En los últimos días, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha generado un intenso debate con su propuesta para regularizar las viviendas ocupadas de manera irregular en México.
En Tlaxcala, un estado con un contexto particular de abandono de viviendas y ocupación irregular, esta iniciativa plantea tanto oportunidades como desafíos y sin embargo la delegación que ocupa Alejandra Ramirez Ortiz no ha salido a aclarar las dudas que surgieron desde la derecha. No la culpo, en la esfera federal nadie se manda sola, con todo y apellido debe disciplinarse.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha anunciado que no se recurrirá a desalojos forzosos, sino que se ofrecerá un esquema de arrendamiento con opción a compra para quienes habitan estas propiedades sin título legal. Pero, ¿es esta una solución viable para Tlaxcala, o podría generar más problemas que beneficios?
En México, el Infonavit estima que existen unas 843 mil viviendas con problemas, de las cuales 145 mil están ocupadas irregularmente y 23 mil están deshabitadas o vandalizadas. En nuestra entidad, aunque no se han proporcionado cifras específicas recientes, el fenómeno no es ajeno.
Muchas de estas viviendas, construidas en periferias sin servicios básicos adecuados o lejos de los centros de trabajo, fueron abandonadas por sus derechohabientes debido a la imposibilidad de pagar créditos, condiciones precarias o incluso fraudes inmobiliarios.
En algunos casos, como señaló Romero Oropeza en diciembre de 2024, se descubrió que una misma casa en Tlaxcala fue vendida hasta 200 veces, evidenciando la magnitud de la corrupción en administraciones pasadas. Por cierto en ese fraude estaban notarios, esos que ahora se dicen víctimas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que no se puede ignorar esta problemática. “Sería un absurdo que se mantengan abandonadas o en condición de irregularidad”, afirmó, destacando que la propiedad privada está protegida por la Constitución y que cualquier solución debe respetar este principio.
En Tlaxcala, donde el abandono de viviendas ha generado focos de inseguridad y deterioro urbano, la regularización podría revitalizar comunidades, pero también plantea preguntas sobre la justicia y la legalidad.
El plan del Infonavit consiste en ofrecer a los ocupantes irregulares un esquema de renta con opción a compra a precios accesibles, especialmente en casos donde no existan denuncias por despojo.
Este enfoque busca evitar conflictos sociales y largos procesos judiciales, al tiempo que permite a las personas que ocupan estas viviendas –muchas veces por necesidad– acceder a una solución legal para obtener la propiedad.
En Tlaxcala, donde la pobreza y la falta de acceso a vivienda digna son problemas persistentes, esta iniciativa podría beneficiar a familias que, sin otras opciones, ocuparon casas abandonadas. No que hayan sacado a golpes a sus ocupantes, sino que hayan hecho uso de esas viviendas, porque nadie las ocupó ni reclamó.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Organismos como el Colegio de Abogados de Tijuana han advertido que regularizar viviendas a ocupantes irregulares podría ser jurídicamente inviable y generar inseguridad jurídica, al vulnerar los derechos de los propietarios legítimos que adquirieron sus casas mediante créditos formales.
En Tlaxcala, donde los fraudes inmobiliarios han dejado a muchos derechohabientes en desamparo, existe el riesgo de que esta medida sea percibida como un “premio” a la ilegalidad, desincentivando el cumplimiento de los procesos legales.
Tlaxcala enfrenta desafíos específicos que hacen que la propuesta del Infonavit sea particularmente relevante. La entidad ha sido señalada como uno de los lugares donde los fraudes inmobiliarios, como la venta múltiple de una misma propiedad, han afectado a miles de familias.
Además, muchas viviendas de interés social construidas en zonas alejadas carecen de servicios básicos como agua, transporte o seguridad, lo que ha propiciado su abandono. Estas condiciones han dado pie a la ocupación irregular, especialmente por personas en situación de vulnerabilidad que ven en estas casas una oportunidad para tener un techo.
El programa de regularización, junto con el censo que realiza Infonavit en colaboración con la Secretaría de Bienestar, podría ayudar a identificar cuántas de estas viviendas en Tlaxcala están ocupadas irregularmente y cuáles son recuperables.
Además, el plan “Regeneración Comunitaria Infonavit” busca rehabilitar lotes y mejorar áreas urbanas abandonadas, lo que podría tener un impacto positivo en comunidades tlaxcaltecas afectadas por el deterioro. ¿Qué falta?, quizá una campaña informativa que le quite filo a la de desinformación encabezada por los medios tradicionales.
La iniciativa del Infonavit en Tlaxcala tiene el potencial de transformar una problemática histórica en una oportunidad para reducir el rezago habitacional. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosa para evitar consecuencias no deseadas.
Por un lado, permitir que ocupantes irregulares adquieran viviendas a bajo costo podría beneficiar a familias necesitadas y revitalizar comunidades abandonadas. Por otro, sin controles estrictos, podría incentivar nuevas ocupaciones ilegales, como advierten expertos.
Además, es crucial garantizar que los derechos de los derechohabientes originales no sean vulnerados, especialmente en casos de fraudes inmobiliarios donde las víctimas aún buscan justicia.
El gobierno de Sheinbaum y el Infonavit han insistido en que la propiedad privada está resguardada y que se implementarán filtros jurídicos para evaluar cada caso. En Tlaxcala, donde la confianza en las instituciones ha sido minada por años de corrupción, la transparencia en este proceso será clave para evitar percepciones de injusticia.
La propuesta de Infonavit en Tlaxcala no es una defensa de los invasores, sino un intento por resolver un problema complejo sin recurrir a la violencia de los desalojos. Sin embargo, su éxito dependerá de un equilibrio delicado: respetar la propiedad privada, garantizar justicia para los derechohabientes afectados por fraudes y ofrecer soluciones reales a quienes ocupan viviendas por necesidad.
En una entidad federativa como la nuestra, donde la vivienda digna sigue siendo un sueño para muchos, esta iniciativa podría ser un paso hacia la justicia social, siempre y cuando se implemente con rigor, transparencia y apego a la ley.
