enfrentándose a una “enorme” presión para sostener la productividad en un entorno de poca movilidad económica.
La iniciativa privada, motor de la economía local, se encuentra atrapada en un círculo vicioso donde la falta de inversión y el nerviosismo global limitan su capacidad de crecimiento.
En medio de este escenario, el programa “Viviendas para el Bienestar” surge como una luz de esperanza, pero con matices. Según Pedro Guarneros Ortiz, presidente de la CMIC Tlaxcala, siete constructoras locales están interesadas en participar, identificando predios en municipios como Papalotla, Ixtacuixtla y Apizaco para desarrollar hasta cinco mil viviendas.
Sin embargo, el esquema plantea un reto significativo: el Infonavit ha fijado un precio máximo de venta de 600 mil pesos por vivienda, lo que obliga a las empresas a ajustar sus costos en un contexto de inflación y encarecimiento de materiales. Dios quiera -y la autoridad vigile- que eso no se refleje en materiales de dudosa calidad.
Si bien las constructoras han evaluado la viabilidad económica de los proyectos, el margen de ganancia es reducido. Construir viviendas de 60 metros cuadrados en zonas con servicios básicos, como exige el gobierno federal, implica un esfuerzo logístico y financiero considerable.
Aunque el programa podría generar empleo y dinamizar la economía local, las condiciones impuestas por el gobierno federal no reconocen plenamente el papel crucial de los empresarios, quienes asumen los riesgos y sostienen la generación de empleo en un entorno adverso.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno federal impulsa programas sociales para atender necesidades básicas, las políticas que los sustentan no siempre consideran las dificultades que enfrenta la iniciativa privada.
En Tlaxcala, los empresarios no solo lidian con la inseguridad, que disuade la inversión, sino también con un entorno económico estancado que limita su capacidad de crecimiento. A pesar de ello, son ellos quienes generan empleos, pagan impuestos y mantienen a flote una economía que, sin su esfuerzo, colapsaría.
Es momento de que las autoridades federales y estatales reconozcan el valor de la iniciativa privada como aliado estratégico. Programas como “Viviendas para el Bienestar” deben diseñarse con flexibilidad, permitiendo márgenes que incentiven la participación empresarial sin comprometer su sostenibilidad.
Además, urge una estrategia integral para combatir la inseguridad y fomentar la inversión, creando un entorno donde los empresarios puedan prosperar y, con ello, fortalecer la economía local. No se trata de ser chairo o fifi, aquí hace falta una postura seria y que a todos convenga.
En Tlaxcala, la iniciativa privada no pide privilegios, sino condiciones justas para seguir siendo el motor del desarrollo. La construcción de viviendas puede ser un paso hacia el bienestar, pero solo si se construye sobre un cimiento de confianza y colaboración entre el gobierno y quienes, día a día, sostienen el empleo y la esperanza de un estado que merece crecer.
