En el corazón de San Pablo del Monte, Tlaxcala, un escándalo sacude las entrañas del ayuntamiento. Alejandro Martínez Sánchez, secretario del ayuntamiento conocido como “La Hamburguesa”, enfrenta múltiples denuncias por acoso sexual y laboral, con un caso emblemático: el de Karla N., una exsecretaria de la presidencia que, tras rechazar las insinuaciones del funcionario, fue despedida injustamente y acosada incluso fuera de su trabajo.
A pesar de una orden de protección urgente emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala, Martínez Sánchez sigue en su cargo, aparentemente intocable. ¿Cómo es posible que un servidor público con tales señalamientos continúe operando con total impunidad? La respuesta podría estar en un preocupante contubernio que alcanza hasta las más altas esferas de la justicia estatal.
Karla N. no es un caso aislado. Testimonios y reportes periodísticos apuntan a un patrón: al menos diez mujeres habrían sufrido acoso por parte de Martínez Sánchez, respaldado, según denuncias, por la propia presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna. Esta protección no es mera especulación.
A pesar de que la orden de protección, emitida el 11 de abril, prohíbe al secretario cualquier contacto con Karla N. y establece medidas de seguridad, Arce Luna no ha iniciado ningún procedimiento administrativo contra su mano derecha. Peor aún, hay quienes aseguran que el despido de Karla fue orquestado por la propia alcaldesa, lo que sugiere una complicidad que va más allá de la omisión.
El historial de Martínez Sánchez es alarmante. Desde su paso como representante político en el INE hasta administraciones municipales previas, como la de Cutberto Benito Cano Coyotl, las denuncias por acoso sexual lo persiguen. Mujeres policías y trabajadoras del ayuntamiento han relatado experiencias similares, muchas de ellas silenciadas por miedo a represalias o despidos.
Sin embargo, estas acusaciones no han derivado en consecuencias legales significativas. ¿Por qué? Aquí entra en escena un actor clave: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Ernestina Carro Roldán.
A pesar de las denuncias formales presentadas ante la FGJE, incluida la de Karla N., no hay avances visibles en la investigación contra Martínez Sánchez. La fiscalía cuenta con elementos suficientes: testimonios, la orden de protección y un historial de señalamientos que no puede ignorarse. Sin embargo, la inacción es ensordecedora.
Esta parálisis alimenta las sospechas de un contubernio entre el poder municipal y la fiscalía, donde la protección política y los vínculos personales podrían estar obstruyendo la justicia. La propia policía municipal, encargada de garantizar la seguridad de Karla N., está bajo la influencia de Martínez Sánchez, lo que pone en duda la eficacia de las medidas de protección y expone la fragilidad del sistema.
La indignación ciudadana crece en San Pablo del Monte. En redes sociales, los habitantes denuncian no solo el abuso de poder de Martínez Sánchez, sino la complicidad de Arce Luna, quien, según trabajadores del ayuntamiento, mantiene una relación “más que laboral” con el secretario.
La alcaldesa ha intentado desviar la atención, atribuyendo las críticas a “grupos políticos contrarios”, eso le dice a los enviados de la secretaría de Gobernación. Pero los hechos son innegables: una trabajadora fue acosada, despedida y hostigada, y el responsable sigue en su puesto, mientras la fiscalía guarda un silencio cómplice.
El caso de San Pablo del Monte no es solo una afrenta a las víctimas de Martínez Sánchez, sino un reflejo de un sistema que falla en proteger a las mujeres y perpetúa la impunidad. Ernestina Carro Roldán tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que la FGJE no es un apéndice de los intereses políticos locales.
Proceder contra Martínez Sánchez no solo sería un acto de justicia para Karla N. y las demás víctimas, sino un mensaje claro: nadie, ni siquiera los protegidos del poder, está por encima de la ley.
La pregunta resuena: ¿hasta cuándo se permitirá que “La Hamburguesa” y sus aliados sigan burlando la justicia? Tlaxcala merece respuestas, y las mujeres de San Pablo del Monte, seguridad y dignidad.
Las tres de ley… 1- Mentiras varias se han dicho en torno a la Olimpiada Nacional, la primera es que es la primera ocasión que Tlaxcala es sede: mentira total, la primera ocasión sucedió en 2006 y la mascota se llamó Tiaxca, era un toro de Lidia y fue muy “chuleada” por Nestor Vargas, otrora titular de la Conade, el gobernador era Héctor Ortiz, gobernaba el PAN y Juan Gabriel Sánchez fue el titular del IDET… 2- De la inauguración que vimos el pasado fin de semana en el Tlahuicole pocos lo dirán pero al menos para mi, no estuvo a la altura de lo esperado, al menos en el espectáculo: En un evento para jóvenes cualquiera esperaría un grupo juvenil con música que conectara con ellos, y no a tres rancheros insípidos -y desconocidos- con musica vernácula que sirve para aburrir a los asistentes a los VX años de cualquier fiesta de pueblo, que aunque gratuitos no brindaron ningún tipo de show… 3- De los eventos y partidos que habrán de disputarse, nadie duda de lo que serán. Aquí están los futuros referentes del deporte nacional y mundial. No espero que todos entiendan o valoren lo que significa una olimpiada en Tlaxcala, tampoco que reconozcan lo hecho por Daniel Moncayo; mucho menos que él logre ver su cosecha en el mediano plazo, pero el tiempo le dará la razón a Cuellar por haberlo traído a Tlaxcala. Daniel Moncayo Cervantes es de esos garbanzos de libra que tenemos y no conocemos, ni reconocemos, hasta que ya no están.
