Esta semana varios trabajadores contratados por honorarios en la Secretaría de Infraestructura de Tlaxcala levantaron la voz. Fueron enviados a limpiar el Recinto Ferial: no es su trabajo, no firmaron para barrer escombros ni recoger materiales de obra, pero como honorarios, no tuvieron de otra que aceptar o arriesgar la no renovación del contrato. Una historia vieja vestida de urgencia nueva.
La versión oficial es impecable, las publicaciones presumieron que el secretario Eduardo Rubén Hernández Tapia y otras autoridades, supervisaron la “etapa final” de la remodelación del recinto. En la imagen aparecen máquinas barredoras, cuadrillas retirando materiales y el discurso de siempre: la mejor feria del país, 400 millones de pesos invertidos, 600 empleos generados, nuevo palenque, lienzo charro techado, sanitarios renovados.
Todo listo para el 22 de octubre y limpieza general incluida, lo que no aparece en los boletines es el detalle laboral. Personal adscrito a una secretaría de infraestructura, o de obra pública, contratado para otras funciones, porque esa gente terminó haciendo el trabajo de intendencia.
En el régimen de honorarios, la precariedad es el contrato mismo: sin base, sin estabilidad, sin margen real de negativa. La dependencia lo sabe y los trabajadores también.
La pregunta inevitable es por qué se llegó a este punto; la presión del calendario es real: la remodelación se hizo a marchas forzadas, día y noche, con la meta de entregar a tiempo. Cuando los plazos aprietan, el personal disponible —aunque no sea el adecuado— se convierte en recurso de última hora y esa es una explicación operativa… pero no es la única.
Entre los trabajadores circula con fuerza la versión de que los recursos se agotaron o se reasignaron de manera discrecional, en buena medida por el dispendio acumulado para posicionar a Alfonso Sánchez García.
El ex secretario de Infraestructura (2021-2023), hoy todavía alcalde con licencia de la capital y pieza clave en el tablero político de una de las fracciones de Morena en Tlaxcala, dejó un rastro documentado de irregularidades: auditorías al ejercicio 2022 con más de 20 millones de pesos en observaciones por obras no ejecutadas, sobreprecios y estimaciones incompletas.
Su paso por la dependencia se resume, según fuentes críticas, en “desaseo administrativo”. Después, ya como edil, ha concentrado gestiones de obra estatal en la capital y se le señala por operativos de posicionamiento anticipado que involucran recursos y personal público.
No hay prueba pública directa de que el envío de honorarios a limpiar el recinto se deba exclusivamente a ese dispendio, pero el patrón es reconocible: priorizar proyectos de alto impacto mediático y político, diluir controles, y cuando falta capacidad o presupuesto, recurrir a la mano de obra más vulnerable de la propia burocracia. La Secretaría de Infraestructura limpia hoy lo que no resolvió en la planeación o en la administración de recursos.
El resultado es doble, porque por un lado, el recinto se entrega a tiempo y el discurso oficial se sostiene, pero por el otro, se normaliza que trabajadores eventuales carguen con tareas ajenas bajo amenaza tácita de perder el ingreso. Es la lógica de la precariedad institucional: los de abajo absorben las urgencias que generan las decisiones de arriba.
La denuncia de estos honorarios no es un detalle menor de logística, es un síntoma que revela cómo se priorizan los eventos sobre las condiciones laborales, cómo la obra pública se convierte en escenario político y cómo, al final, siempre hay alguien sin voz suficiente para negarse. Mientras la feria se prepare con discurso de grandeza, conviene no olvidar quién está, literalmente, barriendo el camino y la suciedad que otros dejaron.
