La polémica estalló esta semana en Tlaxcala tras la decisión unánime del poder legislativo local de endurecer las sanciones contra los llamados “giros negros”. En una entidad que es tachada de “tierra de tratantes” me parecería que el aplauso sería generalizado pero no parece ser así.
Con penas de seis a 12 años de cárcel y multas millonarias, se busca clausurar definitivamente los establecimientos donde se ofrecen espectáculos con personas desnudas o semidesnudas con un mensaje explícito de carácter erótico o sexual, como los conocidos table dance.
La medida, impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ha desatado opiniones encontradas que reflejan, una vez más, la compleja idiosincrasia de una entidad que lucha por equilibrar tradición, moral y progreso en distintos ámbitos. Y aquí sí, los diputados votaron como todos esperaríamos, hay que decirlo.
Para algunos, como el ex Procurador General de Justicia del Estado, Antonio Aquiahuatl Sánchez, esta iniciativa es un paso crucial para erradicar males arraigados en Tlaxcala, muchos de ellos vinculados a estos negocios.
La gobernadora misma ha subrayado que tras la fachada de legalidad de estos lugares se esconden miles de víctimas de trata, prostitución y explotación, operados frecuentemente por redes de delincuencia organizada.
Según Cuéllar, no se trata solo de cerrar bares, sino de desmantelar estructuras que perpetúan el lavado de dinero, el tráfico de armas y la violencia sexual contra mujeres y niñas, quienes son cosificadas y despojadas de su dignidad en estos entornos. ¿Alguien duda de esto?
El discurso oficial es claro: el Estado tiene la obligación de frenar la proliferación de estos sitios para prevenir delitos como feminicidios, desapariciones y secuestros, que suelen multiplicarse en su periferia.
Estudios citados por la mandataria refuerzan esta postura, al señalar que en los “giros negros” se normaliza la visión de la mujer como un objeto de consumo, perpetuando una cultura de desigualdad y dependencia.
Sin embargo, no todos aplauden la medida. Periodistas de Escenario Tlaxcala han puesto el dedo en la llaga al destacar las voces disidentes que ven en esta prohibición un exceso de autoridad. Aunque estos que lo lamentan solo desnudan un “gusto culposo” que ha manchado la imagen de municipios como Tenancingo.
Otros más que se suman al lamento viene de los dueños y trabajadores de estos establecimientos que señalan la pérdida de empleos y acusan al gobierno de ignorar las consecuencias económicas. Obvio tienen un claro conflicto de intereses y ponen por encima de todos su derecho a lucrar o así se entiende.
Para ellos, la solución no está en clausuras tajantes, sino en una regulación más efectiva que combata los delitos sin satanizar toda una industria. El hecho es que el paso ya se dio.
Aunque la legislación administrativa ya prohibía estos negocios, la nueva reforma penal robustece el marco legal con sanciones drásticas y clausuras definitivas que, si no se pervierten, prestan a extorsión, o negocio de unos cuantos, debe ser reconocida y sobre todo respaldada por la sociedad tlaxcalteca.
