Un empresario del ramo de la construcción en Tlaxcala ha levantado la voz para denunciar lo que considera un posible caso de extorsión disfrazado de trámite oficial.
El afectado, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató a esta redacción los detalles de un incidente que involucra a un supuesto inspector de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet), ocurrido en la comunidad de Santa María Atlihuetzía, municipio de Yauhquemehcan.
Según el testimonio del constructor, el individuo se presentó en el lugar donde se levanta un conjunto de casas para realizar una “diligencia administrativa de Inspección Ordinaria” y dejar un citatorio.
Sin embargo, el documento entregado levantó sospechas inmediatas: “No tiene ni el nombre de a quién busca, ni qué va a hacer”, afirmó el empresario, quien decidió no firmarlo al desconocer el motivo de la visita.
El supuesto inspector, que llegó en un automóvil identificado como propiedad de la Propaet, mostró una credencial expedida y firmada por Iván García Juárez, procurador de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, con vigencia hasta diciembre de 2025. Además, colocó un sello de suspensión en la obra, lo que incrementó las dudas del afectado.
“Esto podría ser una extorsión”, señaló, sugiriendo que el procedimiento podría tratarse de una práctica dudosa realizada a nombre de la dependencia estatal.
El citatorio, según lo descrito, se ampara en los artículos 3 y 77, párrafo segundo, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y está dirigido de manera genérica al “propietario, representante legal, encargado o responsable” de la obra.
Sin embargo, la falta de claridad en el documento y la actitud del supuesto funcionario llevaron al empresario a cuestionar su legitimidad.
Como prueba de lo ocurrido, el denunciante compartió videos del momento de la diligencia, los cuales podrían ser clave para esclarecer los hechos.
Con esta denuncia pública, el constructor busca no solo protegerse, sino también alertar a la ciudadanía sobre posibles abusos de autoridad o intentos de extorsión que se escuden en instituciones oficiales. No sería la primera llamada contra estas prácticas.
El caso pone en el reflector a la Propaet y plantea interrogantes: ¿se trata de un procedimiento legítimo mal ejecutado o de un intento de aprovechamiento indebido?
Por ahora, el empresario espera que las autoridades investiguen y den una respuesta clara.
Mientras tanto, su testimonio sirve como un llamado de atención para que otros no caigan en trampas similares. Denuncien, no hay de otra, parece ser la consigna.
