* Cutberto Chávez de la Rosa, bajo la sombra de graves denuncias laborales; trabajadores exigen justicia, mientras las autoridades tienen la responsabilidad de investigar.
En los sindicatos, el poder no es patrimonio personal, las plazas no son moneda de cambio y los derechos laborales no pueden quedar a merced de los intereses de una dirigencia. Sin embargo, en Tlaxcala, la permanencia de Cutberto Chávez de la Rosa al frente de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enfrenta cuestionamientos que obligan a plantear una pregunta incómoda: ¿el sindicato defiende a los maestros o protege a quienes presuntamente han vulnerado sus derechos?
Las denuncias de trabajadores señalan presuntos despojos de plazas, afectaciones a derechos laborales y decisiones que habrían dejado a decenas de maestras y maestros sin su principal fuente de ingresos. Los señalamientos también apuntan a una posible utilización irregular de espacios laborales en beneficio de familiares, personas cercanas y terceros. Se trata de acusaciones graves que deben investigarse a fondo, esclarecerse y, en su caso, sancionarse conforme a derecho. Ningún dirigente sindical está por encima de la ley, pero tampoco puede sustituirse la investigación por una condena anticipada.
Lo verdaderamente preocupante es que, de acuerdo con los trabajadores afectados, estas irregularidades no serían hechos desconocidos para las instituciones responsables de garantizar la legalidad. Los denunciantes sostienen que han llevado sus casos ante instancias como la Secretaría de Educación Pública federal, su dirección jurídica y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala. Si las autoridades cuentan con expedientes, testimonios y elementos que permitan acreditar las presuntas violaciones, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se han esclarecido los casos y, cuando corresponda, restituido los derechos vulnerados?
Porque perder una plaza no significa únicamente dejar de acudir a un centro de trabajo. Para una maestra o un maestro, puede representar la pérdida del sustento familiar, el incumplimiento de obligaciones económicas, el deterioro del patrimonio y años de incertidumbre jurídica. Detrás de cada denuncia hay trabajadores que exigen respuestas y familias que enfrentan las consecuencias de decisiones que consideran injustas. La representación sindical debería ser su primera línea de defensa, no un obstáculo adicional para recuperar aquello que legítimamente les corresponde.
Y aquí aparece una de las contradicciones más graves del sindicalismo: una organización creada para proteger a los trabajadores puede terminar perdiendo su razón de ser cuando sus dirigentes son señalados por presuntamente utilizar el cargo en beneficio propio. Si se acreditara que integrantes de la dirigencia participaron en el despojo de plazas o en la vulneración de derechos laborales, no bastaría con deslindar responsabilidades individuales; también tendría que revisarse qué mecanismos de vigilancia fallaron y por qué la estructura sindical no evitó los abusos denunciados.
El silencio institucional tampoco puede convertirse en una forma de complicidad. El SNTE nacional tiene la responsabilidad de conocer las denuncias, verificar su alcance y actuar con independencia frente a cualquier dirigente señalado. No hacerlo alimentaría la percepción de que existen privilegios para quienes controlan las estructuras sindicales y desprotección para quienes sostienen con su trabajo al sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública, por su parte, debe garantizar que la asignación de plazas se realice conforme a las normas aplicables, con transparencia y sin favoritismos. Las autoridades laborales deben investigar, emitir resoluciones fundadas y garantizar el debido proceso.
En este escenario, la renovación de la dirigencia de la Sección 31 no debería reducirse a una disputa entre grupos políticos ni a un simple relevo de nombres. La discusión de fondo es si los trabajadores tienen la posibilidad real de elegir, libremente y sin presiones, a quienes los representarán. Un proceso democrático, con voto personal, libre, directo y secreto, bajo las reglas aplicables, permitiría a las maestras y los maestros evaluar el desempeño de su dirigencia, expresar su inconformidad y decidir si desean continuidad o un cambio de rumbo. La legitimidad sindical no se hereda ni se impone: se construye con resultados, transparencia y confianza.
Por eso, una eventual reelección de Cutberto Chávez de la Rosa, sin antes esclarecer las denuncias y ofrecer respuestas verificables a los trabajadores afectados, profundizaría la crisis de credibilidad que enfrenta la representación sindical. Si el SNTE nacional optara por respaldar la continuidad sin garantizar que las acusaciones sean investigadas y que los agremiados puedan decidir sin coacciones, correría el riesgo de convertir a la Sección 31 en una estructura cerrada, sometida a intereses particulares y distante de las necesidades del magisterio. Un sindicato que no escucha a sus bases termina sirviendo a su dirigencia; uno que no rinde cuentas deja de representar y comienza a imponer.
La exigencia, entonces, no es una consigna contra una persona, sino una demanda de justicia, rendición de cuentas y democracia sindical. Los trabajadores tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus plazas, quién tomó las decisiones, con qué fundamento y qué harán las autoridades para reparar las afectaciones que lleguen a acreditarse. También tienen derecho a elegir a sus representantes sin temor a represalias. Si Cutberto Chávez de la Rosa cuenta con argumentos para defender su gestión, debe presentarlos ante sus agremiados; si existen responsabilidades, deberán determinarse conforme a derecho. La Sección 31 necesita recuperar la confianza del magisterio, y esa recuperación comienza por esclarecer las denuncias, proteger los derechos laborales y devolverles a los trabajadores la decisión sobre su futuro sindical.
Porque las plazas no son propiedad de los dirigentes, los derechos laborales no son concesiones y la democracia sindical no puede depender de la voluntad de quienes ocupan el poder. El SNTE tiene una decisión que enfrentar: demostrar que está del lado de sus agremiados o arriesgarse a quedar asociado con una dirigencia cuya permanencia está bajo cuestionamiento.
