No se sabe cómo concluirá el tema del juicio de amparo una vez que el juez tercero de distrito resuelva sobre el fondo del asunto respecto del recurso interpuesto que cuestiona el proceso de designación de un comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), pero la impugnación mete un ruido innecesario que pudo haber sido contenido a tiempo por el Congreso local.
La mayoría morenista y sus aliados en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso del Estado se impuso a sabiendas de que algo así podría venir, más aún cuando algunas personas aspirantes son especialistas en derecho, como José David Cabrera Canales, quien aspiraba a formar parte de ese organismo autónomo por segunda ocasión. Con todo y sus antecedentes.
Pareciera una incongruencia, pero Cabrera Canales quedó fuera del proceso de designación después del examen escrito realizado en el patio central del Poder Legislativo, debido a que no alcanzó una calificación mínima de 8.
Incongruencia, porque el mismo Cabrera Canales forma parte de las 10 personas mejores evaluadas, de una lista de 51, que se inscribieron para formar parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
Esa lista la conforman María de los Ángeles Guzmán García, Ileana Hidalgo Rioja, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas, Alma Cristina López de la Torre, Julio César Bonilla Gutiérrez, Jonathan Mendoza Iserte, Luis Gustavo Parra Norieda, José David Cabrera Canales y Salvador Romero Espinosa.
En marzo pasado el dictamen que lleva esos nombres fue aprobado por la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Juan Zepeda, con siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones; mientras que la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, lo aprobó con 10 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
El dictamen lleva meses detenido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido ser votado por el Pleno.
Lo cierto es que el listado en poder de ese órgano de dirección de la Cámara de Senadores están las personas aspirantes con mayores puntajes obtenidos en las cédulas de evaluación documental, el cual está conformada por cinco mujeres y cinco hombres.
Por supuesto que ese antecedente no era motivo para que Cabrera Canales pasara directo a la final. A mi parecer ni siquiera debió haber estado en la lista de aceptados para que pasarán a la etapa del examen escrito, debido a su ominosa participación como comisionado de la IAIP-Tlax cuando fue elegido por primera vez.
Poco más de un año después de haber tomado posesión al cargo de comisionado, el Congreso del Estado lo destituyó junto con Marlene Alonso Meneses y Francisco José Morones Servín, por omisiones en el desempeño de sus funciones y en actos que pusieron en riesgo la operación del IAIP-Tlax.
El motivo: desacato de diversas resoluciones y decretos del Poder Legislativo por parte de Cabrera Canales y Morones Servín perjudicó intereses públicos fundamentales y trastornó el funcionamiento del organismo autónomo.
Con ese antecedente, el Congreso del Estado debió haberlo echado fuera del proceso de selección, pero le dio luz verde y ahora paga las consecuencias.
No se esperaba menos de quien hoy por hoy es el presidente del Comité de Transparencia y Coordinador Institucional de Información y Transparencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
Si en el pasado su comportamiento fue problemático, también problemática se ha vuelto su participación en el proceso de designación organizado por el Poder Legislativo.
El Congreso del Estado cosecha lo que sembró, de eso no hay duda. Se lo merece por tanta negligencia y opacidad en el proceso.
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