MRH
Martín Rodríguez/INNOMBRABLE
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La diputada local Alejandra Ramírez Ortiz jamás dimensionó los problemas que podría enfrentar al incursionar en la política.

No es lo mismo ver la discusión de los conflictos públicos desde la tribuna a vivirlos desde el terreno de juego. Ya los enfrenta.

Nueve días después de los conflictos por los que hoy se le señala y que la tienen afligida, decidió enfrentarlos. No tenía alternativa.

Se duele de ser víctima de violencia, pero como figura pública, sujeta al escrutinio, cometió errores.

Uno de ellos fue creer que la familia, por haber sido detentadora del poder máximo en la máxima casa de estudios de Tlaxcala podía protegerla y apoyarla, tal vez hasta la ignominia.

Pero se equivocó. Ella no pudo haber actuado sin sentirse protegida.

Tiene razón cuando afirma que el conflicto que enfrenta debe ser dirimido por las autoridades judiciales del estado, pero omite razones que pudieron haberla no perjudicado. Una de ellas fue no enfrentar desde el inicio las acusaciones.

Ni siquiera ayer, después de la sesión ordinaria del Congreso local, lo hizo. Fue entrevistada en los pasillos del Poder Legislativo y eso dice todo.

¿Por qué no dar la cara de manera inmediata, a través de una conferencia de prensa, a lo que desde un principio se le acusó? ¿Por qué no un comunicado de prensa desde su oficina desde el Congreso del Estado?

Se duele de ser víctima de violencia y es posible que tenga razón, pero es claro que cometió un error que le ha costado su sobrevivencia política.

Por eso renunció como máxima dirigente estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC). Si no hubiese cometido delito o conflicto alguno no estaría colocada en esa palestra.

El problema es que en este conflicto no solo ella y su esposo están dentro del problema, sino también la UAT.

El rector Serafín Ortiz Ortiz, como rector de la Universidad, tenía que salir a dar la cara ante un conflicto que crecía como bola de nieve. Y salió, pero insasticfactoriamente.

¿Por qué la sanción a tres directivos de la Facultad de Filosofía y Letras, prácticamente una semana después de los sucesos y una vez que se determinó la suspensión de labores docentes de Alejandra Ramírez y su esposo?

La bola creció en un terreno lleno de nieve y así le creció al rector de la UAT, Serafín Ortiz Ortiz. Eso es algo que se ve claramente.

Sin embargo, las afirmaciones de la diputada Alejandra Ramírez no debieran ser dejadas a un lado.

La Comisión de Derechos Humanos (CEDH) tendría que investigar a profundidad lo dicho por la legisladora.

Que sus dos hijos estén en la imposibilidad de recibir la educación a la que tienen derecho, y que no se les otorgue, es algo que el organismo debe investigar para emitir medidas precautorias, sin demoras.

Lo que hoy se presenta en el caso de Alejandra Ramírez Ortiz es algo a reflexionar, más allá de este caso en particular.

Se observa una prepotencia por parte de quien detenta el poder, una desidia en la institución involucrada directamente en el problema para intervenir, una dejadez de intervención en las autoridades judiciales y de derechos humanos y un encubrimiento de un poder que debería estar lejos de encubrir un suceso como el que en estas líneas se explica.

¿Qué viene? ¿La dilatación en la procuración de justicia y la omisión en las investigaciones de supuestos organismos autónomos?. El caso da para más.

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